Sin repercusión mediática. La Justicia busca confirmar o desestimar una grave denuncia presentada en tribunales por el letrado “Paco” Giménez. La orden fue firmada por el juez de instrucción subrogante Andrés Leonelli.

La medida buscó el secuestro de todo expediente administrativo, registros contables, registros de movimientos bancarios, auditorías, documentación vinculada con la intervención del Tribunal de Cuentas Municipal en su función de órgano de control externo y toda documentación respaldatoria y/o complementaria relacionada con las razones sociales denominadas 'Lapabros Automotores S.A.', "Moliterno Emprendimientos Inmobiliarios S.A.' y/o 'Patagonia S.R.L.'".

 También incluyó "registros informáticos, de la auditoría interna del municipio, tesorería y ptras áreas  en los que se pudiera hallar información relacionada con los hechos que se investigan, así como copias del sistema administrativo financiero en que pudieran existir datos de relevancia para esta investigación y todo otro elemento que coadyuve al esclarecimiento del hecho que se investiga".

Recordemos que este diario digital había adelantado en su nota editorial bajo el titulo  “Las elecciones intermedias dibujan un nuevo escenario” la existencia de dos empresas constructoras ligadas a la Secretaria de Obras públicas que habían crecieron fuertemente al calor de las arcas municipales en los últimos cuatro años.

Por lo pronto no fue la oposición que hurgo en los registros de las obras publicas municipal, ni siquiera se hizo eco de las versiones que pululaban por doquier, fue un letrado de nuestro medio, se trata del doctor Francisco “Paco” Giménez  quien empezó a tirar de la punta de un novillo con final impredecible.

Para Giménez "desde hace tiempo estarían ganando los mismos las licitaciones" y mencionó el caso de empresas "que no tenían ningún tipo de antecedente" y  "parece ser que fueron creadas a propósito y empezaron a ganar gran parte de la obra pública".

“Pareciera ser que se está replicando un modelo nacional y que es una constante en la obra pública del país, donde empresas con vinculaciones con el poder político o armadas inmediatamente después de que alguien toma un cargo, empiezan a facturar y hacer obra” dijo el letrado que con su denuncia provocó el allanamiento.