Río Grande.- La ex gobernadora Fabiana Ríos acusó a Rosana Bertone de “apropiarse” de los proyectos de obra que gestionó. También, de atentar contra la libertad sindical por bajar el registro de gremios y querer “disciplinar” a los que quedan. Se manifestó “azorada” por el silencio de los sindicatos y además criticó el despido de talleristas y la “discriminación política” contra los militantes del PSP. Sostuvo que se “desreguló” la pauta oficial y cuestionó a los periodistas para quienes “las cosas están perfectas”. No dejó afuera a la Legislatura, por “aprobar leyes a la madrugada” y derogar la ley 676, que nunca cumplió.

Tras ser denunciada ante el Tribunal de Cuentas, con un pedido de juicio de residencia, por el dispendio de más de 500 millones anuales en licencias gremiales, apeló primero a las redes sociales y luego efectuó una extensa entrevista por FM Del Sur, denostando las medidas de la gestión actual.

“Cerraron talleres, echaron laburantes, anularon la regulación de pauta, borraron portal transparente, derogaron libertad sindical”, enumeró Ríos en su cuenta oficial de Twitter, antes de ampliar sus declaraciones por radio, en las que acusó a Bertone de apropiarse de gestiones que ella realizó, deslizó complicidad de la prensa en función del pago de publicidad oficial, criticó a los gremios y la Legislatura por “modificar leyes en la madrugada”.

Obras “robadas”

En principio, Ríos aseguró que Bertone anunció obras como propias, cuando se realizaron en su gestión. “Me llamó la atención y es muy fácil determinar si esas obras se hicieron o son un invento”, dijo, recordando que el ex titular del IPV “dejó el detalle de las obras licitadas”.

“El penúltimo día de gestión entregamos viviendas y en enero la gobernadora Bertone también entregó viviendas. Estaba claro que fue la continuidad de una obra, porque no se hacen viviendas en treinta días”, planteó y afirmó que “muchas de las enumeradas como cosas que se están gestionando, es infraestructura que está en construcción”.

Detalló varias obras e incluyó los 500 millones del Fondo Fiduciario “que anunció Worman”, como presidente de la DPOSS. “Son fondos gestionados durante nuestro gobierno y proyectos que nosotros contratamos”, sostuvo.

“Me alegra mucho que se dé continuidad a las cosas que se hicieron, pero no se pueden apropiar de lo que no hicieron”, reprochó.

Despidos y prensa complaciente

Ríos justificó su silencio hasta ahora porque “a lo largo de toda la transición, la señora gobernadora electa se portó como una verdadera dirigente conmigo y yo respondí recíprocamente, tratando de no poner discusiones de taller o de peluquería, que no aportan nada a la discusión sustancial”.

Pero marcó un punto de quiebre cuando “denuncian que cierran los talleres porque los talleristas son ñoquis; desrregulan la pauta oficial y de golpe, para muchos periodistas, las cosas están perfectas y nunca echaron a gente”, disparó contra una prensa a su criterio complaciente.

Agregó que en la gestión Bertone “echaron a una embarazada en uso de licencia por maternidad; echaron a una compañera trans por el solo hecho de ser trans, después le dijeron que se habían equivocado pero esa equivocación no la subsanaron”.

Y cuestionó a la Legislatura porque “modifican leyes a la madrugada; y le sacan la obra social a los laburantes”.

“No es con menos democracia que se resuelven las cosas”, sentenció Ríos, y aseveró que “ahora la gobernadora no va a tener deuda por la ley 676 porque la derogaron el 8 de enero”, haciendo mención a la ley que determina el pago de la deuda histórica con el IPAUSS, que nunca cumplió.

“Del 17 de diciembre a la fecha han sucedido un montón de cosas”, alertó la ex mandataria.

Se le consultó, respecto de los talleristas, si no reconoce que se pagaron mal las horas cátedra y hubo irregularidades. “Lo único que falta es que yo sea responsable de la decisión política que tomó la gobernadora”, replicó Ríos, y afirmó que “los talleres existían antes de que asumiera. No sólo no eché talleristas, sino que ampliamos la oferta de talleres. Por supuesto no nos pusimos de acuerdo en el modo en que se establecía la regularidad de las horas y pudo haber irregularidades, que son mínimas”, dijo.

Indicó que “no es ilegal que un POMY trabaje de portero de lunes a viernes y tenga horas cátedra para dar talleres los sábados a la tarde”, haciendo pública una de las situaciones observadas.

“El gobierno puede decidir no hacerlo pero no puede decir que constituye una irregularidad y deje afuera a talleristas”, sostuvo.

Sin libertad sindical

Ríos además cargó contra la baja del registro de entidades sindicales y la falta de reacción de los gremios. “Me deja azorada el silencio de las organizaciones sindicales, porque el registro se hace a raíz de un fallo de la Corte. La Corte dicta un fallo donde le indica a las provincias y al gobierno nacional que tienen la obligación de facilitar el derecho de los trabajadores a agruparse. Hay fallos por denuncias realizadas con posterioridad a la existencia del registro que han quedado firmes y hablan de la constitucionalidad”, manifestó.

“Hoy hablan del festival (de gremios). Pueden decir que la libertad es un problema, pero no pueden decir que ser libre sea ilegal”, expuso, y admitió que “obviamente está denunciado en el juicio de residencia”, donde se la acusa de pagar ilegalmente montos multimillonarios en licencias gremiales.

Asimismo, dijo tener conocimiento de la presentación de otros pedidos de juicio de residencia, por la deuda que dejó en el IPAUSS. “Creo que por lo menos hay dos, no estoy notificada formalmente de ninguno de los juicios, salvo por los medios, y estoy a la espera de la posibilidad del derecho a defensa”, expresó.

El “disciplinamiento” de Bertone

No obstante, consideró que esta decisión respecto de los gremios no fue a título personal, sino una forma de “disciplinarlos”, teniendo en cuenta un conflicto que se prolonga por más de 50 días.

“Me parece que no es conmigo. Hay una lógica de interpretación del problema con la dirigencia gremial, y dicen que el problema es que hay muchos gremios. Es lo que creo que piensa el gobierno: que como no pueden resolver el problema hace más de 50 días, declaran ilegales a los gremios para que queden solamente los legales, según su lectura”, dijo.

“Respecto de esos gremios legales van a ver cómo llevan adelante otras formas de disciplinamiento o ejemplificadoras. Esto es lo que yo creo”, remarcó.

Sin diálogo y con “discriminación”

Se le preguntó si habló con Bertone en estos meses. “Desde el 17 de diciembre nunca más la vi ni hablé con ella –respondió-. Le he escrito pero no me contesta. En enero le mandé un mensaje por los despidos de los trabajadores, le expliqué mi criterio, y no tuve ninguna respuesta”.

Ante la consulta de si realmente eran militantes del PSP los despedidos, y fueron nombrados en el último tramo de su gobierno, manifestó que “despidieron a más de cien personas. Probablemente alguno sea, pero muchos no eran del PSP, que además no tiene muchos afiliados. Muchos afiliados del PSP están sin trabajo, otros trabajan con el concejal Bocchicchio, otros están buscando trabajo y otros trabajan en el privado. La afiliación política no fue un elemento para hacerlos entrar en el Estado y no creo que deba ser al momento de sacarlos. Eso en mi país se llama discriminación política”, concluyó Ríos.

Publicado en Provincia 23.