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Federación de Inquilinos expuso crítica situación

El presidente de la Federación Nacional de Inquilinos, Gervasio Muñoz, analizó la situación de la provincia en materia habitacional y afirmó que “sobran viviendas”, teniendo en cuenta los datos del censo y el promedio nacional. El problema es que, quienes tienen un inmueble o más que no utilizan, lo destinan al alquiler para el turismo porque les reporta una renta cinco veces superior al alquiler para vivienda permanente. Hace casi un año se contactó con el gobernador y elevó propuestas para poner límites, porque actualmente “hay un descontrol, se alquila sin habilitación, sin medidas de seguridad, y con las viviendas que hay se tiene que resolver la crisis habitacional”, sentenció. Además observó que es un fenómeno que se está observando en distintas ciudades turísticas del país donde “están teniendo una crisis habitacional sin precedentes”.

“La crisis terrible que está viviendo la provincia no es por falta de viviendas, sino porque las destinan al turismo”, aseguró Gervasio Muñoz, presidente de la Federación Nacional de Inquilinos.

Río Grande.- El presidente de la Federación Nacional de Inquilinos, Gervasio Muñoz, dialogó con Radio Nacional Ushuaia sobre la situación general del país y de Tierra del Fuego en particular, y cuestionó el estancamiento en el Congreso de la reforma a la ley de alquileres que hace años viene perjudicando al sector. Además, expuso el problema que aqueja a la provincia e impide a los vecinos acceder a una vivienda e incluso a profesionales poder radicarse.

Respecto de la ley de alquileres, dijo que “la discusión está saldada en el Congreso porque el año pasado se discutió en comisión, participó todo el mercado inmobiliario, las organizaciones de inquilinos del país y finalmente hubo un dictamen de Juntos por el Cambio, que plantea volver a los contratos de dos años y que el mercado decida las actualizaciones de los precios. Podrían ser trimestrales, anuales o como quiera el mercado. Por otro lado, hay un dictamen del Frente de Todos que propone mantener la ley actual y profundizar regulaciones, como que sea obligatorio el pago bancarizado de los alquileres en todo el país, que se prohíba la oferta de alquileres en dólares, pero a grandes rasgos mantiene la ley actual. Esto significa contratos de tres años con una actualización basada en el promedio de la indexación del salario”.

“Cuando Juntos por el Cambio presentó su dictamen no tuvo los votos suficientes para la modificación, porque sectores aliados a ese espacio se dieron cuenta de que el proyecto empeoraría la situación de los inquilinos, porque es un proyecto de mercado. Algunos sectores se abrieron de la discusión y se terminó el debate en el Congreso”, señaló.

Para Muñoz la solución va más allá de una reforma y pasa por hacer cumplir las normas. “Creo que la discusión más importante es qué rol tiene el Estado en el control y el cumplimiento de los derechos que protegen a los inquilinos. Nadie quiere dar la discusión, solamente las organizaciones de inquilinos, pero hay una ley y hay un Estado que es incapaz o no tiene voluntad de hacer cumplirla. Esa ley obliga a cualquier Estado a enfrentarse al mercado inmobiliario si la hace cumplir. Las organizaciones de inquilinos planteamos qué Estado o gobierno va a tener el coraje de enfrentar el mercado inmobiliario para defender los derechos de acceso a la vivienda en alquiler”, subrayó.

 

Renovación imposible

 

Para la renovación de contratos en febrero se prevé un incremento del 85%. “Es un aumento muy fuerte porque muy pocos tienen aumentos anuales y muy pocos llegan al 85%. Lo que se está viendo en el país es que en general los aumentos son semestrales todavía, porque se firman contratos por un año o por seis meses, pero casi todas las inmobiliarias están pidiendo aumentos por encima del 85%. Para ellos, como la inflación fue del 100%, no sería un aumento sino una reducción del 15%, que es la diferencia con el 85% que piden. Es cierto que hay una pérdida para el mercado inmobiliario al tener un año congelado el precio cuando la inflación ya se mide semanalmente”, concedió, lo que no significa que se pueda afrontar tamaño aumento.

