El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy con prisión preventiva al abogado Víctor Stinfale, al empresario Adrián Conci y al resto de los organizadores de la fiesta electrónica Time Warp, en la que murieron cinco jóvenes por el consumo de drogas sintéticas en el complejo Costa Salguero.

El magistrado dictó los procesamientos por los delitos de comercialización de estupefacientes agravado, abandono de personas seguido de muerte y abandono de personas seguido de grave daño a la salud.

También fueron procesados Maximiliano Ávila, apoderado de Dell Producciones; Carlos Garat, responsable del plan de evacuación del lugar; Carlos Nicodema Penise, conocido como "El Chino" y a cargo de los ingresos de la fiesta; y el asesor artístico Martín Gontad, que participó de la fiesta.

Todos los procesamientos fueron dictados con prisión preventiva, excepto el de Gontad que seguirá en libertad y deberá presentarse cada 15 días en el juzgado y no podrá ausentarse más de 24 horas de su domicilio.

Stinfale –quien hoy amplió su indagatoria– y Garat están en prisión domiciliaria y Conci y Ávila detenidos en un penal, pero este último podrá recuperar su libertad si paga una caución personal de 1.500.000 pesos. En tanto, Casanello ordenó la "inmediata" detención de Ávila y Nicodema Penise.

Cada uno de los procesados sufrió un embargo sobre sus bienes de 50 millones de pesos. El magistrado también dispuso embargos preventivos por 50 millones de pesos sobre las empresas "Dell Producciones", "Energy Group", de Stinfale, "Multiticket" y "Prestaciones Niamey SA".

El hecho ocurrió la noche del 15 de abril pasado cuando cinco jóvenes fallecieron por el consumo de drogas sintéticas que se vendían en la fiesta.

En la investigación se determinó que dentro del lugar se vendía "keta(mina), LSD, éxtasis, cocaína y Superman" –según la declaración de testigos–, hubo exceso de gente (había 20.513 cuando estaba habilitado para 10 mil), corte del suministro de agua y mala atención médica.

Junto con los organizadores también están imputados agentes de Prefectura Naval que estaban a cargo de la custodia del lugar e inspectores del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires que habilitaron el lugar, quienes están en etapa de indagatoria.

"Todos ellos contribuyeron a la creación de un hecho que terminó con la muerte de cinco personas. Realizaron un aporte necesario: la tolerancia intencional (o la indiferencia voluntaria) revelada por la inacción. O sea, un caso típico en el que no hacer lo debido se convierte en una acción", sostuvo el fiscal federal Federico Delgado a mediados de mayo cuando pidió los procesamientos de los organizadores.