Desde distintos sectores de la ciudadanía manifestaron su rechazo a las medidas cada vez más restrictivas que el Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego está aplicando en el marco de la cuarentena por COVID-19 que desde mediados de marzo mantiene paralizados a todos los vecinos y vecinas.

La ministra de Seguridad, Adriana Chapperón, confirmó que el Gobierno lanzará una apliación que deberán instalar las personas en sus teléfonos celulares y a través de ella pedir “permisos de circulación”. La aplicación todavía no está vigente porque, según Chapperón, están esperando “tenerla tanto para Android como en iPhone, ya que actualmente aún no está disponible en esta última plataforma”.

En diálogo con tdfonline, el abogado de Río Grande, Francisco “Paco” Giménez, alertó sobre “la pretensión del gobernador de que todos los ciudadanos debamos obligatoriamente instalar una app en nuestros celulares para que controlen nuestros movimientos”. Consideró que esto constituye “una invasión a la privacidad intolerable y más aún cuando no existe ningún órgano de control que controle a quienes nos controlan”. Además, se preguntó “¿qué garantía tiene el ciudadano de que al instalar esa app los datos de sus celulares no se usen para otros fines?”.

Puso de manifiesto que “el riesgo es que ciudadanos bajo la excusa de que estamos frente a una emergencia nos acostumbremos a la pérdida de libertades”.

El letrado hizo hincapié en que “la palabra clave es el equilibrio en todas estas medidas. Equilibrio entre las medidas que se toman y los derechos q se afectan” y remarcó que “el fin no justifica los medios”.

Una cuarentena que en los hechos limita fuertemente las garantías constitucionales

El abogado fue consultado también sobre el proceder general del Gobierno Provincial desde que se implantó la cuarentena en Tierra del Fuego.  “Habitualmente hacemos un uso laxo del lenguaje. Cada vez que hablamos del Gobienro, ya sea para elogiarlo o para criticarlo, en realidad nos estamos dirigiendo a la Administración que está a cargo del Poder Ejecutivo. Y así, reclamamos al Gobierno, pero en realidad, criticamos o elogiamos el accionar el Poder Ejecutivo”, expresó.

Indicó que vale esta conceptualización para afirmar que el Gobierno Federal, así lo establece la Constitución, lo componen desde antaño los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo, Judicial y, a partir de la Reforma del 94 se incorpora un cuarto poder que es el Ministerio Público. “Esto es bueno recordarlo y enfatizarlo, porque en la crisis del Coronavirus, el Poder Ejecutivo ha afrontado el timón del manejo de la crisis, como no podía ser de otra manera, pero ignorando a los otros poderes que integran el Gobierno Federal. Ha decretado una cuarentena que, en los hechos limita fuertemente las garantías constitucionales, prohibición del desplazamiento de los individuos, confinamiento en sus casas, prohibición de dirigirse a los lugares de trabajo. Esto es, a mi juicio, una decisión para la que el Poder Ejecutivo no está constitucionalmente facultado”, manifestó.

El rol del Poder Legislativo 

Giménez mencionó que en España, que han tratado tardíamente la crisis, también se decidió el confinamiento pero el titular del Poder Ejecutivo Español, Presidente del Gobierno, fue a solicitar a las Cortes (Parlamento español) la autorización para establecer el confinamiento y asiste cada 14 días al Legislativo español para prorrogar el estado de cuarentena. De modo tal que el Legislativo participa de la decisión, como no pude ser de otra manera. El Ejecutivo respeta al Legislativo y el Legislativo se hace respetar.

“Acá en Argentina, curiosa y lamentablemente, se ignora al Legislativo pero también es el Legislativo que mira para otro lado y rehúye cumplir con su rol. De modo que ciertamente hay un grave peligro para la democracia republicana porque el manejo de la crisis no está funcionando como debería las instituciones políticas de la Constitución. A mayor abundamiento, el Ministerio Público no está advirtiendo estas groseras anomalías y no inicia acciones procesales para que el otro poder que integra el gobierno federal, esto es, el judicial, efectúe el elemental y contrafáctivo equilibrio de poderes. En síntesis estamos a merced de las decisiones de una sola persona (el titular del Poder Ejecutivo ya sea nacional, provincial o municipal porque estamos viendo como ellos también cercenan derechos sin facultad alguna de manera anómala con los riesgos que ello implica: la acumulación de poder sin control alguno. Y esto que digo, no es un ensayo de orden constitucional, sino que tiene consecuencias prácticas. No fue ningún integrante del Congreso quien advirtió los sobreprecios en la compra de alimentos, ni fue el Minsterio Público que actuó de oficio. Fue un periodista, Diego Cabot, que destapó el escándalo. Como verá, es imperativo que funcionen todos los poderes del Gobierno. Gobierno entendido en sentido amplio, no hablo del Ejecutivo, claro está”, explicó.

El abogado reiteró que “el riesgo es que como ciudadanos bajo la excusa de que estamos frente a una emergencia nos acostumbremos a la pérdida de libertades y al no funcionamiento de la justicia y el parlamento que son los otros 3 poderes del Estado”

Dijo no entender por qué los poderes del Estado no funcionan. “Si tienen miedo a enfermarse,  ¿es mucho pedirles un poco y no la misma valentía que tiene un médico una enfermera un policía o un voluntario?”, expuso.

“Churchill fue el primer ministro de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial y mientras Luftwaffe bombardeaba Londres él estaba dando un informe al parlamento y lo hacía cada 14 días. Es decir que países con larga tradición democrática y en las peores emergencias, ¿existe algo peor que una guerra?, hacían que sus parlamentos funcionaran tal como también tendría que  hacerlo la Justicia ya que sería una garantía de que las libertades individuales de los ciudadanos siguieran vigentes. Nuestro reclamo ante la pandemia y  las normas que restringen libertades debe ser de más instituciones más república”, cerró.