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Tarifazo de gas:

Para el municipio "El aumento sigue siendo ilegal"

Ayer fue notificada la empresa Camuzzi, en su sede de Buenos Aires, del fallo de la jueza federal de Río Grande que ordena refacturar a los valores vigentes al 31 de marzo. “El vecino no tiene que pagar las tarifas con el aumento”, remarcó el secretario Runín, uno de los responsables de la medida cautelar que promovió el Municipio de Río Grande. Aún con el acuerdo de los gobernadores de un tope del 400% para la tarifa residencial y del 500% para los comercios, todavía no hay instrumento legal que lo avale. “Así el aumento haya sido de un peso o de dos, no se cumplieron las audiencias públicas”, subrayó el funcionario, sobre un paso que obligadamente deberá darse.

El secretario de Gestión y Participación Ciudadana, Dr. Federico Runín.

Río Grande.- El secretario de Gestión y Participación Ciudadana, Dr. Federico Runín, uno de los abogados que redactó el amparo colectivo presentado por el Municipio local, y que obtuvo sentencia favorable, aseguró a Radio Fueguina que los vecinos no deben pagar las tarifas con aumento.

Con la sentencia favorable de la jueza Lilian Herráez, se frenó el tarifazo de gas sólo en la ciudad de Río Grande, porque no accionaron los demás municipios ni el gobierno, y la empresa Camuzzi está obligada a refacturar a los valores anteriores al nuevo cuadro.

“Después de que se notificó al Municipio la suspensión de estos nuevos cuadros tarifarios, inmediatamente se presentaron los oficios de rigor, para poner en conocimiento de esto a todas las entidades accionadas en el marco del amparo colectivo”, señaló Runín.

Y confirmó que ayer se notificó a la empresa Camuzzi en la ciudad de Buenos Aires de la medida cautelar “que ordena la suspensión de las resoluciones de Energía y de ENARGAS. También se hizo saber que Camuzzi tiene que emitir la facturación con los valores anteriores a la entrada en vigencia de las nuevas tarifas. Esto se notificó en la sede de Alicia Moreau de Justo 240, y Camuzzi debe cumplir con la resolución judicial, que es refacturar con los valores anteriores a la vigencia de estas altas tarifas”, remarcó el funcionario.

“Esto significa que el vecino no tiene que pagar las tarifas con el aumento”, aseveró, previendo que “seguramente Camuzzi va a comenzar a refacturar y dispondrá los mecanismos que correspondan. En caso de que el vecino haya pagado el monto de los nuevos cuadros tarifarios, tendrá un crédito a favor por la diferencia”.

 

Topes ilegales

 

Consultado sobre el acuerdo en la reunión de gobernadores con los Ministros de Energía y del interior, que fijó topes a los aumentos, Runín señaló que “son dos cosas distintas: el objeto del amparo colectivo es la inconstitucionalidad de estos nuevos cuadros tarifarios y la justicia ordenó suspenderlos, porque era evidente que se omitieron los procedimientos constitucionales de participación ciudadana, previo al incremento, que son las audiencias públicas”.

La fijación de topes no resuelve el incumplimiento de este paso legal y obligatorio: “No se cumplió con este procedimiento y es algo evidente. Además fue totalmente desproporcionado el aumento, por la magnitud de los importes que fueron facturados a los vecinos. Esto surge de la prueba documental que presentó el Municipio, donde se hizo la comparación entre los dos últimos períodos y en algunos casos había incrementos del 2.290 por ciento”, manifestó.

Agregó que “lo que sabemos de los topes es lo que se habla por los medios. Se habla de resultados de gestiones, pero hasta el día de hoy no conocemos una resolución nueva o algo que haya reemplazado las tarifas”, sostuvo del tope del 400% para la tarifa residencial y del 500% para el comercio.

Defendió que, frente a este tarifazo, “el Municipio estaba en todo su derecho de accionar y, con el mejor tino, la justicia federal ordenó suspender el nuevo cuadro tarifario, por arbitrario e ilegítimo. Ahora Camuzzi y las demás partes accionadas contestarán en pleno ejercicio de su derecho de defensa, con las justificaciones de por qué no se hicieron las audiencias públicas y por qué hubo importes tan desproporcionados”.

“Nuestro reclamo colectivo fue acompañado por gran cantidad de la sociedad, de instituciones, en sintonía con todos los fallos que salieron de la Patagonia desde Río Negro al sur. Esto es un proceso y tiene sus instancias. Esta es la primera instancia, se corre traslado a la otra parte, que responderá, y habrá otra sentencia”, dijo, previendo una apelación de la empresa.

 

Audiencia ineludible

 

Para Runín, aunque haya apelaciones o topes, “los argumentos de la sentencia han sido claros y no queda lugar a dudas de que, así el aumento haya sido de un peso o de dos, no se cumplieron las audiencias públicas. Así lo han entendido las justicias federales de las demás provincias patagónicas”.

“Es un mecanismo constitucional y tiene que estar garantizada la participación ciudadana, para que pueda conocer el impacto según la categoría. Hay muchas cosas que tienen que ser expuestas, previo a la aplicación de nuevas tarifas”, subrayó.

 

Mejor, esperar

 

El secretario prefirió sugerir un compás de espera a los vecinos, aun con el anuncio de los topes, y no pagar aumentos hasta que haya una definición concreta. “El que pagó, seguramente tendrá un crédito a favor por la diferencia entre el nuevo cuadro y el anterior. Y Camuzzi tiene una orden judicial de refacturar, no solamente suspender el nuevo cuadro tarifario”, sentenció.

 


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