El punto número 11 del Plan de Contingencia enviado por el Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego se refiere la aplicación móvil con sistema de trackeo interactivo (seguimiento satelital) para “ayudar a combatir el COVID-19”.

En las especificaciones en cuanto a la funcionalidad de la App (aplicación) se menciona que es “un sistema único a nivel mundial”.

El riesgo inminente para las personas que instalen este software en sus teléfonos es que  cuenta con un “sistema de movimientos permitiendo solicitar autorizaciones que funcionarán a través de un código QR” y “le permite a la policía seguir el flujo de personas en lugares de compras, sistema de fronteras y viajes interprovinciales”:

Quieren imponer la falsa premisa de que quienes estén en contra de semejante aberración están en contra de la salud pública o atentan contra ella. Falso. Esto es engañoso y no tiene asidero racional. Es alarmante que en países democráticos como la Argentina se pretenda tomar este tipo de medidas dejando a los ciudadanos a merced de las determinaciones ajenas. Ningún parámetro de salud pública puede estar sostenido en el seguimiento satelital de las personas, que limita cualquier acción esencial de la vida y las somete a un panóptico manejado por seres que detentan superioridad u omnisciencia por sobre las determinaciones de cada uno de los ciudadanos impidiéndoles decidir por sí mismos. Es falso aducir que quienes se nieguen a instalar una aplicación en sus teléfonos o quienes se resistan al seguimiento satelital (o a cualquier medida que impongan desde el Poder Ejecutivo) están en contra del bienestar general. Una persona que se niegue a semejante imposición no está atentando contra el bienestar de terceros ni contra la salud pública.

Además ¿quién garantiza que determinaciones autoritarias sólo rijan hasta tanto dure la cuarentena y no se prolonguen en el tiempo indefinidamente? en vistas de que la tecnología está desnaturalizando cada día más la vida de las personas y las está haciendo presas de la virtualidad.

Ya desde el Colegio Público de Abogados de Río Grande, han rechazaron el anuncio hecho por la ministra de Seguridad Adriana Chapperón con respecto a obligar a la ciudadanía a instalar una App en sus celulares para instaurar el control sobre la vida de las personas y advirtieron que iniciarán acciones de inconstitucionalidad en caso de hacerse efectiva la medida.

Podés leer las noticias relacionadas a través de los siguientes  links:

Ante medidas que vulneran derechos de las personas. Advierten que se iniciarán acciones de inconstitucionalidad:

https://www.tdfonline.com.ar/aplicacion.php?nota=21306&tm=1&tcm=previsualizacion&ai=tdfonline%7C%7C3494

El control de los movimientos de las personas. Alerta por el cercenamiento de derechos ante la cuarentena:

https://www.tdfonline.com.ar/aplicacion.php?nota=21296&tm=1&tcm=previsualizacion&ai=tdfonline%7C%7C3494