Río Grande.- El sistema beneficiaba a las exportaciones con embarques en los puertos de San Antonio Oeste y Madryn con 8 por ciento de reembolso; Comodoro Rivadavia con 9; Puerto Deseado y San Julián con 11; Punta Quilla, Río Gallegos y Río Grande con 12 por ciento; y Ushuaia con 13.

Durante la semana pasada, la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de Argentina (CAPeCA), la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) y empresas independientes se sumaron al repudio de la decisión tomada por el gobierno de Mauricio Macri.

“Esta situación, no sólo acarreará serios problemas económicos a las empresas pesqueras que exportan históricamente sus productos a través de los puertos de la Patagonia, si no que generará grandes inconvenientes a la actividad diaria de dichos puertos, dado que las empresas se verán en la disyuntiva de derivar sus operaciones a otros puertos del país donde los costos son considerablemente menores a los costos de los puertos de la Patagonia Argentina”, marcaron desde la Cámaras.

Asimismo, señalaron que “el sistema de reembolsos apunta claramente a compensar  los mayores costos operativos que tienen todas las empresas pesqueras que exportan sus productos a través de los puertos patagónicos, en comparación con aquellas otras empresas pesqueras que operan y exportan los mismos productos a través de otros puertos del país”.

“El sistema de reembolsos a las exportaciones por puertos patagónicos es claramente un sistema que fomenta y ayuda al crecimiento de las economías regionales de la Patagonia”, agrega la solicitada y advierte que “la decisión inconsulta tomada desde la capital del país, generará desinversión en todas las provincias patagónicas”.

Por tanto, remarcaron que “esta medida del Poder Ejecutivo Nacional ha quitado competitividad al sector pesquero patagónico, todo lo contrario al anuncio y objetivo anunciado desde el gobierno nacional.

Finalmente, las cámaras y empresas del sector exigen a través del texto que “se deje sin efecto la aplicación del Decreto 1199/2016, por ser totalmente perjudicial para todas las empresas pesqueras que tiene sus operaciones en la Patagonia Argentina”.