“La ley es importante porque pone un límite a lo que podría pedir el mercado inmobiliario en épocas de inflación del 100%, pero no se cumple. Hoy tenemos los salarios más bajos de la región en dólares, y en 2015 eran los más altos. Con la inflación que tenemos es muy difícil afrontar cualquier aumento”, expresó.

 

Más de cien mil por un monoambiente

 

Yendo a la situación en la provincia y en particular en Ushuaia, ya el año pasado se hablaba de un costo superior a los 100 mil pesos para alquilar un monoambiente. “Realmente no hay datos oficiales de precios de alquileres porque nadie los mide, pero los precios en Tierra del Fuego están empujados por el alquiler turístico y la renta en dólares. Son precios muy altos y, luego del resultado parcial del censo, hay algunos datos de población y vivienda que explican bastante bien por qué la situación en Tierra del Fuego es tan grave”, afirmó.

“La población hoy está en los 190 mil habitantes y quiere decir que desde 2001 a la fecha, creció un 90%, o sea que casi se duplicó. Por un lado hay un crecimiento muy fuerte de población y no fue planificado el desarrollo urbano y de vivienda. Dejaron que la población creciera de esa forma sin planificar cómo la gente iba a vivir en Tierra del Fuego. Se empezó a construir y es una de las provincias que más construyó, en términos porcentuales, porque en 12 años tiene un 55% de crecimiento de viviendas”, dijo.

 

Sobran viviendas

 

Remarcó que la crisis no tiene origen en la falta de viviendas sino en el negocio que han visto los propietarios con la explosión del turismo. “El promedio de la conformación de un hogar en la Argentina es de tres personas. Por supuesto es un promedio, porque en alguna vivienda hay una persona sola y en otra viven cuatro o más, pero el promedio son tres. En Tierra del Fuego hay una vivienda cada 2.8 personas. Esto quiere decir que la crisis terrible que está viviendo la provincia no es porque faltan viviendas, sino que las que hay están destinadas al turismo y la gente no tiene dónde alquilar. Para cada hogar, hay una vivienda en Tierra del Fuego y sobran. Se podría decir que sobran 0,2 viviendas por habitante porque se construyó mucho. Hay 67 mil viviendas para 190 mil personas en la provincia. Esta es parte de la discusión que queremos dar desde las organizaciones de inquilinos y se lo hemos planteado al gobernador Melella”, indicó.

“Por supuesto el desarrollo turístico necesita de viviendas para dar alojamiento, pero hay una decisión del gobierno de Tierra del Fuego y de todos los gobiernos en épocas de crisis, de fomentar el turismo y darle respuesta al turista, pero esperar para dar respuesta al acceso a la vivienda a la gente que vive en las ciudades turísticas. Pasa algo parecido en Bariloche, en San Martín de los Andes, en Villa La Angostura. No hay policías, no hay docentes o no hay médicos porque no tienen dónde alquilar y todo se alquila para el turismo”, advirtió.

 

Propuestas sin eco

 

Desde la Federación hubo contacto con el gobernador pero no dio respuesta. “Hay un planteo muy importante para realizar sobre cómo se regula el turismo sin afectar la situación económica, pero sin afectar el acceso a la vivienda para la gente tampoco. El gobernador dijo que iba a estudiar el tema, pidió que le mandemos propuestas de lo que podría hacerse en la provincia. Cuando abrió el período de sesiones el año pasado habló de una situación muy grave con los alquileres, dijo que había acompañado a unos amigos a alquilar y en ese momento nos contactamos con él. Nos pusimos a disposición para brindarle los datos que venimos desarrollando desde hace mucho tiempo, y ahora se sumaron los datos del censo. Ahí nos pidió las propuestas y no inventamos nada, porque se debe limitar el alquiler turístico por zona y por tiempo. Por ejemplo, que una persona que tiene una vivienda no la pueda poner para alquiler turístico los 365 días del año, porque no queda disponible para vivienda permanente. Planteamos que haya límites por zona, es decir que no se pueda alquilar al turismo en cualquier parte de Ushuaia, sino que sean zonas exclusivamente turísticas, y que el resto sea para vivienda permanente”, dijo.

