Río Grande.- El martes pasado fue la primera reunión entre los jefes de Economía provinciales y el Ejecutivo, y durante el mismo comenzaron a prepara un anteproyecto para llevar al Congreso a mitad de año

Claro que la nueva ley de Coparticipación, impuestos por excelencia como el IVA y Ganancias, tabaco, bebidas alcohólicas, telefonía celular, entre otros, que se reparten entre la Nación y las provincias, traerá polémica, ya que la provincia de Buenos Aires y la Ciudad aumentarían sus ingresos, en especial la administración bonaerense.

Según informes del Cippec, la cifra a transferir este año será de $731.084 millones, un 29,2% más que en 2016.

En rigor, desde la administración de Mauricio Macri indicaron que “ya tienen prevista” la nueva distribución de recursos coparticipables y aseguraron que “ninguna provincia va recibir menos de lo que está recibiendo, como indica expresamente la Constitución, sino que ese dinero lo va aportar el Estado nacional”.

Respecto de la reforma tributaria, precisaron que la idea de los fiscalistas del Gobierno es ir hacia una eliminación “progresiva” del impuesto al cheque, creado en la turbulenta gestión económica de Domingo Cavallo, y revisar el impuesto a los ingresos brutos provinciales y tasas municipales porque, a criterio de los expertos se da así una “doble y hasta triple presión tributaria”.

Las principales espadas políticas y económicas del Gobierno reunieron el martes pasado en la Casa Rosada a 23 ministros de Economía provinciales y el de la ciudad de Buenos Aires, San Luis no ocupó el casillero 24, que habría convertido al encuentro con asistencia perfecta, y acordaron una reunión mensual en adelante para avanzar en esos dos temas, claves en el esquema de Cambiemos para reordenar las cuentas públicas.

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigero, es el elegido por Macri para anudar una nueva ley de Coparticipación Federal, algo que no pudo hacer ningún gobierno desde la presidencia de Carlos Menem, siendo acompañado por sus pares de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Finanzas, Luis Caputo.

En rigor, el ministro Dujovne dijo esta semana que la idea es apurar el plan de baja de impuestos y elevarla al Parlamento “a mitad de año”, con lo cual dejó en claro la premura que tiene el Gobierno en insertar la reforma dentro del esquema de reducción del déficit público y de atracción de inversiones en busca de mejorar la economía.

La idea originaria era tratar la Coparticipación y la reforma tributaria, pero ampliaron la agenda oficial a los problemas en la paritaria docente, el Gobierno nacional quiere que ese tema se resuelva en cada provincia y no desde la Casa Rosada, como se venía haciendo, y al proyecto oficial de régimen de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) –finalmente sancionado el martes en la Cámara de Diputados, apoyado por la mayoría de los gobernadores.

Pero la decisión de Frigerio y Dujovne es ir a fondo con ambos temas, centrales para el Gobierno, y, en ese camino, pergeñaron ya una reunión mensual con los ministros de Economía para confeccionar un primer borrador de anteproyecto de ley.

En esa línea, los funcionarios de las carteras económicas se llevaron a sus distritos el esquema que elaboró el Gobierno: dejar atrás los porcentajes fijos de coparticipación –la provincia Buenos Aires encabeza el ranking con casi 20 puntos, y pasar a una ecuación entre capacidad de recaudación –lo que puede cobrar de impuestos cada gobierno, y las necesidades de gastos, es decir salud, educación, seguridad, etc.

A criterio de los expertos del Gobierno, actualmente “hay provincias que reciben mucho más de lo que deberían recibir y provincias que reciben mucho menos de lo que reciben, e incluso distritos que recaudan por debajo de su potencial recaudatorio”.

Tal es el pensamiento de unos de diseñadores de las reformas, el secretario de Relación con Provincias, Paulino Caballero, para quien también la presión tributaría "es brutal, récord a nivel mundial".

“Básicamente esto es un laberinto y de un laberinto solo se sale por arriba, no hay otra manera”, afirma Caballero y dice que la dirección es ir “hacia una nueva ley de coparticipación y generar todos los consensos necesarios para que tenga éxito este acuerdo para que luego el Congreso lo ratifique a través de una ley”.

“¿Cuál va a ser el tiempo?, se pregunta el funcionario de Cambiemos que mejor conoce el tema, y al mismo tiempo responde: “No sabemos, lo que sí sabemos es que desde hace 30 años que estamos en esta discusión”.

Por eso, confiesa que “no sabemos si esto nos va llevar tres, cuatro o cinco años, es decir que si de acá a un horizonte de cinco años vamos a tener una ley de Coparticipación que sea un instrumento, una institución para un país federal”.

En verdad, Caballero sabe que no será fácil la tarea, dado que “son muchos años de centralización de recursos y sin descentralización de la toma de decisiones políticas; hoy todavía tenemos que seguir diciendo que no va a seguir funcionando la toma de decisiones desde el Gobierno central, o sea la tomas de decisiones tienen que venir de abajo para arriba”.

Finalmente señala que “nosotros no podemos decidir dónde se va hacer determinada obra pública cuando el responsable y el que vive ahí es el intendente y el gobernador, quienes son los que conocen más la realidad”, advierte.