El viernes, el Concejo Deliberante realizó una nueva comisión de Información y Debate Ciudadano para abordar distintos asuntos de interés, entre ellos, el 1602/13 que pretende regular el precio de los alquileres en Ushuaia.

Con la presencia de integrantes de la Cámara de Inmobiliaria y de algunos inquilinos, se llevó adelante el encuentro en el que se generó un intenso debate.

El proyecto fue rechazado de manera contundente por la Cámara Inmobiliaria. Su vocero, Claudio Fernández, advirtió que debido a la cantidad de exigencias que intenta establecer, va a hacer que la oferta se retraiga.

Desde el sector de los propietarios sostuvieron que el Estado municipal no tiene potestad para fijar el precio de las inversiones que cada uno ha hecho a lo largo de su vida con muchísimo esfuerzo y menos aún cuando tienen todo en regla, adecuado a la normativa vigente. Cargaron contra el Municipio indicando que debería ocuparse de controlar solamente a los lugares que alquilan de manera informal y no cumplen con las normas.

El concejal de Ecos, Silvio Bocchicchio, autor del proyecto, aclaró que la moción no va en contra de los propietarios sino que busca equiparar el precio y la calidad del inmueble que se está ofreciendo para que los inquilinos no terminen pagando fortunas por espacios que podrían calificarse como “pocilgas”. Guillermo Torre, uno de los locatarios, dijo se preguntó “Si es una pocilga ¿dónde está el Municipio que habilitó eso?” y agregó que si él como locatario tiene todo como corresponde no se va a someter a lo que decidan los concejales para fijar un precio aunque sea un precio sugerido.

La moción busca crear un registro de inmuebles en alquiler excluyendo a las viviendas sociales que son subalquiladas ya que se sabe que hay adjudicatarios que alquilan las viviendas que les adjudicó el IPV (Instituto Provincial de Vivienda) incluso cuando ni siquiera han terminado de cancelar el valor del inmueble. En este aspecto, Bocchicchio consideró que lo correcto sería el IPV procediera a la desadjudicación. Además, pretende establecer que para que el Municipio habilite los inmuebles en alquiler los locatarios presenten una declaración jurada y que se constate in situ que la misma coincida con la realidad y fijar estándares mínimos de vivienda digna.

Durante el debate, un inquilino del barrio Solier, expuso los pesares que sufre alquilando en ese sector de la ciudad donde generalmente las construcciones son viejas. Expuso que paga expensas por un servicio que no se da; que comparte termotanque con dos viviendas y esto genera problemas de presión de agua y advirtió que cuando los inquilinos reclaman “no pasa nada” pero si se atrasan dos semanas en el pago del alquiler reciben cartas documento. Remarcó que estos inconvenientes los padece aún alquilando por inmobiliaria.

Claudio Fernández, representante de la Cámara Inmobiliaria subrayó que por un lado los propietarios ven que el Estado quiere meterse como intermediario en la determinación del precio y que por otro lado los inquilinos están preocupados porque el costo de las exigencias que se les imponen a los locatarios no se traslade al precio del alquiler.