Río Grande.- El director provincial de Catastro, Martín Ibarra, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre el funcionamiento del área, que sigue avanzando hacia la digitalización. Ibarra integra el Consejo Federal de Catastro como vocal titular, donde hay representantes de las 24 jurisdicciones, y se sumó a la gestión Melella luego de trabajar en el sector privado.

“La situación que nos encontramos no es diferente de lo que siempre planteamos desde el Consejo, con mucho por hacer y un rumbo distinto al que planteamos como propuesta de trabajo. Esto no depende de un director sino de una conducción política que acompañe. Hemos dado muchos pasos este año y vamos tratando de concretar todo lo que nos falta, que es mucho”, dijo.

“Tenemos que poner en vigencia la ley nacional de catastro, que es una política de fondo que necesitamos implementar. Esto se debe concretar de una forma armonizada con el notariado, que participa con nosotros en algunas actividades y con la matrícula de agrimensores que tiene una responsabilidad muy importante. La ley nacional de catastro no da la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario en cuanto a la determinación de los objetos territoriales legales, que los determina el agrimensor. El límite en el terreno lo determina el agrimensor”, explicó.

“Tenemos que trabajar en la vinculación de las instituciones, porque el registro catastral y el registro de la propiedad inmueble dependen de dos órbitas distintas. Catastro está en el Ejecutivo y el registro de la propiedad está en la órbita judicial. Estamos trabajando para cruzar datos y consultarnos. Hoy no tenemos accesibilidad de consulta en línea, solamente hay posibilidad de consulta por correo electrónico o de manera formal por formulario”, planteó.

“En la provincia hay 50 mil partidas aproximadamente, y eso implica desde parcelas, establecimientos rurales hasta un departamentito de un dúplex. El número de partidas contiene a todos los inmuebles generados y registrados en Catastro. Tenemos más o menos mil rurales, pero no significa que sean mil estancias o campos grandes, son partidas que están dentro de la zona rural”, señaló.

“Siempre sugerimos consultar primero a un agrimensor antes de hacer una compra. Hoy no está instrumentada la verificación parcelaria, que es lo que contiene la ley nacional, pero un comprador por motu proprio puede contratar un agrimensor para saber en qué situación está esa parcela, si hay alguna invasión, si está bien ubicada, y anticipar esto evita muchos dolores de cabeza”, recomendó.

“Hay muchas tierras fiscales sin mensura, en el ámbito provincial y municipal. Todo lo que está contenido en la zona rural lo administra Tierras Fiscales de la provincia, que ya no depende de Catastro y está dentro de la AREF; después hay muchos propietarios particulares que van fraccionando y haciendo proyectos. Hay extensión territorial en la provincia y sobre todo en la zona norte hay más posibilidad de crecimiento. Hay mucho sin mensurar y hay que trabajar interdisciplinariamente con Producción, con Planificación y Desarrollo, tanto en tierra estatal como privada. En margen sur está muy claro de quién es cada porción de tierra, y donde se pueden generar algunos cuellos de botella es cuando se afectan o desafectan calles. Ahí tiene que trabajar conjuntamente el estado provincial con el municipal. Hay zonas que fueron expropiadas, otros que hacen usucapión, otros que compraron y tienen boleto. Son todas situaciones salvables, trabajándolas coordinadamente”, aseguró.

“Desde Catastro tratamos de estar conectados con todas las áreas del gobierno y de los municipios. A principio de año me acerqué a la oficina de Ushuaia para hablar con Obras Particulares y Catastro municipal y quedó el diálogo abierto. Con Tolhuin hemos tenido dos reuniones, en una nos visitó el intendente y después viajamos a Tolhuin con nuestro responsable de registro de planos, que fue a hacer el diagrama de la red geodésica y es uno de los primeros trabajos que vamos a hacer en forma coordinada. En Río Grande la gente que está en Catastro es gente con la que yo trabajaba en forma permanente desde la faz privada y el teléfono está disponible. Tratamos de ser lo más resolutivos posible con las herramientas que tenemos”, manifestó.

Acelerando demoras

Respecto de las demoras en las tramitaciones, destacó avances con la digitalización. “Había mucha demora en Catastro provincial con la revisión de los planos de mensura y es algo que siempre reclamábamos desde el sector privado. A principio de año reforzamos esa área con tres agrimensores, uno de planta y dos contratados, para descomprimir lo que estaba en trámite, que era mucho. Se redujo el caudal de laburo y prácticamente estamos al día. Esto no sucedía desde hace mucho tiempo”, dijo.

“En la isla grande tenemos tres divisiones departamentales y hay dos departamentos más que incluyen las Malvinas y el departamento antártico. En superficie, quedaron equiparados los tres departamentos, y se puede entrar AREF para ver los mapas con los cortes departamentales, donde se divisa bien claro el ejido urbano. El caso de las termas, es una zona de mucho conflicto y el río es el límite. Con el nuevo límite del ejido, el espacio de litigio caería dentro del ejido urbano. También hay que analizar con la parte legal la utilización de la tierra, porque si tiene destino rural es algo a definir. Este no es el fondo de la discusión, y hay que resolver este conflicto más allá de la jurisdicción, ya sea que lo resuelva el Ejecutivo provincial, el municipal o los dos juntos”, instó.

Respecto de Cabo San Pablo,  “está dentro de la órbita provincial y es tierra fiscal provincial. El valor de la tierra fiscal no está definido y se está trabajando para que en este caso se determine el valor antes de fin de año”, adelantó.

Consultado sobre la mensura de las viviendas del ex campamento YPF, todavía no está terminada y viene lenta. “Me consultaron desde Vialidad por ese tema y todavía figuran a nombre de COVIAR. Somos los dueños pero todavía no están inscriptas en registro de propiedad inmueble. El trabajo de Catastro se ha agilizado pero se complicó con la pandemia. Se implementó el certificado catastral digital, que fue muy recibido de parte de los escribanos. Nos queda la plataforma de pago y la idea es fusionar todo para que se pueda hacer en línea. Cuando resolvamos el pago, el trámite va a ser íntegramente digital. A ese certificado le falta la ley nacional de catastro plena, y a eso vamos. La vamos a aplicar y también hay un proyecto de ley provincial para terminar la parte reglamentaria. Cerrando ese círculo tenemos otro paso importante, y para el futuro resta el expediente digital de mensura”, concluyó.