Contratar indefinidamente a un trabajador es algo que la Ley condena tácitamente, sin embargo un “convenio” que saco rédito económico para los gremialistas de la UOM con el “Zurdo” Martínez a la cabeza y los empresarios en desmedro de la mentada estabilidad laboral, se hizo entre gallo y media noche y se aplico a cara descubierta.

En un principio la UOM defendió a capa y espada ese “Convenio” por cada “Contrato basura” el gremio se quedaba con una buena porción, así se monto un gigantesco aparato político (Partido solidarios de los Trabajadores) y el titular del gremio se quedo con una banca en el Congreso de la Nación.

Hoy sobre las ruinas de los “Contrato basura”, la UOM toma distancia de aquel saqueo “sindico-empresarial”, incluso el propio gremio intentó por todos los medios, sin éxito,  frenar las demandas laborales. Hoy la Justicia promete poner las cosas en su lugar.

La medida la dictó el Juzgado Laboral de Río Grande en base a la demanda entablada por 70 trabajadores de la planta IFSA que fueron contratados sucesivamente desde el 2011 hasta su cierre el año pasado. Reclaman judicialmente un monto indemnizatorio por el cual la Justicia en forma preventiva trabó embargo a BGH por 23 millones de pesos, a fin de garantizar un eventual resarcimiento a los trabajadores.

La demanda de 70 trabajadores de los 120 que dejó en la calle el cierre de IFSA, tuvo una resolución desde el Juzgado Laboral de Río Grande, de trabar un embargo preventivo sobre los bienes de BGH.

“La causa tiene hoy una instancia de demanda y una ampliación con 70 personas demandando. Generalmente hay dos tipos de montos indemnizatorios reclamados, toda la antigüedad, diferencias salariales por convenio, pre avisos, certificaciones de ley y multas. Muchas de esas cuestiones deben ser probadas, pero otras ya se presume su abono”, comenzó explicó el abogado demandante, Neubauer.

“De esos montos que se presumen que ya están probados, que deben ser resguardados ante la eventualidad de una sentencia favorable, estos montos se embargan”, dijo, agregando sobre el embargo trabado, “es preventivo sobre los bienes inmuebles de la fábrica, y es de 23 millones de pesos”, acotó.

En el despido de los trabajadores de IFSA “no hubieron montos indemnizatorios, fueron los contratos a plazo fijo o denominado contratos basura, por lo que a la gente se la dejó cesante sin más”, dijo el letrado, quien recordó incluso que la propia UOM intentó interceder con los trabajadores para que no se efectuara la demanda.

Finalmente en cuanto a la pertinencia del reclamo contra BGH, “se analiza que BGH e IFSA tienen el mismo domicilio legal acá y en Buenos Aires, y que la misma gente trabajó para los dos empresas”, señaló el letrado patrocinante.