Loa antecedentes dicen que el denunciado vivió un verdadero calvario judicial que permitió que durante siete años este separado de su hija, luego de ser denunciado por la madre de la menor de profesión psicóloga infantil que abría armado la base de la denuncia.

El hecho ocurrió en Ushuaia y el hombre incluso debió afrontar un proceso judicial por abuso sexual de su hija. Esto no sólo lo mantuvo separado de la menor, sino que debió atravesar un duro entramado judicial, con serias irregularidades en el papel que desempeñaron las peritos. Así lo dice la sentencia que finalmente declaró su inocencia. Durante siete años una niña fue separada de su padre mediante el ardid de una denuncia falaz contra éste último, con la gravedad que se le imputó el presunto delito de abuso sexual simple, lo que dio lugar a una causa penal en la cual en dos oportunidades se declaró la falta de mérito y en una tercera oportunidad fue sobreseído.

Ahora el abogado Ignacio Jorda y su pareja piden la nulidad del juicio oral donde el padre de la menor fue absuelto ya que ¨Uno de los jueces Rodolfo Bembhy Videla era mi cuñado¨, dice el escrito presentado por el abogado Jorda. 

El pedido se produjo luego de que el Tribunal de Juicio en lo Criminal de la ciudad de Ushuaia absolvió de culpa y cargo a un hombre acusado del abuso sexual de su hija menor de edad, el pasado 17 de mayo. En ese proceso intervino como parte querellante la madre de la niña  y su abogado y actual pareja, Ignacio Jordá. El cual asegura que después del juicio se enteró de que el juez y presidente de la audiencia, Rodolfo Bembihy Videla, “es mi cuñado, porque tiene una relación de pareja con mi hermana, Ximena Jordá” dijo.

Según Jordá, él no sabía de esa relación porque se encuentra “enemistado” con su hermana y no se habla con ella, a partir de las diferencias que mantienen por el juicio de sucesión de su padre, el escribano de Ushuaia Ignacio Vicente Jordá, fallecido en 2011. 

“Me enteré de la relación del juez con mi hermana luego del juicio. No lo sabía y por eso no hice ningún planteo en el momento, pero el juez sí debió saberlo porque mi apellido es el mismo que el de su pareja y además yo soy un abogado muy conocido en Ushuaia”, argumentó Jordá. Por este motivo, en el recurso de casación contra la sentencia dictada en el juicio, Jordá le pidió al Superior Tribunal de Justicia que anule el juicio y “desarrolle otro nuevo”. 

En esa línea, acusó a Bembihy Videla de no haberse inhibido de actuar, “en violación del artículo 45 del Código Procesal Penal”. Esa norma establece como una de las razones de inhibición de un juez, la intervención en la causa “de algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”. 

Si bien el juez Bembihy Videla, optó por no hacer declaraciones sobre esta situación, desde el Poder Judicial aclararon que “no es verdad que Jordá no supiera de la relación del magistrado antes del juicio” y que “en todo caso deberían haberlo planteado durante el proceso, y no lo hicieron”. 

Los voceros judiciales entendieron, de todos modos, que ningún artículo del Código Procesal Penal obligaba al magistrado a excusarse, ya que “la causal de excusación se refiere a cuando existe un parentesco con el imputado, no con la querella y menos con su abogado”.

Desde la Justicia entienden que este “planteo extemporáneo” obedece a que la querella “omitió impulsar el requerimiento de elevación a juicio y por lo tanto no pudo hacer planteos ni alegar en el juicio”. 

De todas maneras, el recurso de casación de Jordá fue presentado el pasado 13 de junio y será ahora la máxima instancia judicial la encargada de analizar si existió o no la irregularidad que se denuncia. 

Por otra parte, el mismo juicio tiene otro lado novedoso, ya que el abogado de Ushuaia Rodrigo Guidi presentó otro recurso de casación distinto, en este caso representando directamente a la menor de edad y supuesta víctima del abuso. 

Según Guidi, existe una “laguna axiológica” porque el Código Procesal solo permite recurrir el fallo a la parte querellante (además de la fiscalía y la defensa) pero no a la víctima de un delito “per se”. Y para el abogado, esa laguna debe ser solucionada “con una interpretación constitucional integral en derechos humanos y con perspectiva de infancia y con perspectiva de género, aceptando y admitiendo la legitimación para recurrir una sentencia que afrenta mi interés superior al haber carecido de la representación que en derechos y garantías me hubiera correspondido”, escribió el letrado en nombre de la menor. Es decir que el abogado solicita que la propia menor y supuesta víctima sea legitimada para casar la sentencia absolutoria. 

“Estamos ante una investigación judicial deficiente y negligente, que se apartó de la perspectiva de infancia y de la perspectiva de género. Estamos, también, ante un proceso judicial donde mis derechos y garantías en mi especial condición de vulnerabilidad como menor de edad, quedaron totalmente desamparados ante una negligente intervención de la querella. Ambas situaciones no pueden prevalecer en detrimento de mis derechos humanos”, plateó Guidi basándose en leyes nacionales y en la Convención de los Derechos del Niño. Habrá que ver qué decisión toma el Superior Tribunal en un caso que tiene ribetes extraños.