“Cuando le mandamos las propuestas al gobernador, no hubo más contacto. Muchas ciudades turísticas, sobre todo en la post pandemia, empezaron a tener problemas muy graves con el alquiler turístico y ya ni siquiera se lo puede llamar así, porque son alquileres en dólares. La persona que le sobra una vivienda, dos o diez, hace una cuenta bastante sencilla entre alquilar a una familia por 50 ó 100 mil pesos por mes; o alquilar en dólares donde ganan 5 veces más. Por supuesto todo se destina al alquiler en dólares para el turismo”, cuestionó.

 

Descontrol total

 

Si bien mencionó que hay ciudades turísticas que “empezaron a poner límites a esta renta, en Ushuaia no hay que cumplir casi ningún requisito para alquilar al turismo. Una de las cosas que planteamos también fue endurecer los requisitos para alquiler turístico, como lo hizo ahora Santa Cruz. En Ushuaia no hay ningún tipo de control y cualquiera puede poner una casa en alquiler para turismo. Teniendo en cuenta que la renta es tan grande, se deben endurecer los requisitos. Hay sectores que quieren ganar muchísimo dinero a costa de la provincia, porque esto afecta a todos, y tiene que ser más restrictivo, más oneroso para el que pone en alquiler, y que esa recaudación se pueda destinar a planes de viviendas. Además debe existir un límite en el tiempo. Sabemos que el fuerte de la temporada de Ushuaia es enero y julio, por lo tanto la persona que tiene una vivienda en plena zona turística puede alquilar esos dos meses al turismo y el resto tiene que ser para vivienda permanente. Hay que agregar más limitaciones para los que están más alejados de la zona turística, para que solamente puedan alquilar al turismo 15 días. En realidad tendrían que respetar los tres años de contrato de alquiler como marca la ley, porque si no, no hay forma de solucionar la crisis habitacional”, sentenció.

 

Perjuicio para los desarrolladores

 

Asimismo, diferenció a los que invierten en desarrollos y planteó el perjuicio de este descontrol. “Si una persona construye cabañas para turismo es una cosa, lo mismo el que construye hoteles. El que quiere hacer turismo puede ir a los hoteles y cabañas; pero el que tiene una vivienda de más que siempre se alquiló para vivienda permanente y de pronto ve este negocio, sin habilitación, sin medidas de seguridad, que pague los impuestos que paga un hotel. Hoy estamos en un descontrol absoluto y hay que limitar esto. No se van a construir 50 mil viviendas en seis meses para que se pueda hacer turismo y además se pueda vivir en Tierra del Fuego. Con las viviendas que hay, se tiene que resolver la crisis habitacional, y para eso hay que limitar el alquiler al turismo”, insistió.

“Si se ponen estas limitaciones seguramente se va a desarrollar el negocio de la hotelería. Hay que animarse a esto, porque lo mismo está sucediendo en la Patagonia, en el norte de la Argentina, en Córdoba, en Corrientes. Hay provincias muy turísticas que están teniendo una crisis habitacional sin precedentes”, aseveró.

“Tenemos que ver lo que sucedió en Barcelona, en Roma, en París, donde ya no hay gente viviendo de forma permanente. Todo es para el turismo, todo es alquiler temporario y los alquileres son impagables para los trabajadores. Acá va a terminar sucediendo eso. Además en Latinoamérica, Argentina es el segundo país más caro para alquilar vivienda con relación al salario. En Ushuaia un monoambiente está a 100 mil pesos, en Vaca Muerta puede estar a 150 mil porque alquilan a trabajadores del petróleo que tienen sueldos muy altos. Hoy en promedio, la mitad de los ingresos totales del hogar se destinan al alquiler”, concluyó.

 

 

 


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