La denuncias que maneja el abogado “Paco” Gimenez, le están trayendo más de un dolor de cabeza al Intendente Gustavo Melella . "Tenemos la evidencia de que apareció el verdadero dueño de la empresa Constructora Patagónica, vinculada al poder político y funcionarios de la Municipalidad de Río Grande -declaró el letrado en Radio Nacional-. La empresa explotó en ingresos durante la gestión de Melella. Durante años estuvo muerta, sin facturación, y de un día al otro empieza a realizar obras públicas con grandes maquinarias y obras".

"Teníamos la sospecha del jefe de gabinete que tiene relación con Menéndez, hermano de la secretaria privada de Melella que figura en el paquete accionario de la empresa -agregó-. Y pudimos identificar un poder que la empresa le dio a esta persona de apellido Guillén que es esposo de la secretaria privada. Es la típica maniobra, cuando en los papeles en la IGJ es uno pero en realidad el dueño es otro a través de un poder. De comprobarse la veracidad del documento que hizo público estaríamos frente al verdadero dueño de la empresa que a su vez sería esposo de la secretaria privada del intendente y ahí entendemos cómo es que la empresa creció tanto".

 
"De corroborarse todo esto, estamos hablando de defraudación a la administración pública, peculado, exacciones ilegales", aseguró.

"La secretaria privada tendría todas sus tarjetas de crédito debitadas de cuentas bancarias de la empresa. Esto sería exacciones ilegales, que es cuando un proveedor del Estado le otorga beneficios a un funcionario público. En principio hay una banda encargada de realizar obra pública con sobrefacturación y en algunos casos la obra pública no se realizó", denunció.

 
"Se que se están pidiendo desde la justicia la colaboración de organismos nacionales que investigan lavado de activos. Hay que investigar de dónde surgió el dinero de la empresa que creció de un día para otro", concluyó.

El allanamiento

Aún no hay información oficial sobre el resultado de los allanamientos que merecieron el reproche del Intendente Melella quien hablo “ de persecución judicial”.

Pero más allá de las especulaciones políticas, legalmente la Justicia dijo poco y nada sobre el resultado de la documentación secuestrada.

Recordemos que la orden fue firmada por el juez de instrucción subrogante Andrés Leonelli, enfrentado con el municipio por otro tema judicial.
La medida buscó el secuestro de todo expediente administrativo, registros contables, registros de movimientos bancarios, auditorías, documentación vinculada con la intervención del Tribunal de Cuentas Municipal en su función de órgano de control externo y toda documentación respaldatoria y/o complementaria relacionada con las razones sociales denominadas 'Lapabros Automotores S.A.', "Moliterno Emprendimientos Inmobiliarios S.A.' y/o 'Patagonia S.R.L.'".

También incluyó "registros informáticos, de la auditoría interna del municipio, tesorería y otras áreas en los que se pudiera hallar información relacionada con los hechos que se investigan, así como copias del sistema administrativo financiero en que pudieran existir datos de relevancia para esta investigación y todo otro elemento que coadyuve al esclarecimiento del hecho que se investiga".

Por lo pronto hoy la Justicia dispondrá de nueva documentación, en esta oportunidad, las que demostrarían un estrecho vinculo entre la empresa beneficiada y de quien decide el destino de los dineros público.