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Columna de Opinión

Una deuda malvinera que ya lleva de 12 años

Por Luciano R. Moreno Calderón (*)

Una deuda malvinera que ya lleva de 12 años.

El 26 de agosto de 2022, se cumplieron 12 años del pernicioso reposo mortuorio a la que fue condenada una ley muy importante para la malvinización, como lo es la Ley Provincial fueguina Nº 817/2010* que busca –hace 12 años infructuosamente- crear una Comisión para lograr “el diseño, la incorporación, seguimiento y actualización de los contenidos curriculares referidos” a la Cuestión Malvinas “en todos los niveles y modalidades del sistema educativo”, “así como también el desarrollo de material para difusión e inclusión de estos contenidos”. Publicada en el Boletín Oficial del 22 de septiembre de aquel año, hoy tristemente es solo letra muerta, a pesar de los constantes pedidos que realicé para que se aplique esta trascendental norma malvinizadora. Y esta nota estará destinada a informar sobre todos los intentos de lograr que la Cuestión y la Causa Malvinas se instalen como política de Estado en la educación fueguina

Ante esta situación de nefasto desinterés por la aplicación de la citada norma, expuesta reiteradamente a todos los gobiernos provinciales desde 2014 a la fecha, incluso por medio de proyectos, el 30 de octubre de 2020, el bloque del Partido Verde que preside la legisladora provincial fueguina Laura Colazo*, -a solicitud de quien escribe*, presidente y fundador de la Unión Malvinizadora Argentina-, presentó al Ejecutivo Provincial de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur (TDF, AeiAs), encabezado por el profesor Gustavo Melella, un pedido de informe* acerca del estado en que se encuentra la aplicación de la Ley Provincial fueguina Nº 817/2010.

El pedido, que se efectivizó el día lunes de aquel 2020, buscaba igualmente solicitar que en la aplicación de dicha norma se incorporen contenidos vinculados con la protección y educación de la biodiversidad, el medioambiente y la soberanía, en los términos del proyecto presentado en 2015 por el hijo de veterano Rodrigo Palacios, co-fundador de la Unión Malvinizadora. Un proyecto que, es importante aclarar, se ponía en consonancia con lo que el proyecto Pampa Azul planteaba, y que en 2014 había sido declarado de interés por la propia Legislatura fueguina.

Esta ley N° 817/2010* jamás aplicada, que buscaba cumplir con la Ley de Educación Nacional (Nº 26.206 art.92 inc “b”), tal cual se expone el proyecto original presentado por la Red de Compromiso Social por Malvinas, puede a mi entender hacer una gran diferencia a la hora de gestar una malvinización sostenida, seria y útil, que sirva para capacitar a nuestros jóvenes de manera temprana y continuada a lo largo de su vida educativa, ya que ellos son el relevo de esta lucha centenaria por la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre el territorio criminalmente usurpado por el Reino Unido, y hoy tristemente ocupado por la población que ellos implantaron para tratar de consumar un robo que tenemos que bregar por todos los medios pacíficos posibles no ocurra. Y ante esto, es imperativo entender la educación como una forma de lograr nuestro objetivo nacional de recuperación, explicando la legitimidad del reclamo argentino y la importancia de los territorios que hoy la potencia criminal impunemente saquea, a todas nuestras presentes y futuras generaciones.

La creación de un cuerpo de trabajo de especialistas ad-honorem -como el pedido por la ley fueguina 817/2010- abocados a la incorporación de contenidos como los descriptos, también se vincula con el rol preponderante que debe comenzar a tomar nuestra provincia, en ayudar a dimensionar al pueblo argentino, latinoamericano y de todo el mundo, acerca de las connotaciones del colonialismo a nivel económico, alimenticio, medioambiental y, sobre todo, como crimen para el derecho internacional, según la Resolución Nº 2621/70* de la Asamblea Gral. de las Naciones Unidas. Un crimen que afecta directamente a nuestro país y específicamente a nuestra provincia, que ve cómo el Reino Unido impunemente incumple con total mala fe y desparpajo imperial la Resolución Nº 2065/65* y las sucesivas que en igual sentido fueron dictadas por el mismo órgano internacional, y que, es importante recordarlo, luego del conflicto bélico de 1982, es un mandato que sigue vigente en los mismos términos, tal cual lo expone la resolución 37/9 del 9 de noviembre de 1982*”.

 

En conclusión:

 

Al día de hoy, 23 de octubre de 2022, habiendo pasado ya dos años del primer pedido de informe realizado al Ejecutivo fueguino* encabezado por el gobernador Gustavo Melella*,  y habiendo pedido al actual presidente de la Comisión de Educación* de la Legislatura fueguina Emanuel Trentino*, y al presidente de la Comisión de Asuntos relativos a Malvinas, Antártida y Atlántico Sur*, Federico Sciurano* que se haga todo lo necesario para aplicar la ley 817/2010* y que se cree una materia, como la que venimos pidiendo desde 2015 a la fecha, no existe respuesta ni aparente interés en generar este avance cuantitativo en la divulgación, aprendizaje y comprensión de toda la información que debieran poseer todos los alumnos fueguinos y argentinos para poder defender argumentalmente la soberanía argentina, que jamás se perdió.

Lo que veo con alegría, es el avance en lo que refiere a educación sobre la Cuestión Malvinas que se está generando desde la Provincia de Río Negro, que sancionó la Ley N° 5433/2020* que “incorpora en el diseño curricular educativo de todos los niveles educativos y como eje transversal, la causa de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, de acuerdo con lo prescripto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, reafirmando la Soberanía Plena de la Nación Argentina sobre ellas”. Una ley que, en la última sesión del Parlamento Patagónico realizada en Bariloche, Río Negro, los veteranos de aquella provincia, solicitaron sea replicada en todas las provincias, y que espero que este pedido, sirva para dinamizar en hechos, el compromiso con lo que suelen postular y publicitar nuestros representantes.

Por último, lo que me inquieta y entristece, es que nuestra provincia -que es la que tiene usurpada más directamente su territorio- teniendo una ley en parecido o igual sentido desde hace 12 años, jamás la aplicó o perfeccionó. Los malvineros fueguinos pasamos más de una década viendo cómo todos los gobiernos, y la gran mayoría de la clase política fueguina, empapela sus redes y discursos con su compromiso con la Causa y la Cuestión Malvinas, pero observando como contracara, en los hechos, que teniendo el poder, no hace lo necesario para cumplir con lo que exhiben, pareciendo que importa más aparentar que gestionar, en un tema tan claro y genuino, como lo es una causa nacional centenaria, por la que no hace mucho, murieron combatiendo 632 héroes de la patria.   

 

(*) Luciano R. Moreno Calderón es referente y fundador de la Unión Malvinizadora Argentina (UMA).

 


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