El empresario Carlos Tomeo -acusado de lavado de dinero, evasión impositiva y otros presuntos delitos- fue funcionario de la provincia de Tierra del Fuego, según se desprende del texto de los decretos de nombramiento y baja del cargo.

Tomeo es el dueño de la tabacalera Espert SA y de emprendimientos inmobiliarios y hoteleros que fue denunciado por la diputada nacional Elisa Carrió, quien también lo vinculó con el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández.

La investigación que lleva adelante el juez federal de Quilmes, Luis Armella, lo relacionó con el exvicegobernador fueguino Daniel Gallo, cuya propiedad fue allanada hace dos semanas en la ciudad de Río Grande. Ahora se pudo determinar que el empresario y dueño de una mansión en el country “Abril” del municipio bonaerense de Berazategui también ocupó un cargo público en la Gobernación fueguina.

Tomeo fue designado “secretario unidad gobernador” a través del decreto 4.075 del 11 de noviembre de 2015, suscripto por el ex gobernador de extracción justicialista Hugo Cóccaro y por su entonces ministro coordinador de Gabinete, Enrique Vallejos.

El hombre en cuya vivienda hallaron cuatro millones de pesos en efectivo, relojes, joyas y hasta los papeles de una Ferrari F-430 valuada en 520.000 dólares, desempeñó la función hasta el 13 de julio de 2006, cuando fue dado de baja a través del decreto 2.827 firmado por las mismas autoridades, según verificóla agencia Télam.

La información sobre el nombramiento político de Tomeo ya está en poder de una de las abogadas que trabaja con la diputada Carrió, Mónica Frade, quien la aportó al juzgado de Armella. “En el caso se manejan varias líneas de investigación porque la causa se inició hace muy poco. Una tiene que ver con el narcotráfico, otra va al sur, a Tierra del Fuego”, le dijo Frade al diario Hoy de La Plata. También explicó que al haberse verificado que el empresario ocupó un cargo público, se “pidió que se lo investigue por presunto enriquecimiento ilícito”.

“Él decía no tener vínculos políticos, y no solo lo probamos sino que acreditamos que él fue funcionario público y que, como tal, se invierte la carga de la prueba en su enriquecimiento”, agregó la letrada.

Según refirió Télam, Tomeo estuvo vinculado a una concesionaria de autos de alta gama en la ciudad de Ushuaia: fue entre 1994 y 1995 y el negocio llamado “Deloqui Automotores” funcionó en la calle Deloqui 51. A raíz de esa actividad, fue imputado en una causa penal donde le adjudicaron el presunto delito de “estafa por retención indebida u omisión de restituir defraudatoria”, aunque finalmente fue absuelto en el proceso “por aplicación del beneficio de la duda”, según consignaron fuentes judiciales allegadas al caso.