Río Grande.- Mabel Caparrós, Diputada de la Nación por Tierra del Fuego, tomó cartas en el asunto y pidió al Intendente de Río Gallegos, el kirchnerista Pablo Grasso, que derogue la Ordenanza sancionada el día 23/12/19 y que modificara en los artículos 75 y 89 la Ordenanza N° 2419, que fija una tasa sobre el tránsito de camiones dentro del ejido urbano de la ciudad de Río Gallegos.

“Si bien comprendemos la grave situación socioeconómica que atraviesa la Argentina toda luego de cuatro años de neoliberalismo, es incomprensible que busquemos una salida o solución a dicha crisis sobre el debilitamiento o el daño a pueblos hermanos como sucede en este caso, tomando una medida que es claramente inconstitucional y afecta directamente al pueblo de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur”, le dijo en tono amistoso al Jefe comunal de la capital santacruceña.

Mabel Caparrós observó que la aplicación de dicha tasa “indudablemente recaería sobre el precio de alimentos, medicamentos o todo elemento vital para la vida de un pueblo y que por razones obvias debe atravesar territorios de otras provincias para llegar a los habitantes en destino”.

En el art. 10°, inciso b) de la ordenanza de mención se establece el cobro de un derecho de tránsito interprovincial para los camiones que transporten carga, que circulen por la Ruta Nacional 3, dentro del ejido urbano y con destino a la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, gravándose este tránsito con 10.000 módulos cada vez que un tracto camión haga uso y ocupación transitoria de las calles, rutas y espacios públicos dentro del ejido municipal.

“De acuerdo con este artículo y por declaraciones brindadas desde el Municipio de Río Gallegos, se generará una diferencia entre los camiones de carga que terminan su trayecto en la ciudad de Río Gallegos y aquellos que continúan hacia nuestra provincia, gravándose el tránsito de estos últimos, reparó la representante legislativa.

“La pregunta a esto, estimado Intendente sería: ¿es constitucional ? …. Claramente no, porque sería como crear una aduana interior y partir de la Constitución Nacional no se permiten en el país la existencia de aduanas interiores o, en otras palabras, se sustrae a la circulación territorial del poder impositivo local”.

Recordó En sus artículos 9, 10 y 11 la Constitución Nacional suprimió las aduanas interiores y, asimismo, prohibió a las autoridades locales gravar a futuro con cualquier tipo de derechos (impuesto, tasa o contribución) el transporte de mercadería por sus territorios.

Por ende, “ninguna provincia o municipio puede cobrarles a los transportistas por el mero hecho de pasar por su territorio transportando mercaderías que tienen como destino a otra provincia”.

La ordenanza tarifaria sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Río Gallegos es inconstitucional”, remarcó.

“Sr. Intendente, el Concejo Deliberante ha sancionado una norma que privilegia intereses locales, pero quebranta la soberanía nacional, fragmenta el territorio de la República y daña severamente la unidad territorial de la Nación”, sigue la misiva.

“Sistémicamente, si el aumento de las tasas o contribuciones establecido por la ordenanza cuestionada es considerado válido sería muy perjudicial ya que se podría generar un efecto contagio en otras ciudades ubicadas sobre la ruta 3, como por ejemplo Piedra Buena y Comodoro Rivadavia, quedando de esta forma habilitadas a cobrar tasas de las mismas características y encareciendo exponencialmente el precio de los productos que llegan a la isla”, advirtió.

Ahora bien, “lo que me resulta preocupante es que en el siglo XXI estemos discutiendo una tasa o contribución de estas características, desde la provincia de Tierra del Fuego, donde casi totalidad de la mercadería llega transportada por camión. Y que un municipio hermano, como el de la ciudad de Río Gallegos, no haya reparado en el daño que le puede ocasionar a la población de Tierra del Fuego, en caso de que una tasa o contribución como la que plantearon desde su Concejo Deliberante sea convalidada”, reparó.

“No me escapa que, en repetidas oportunidades, los diferentes estamentos de gobierno (municipal o provincial), ante dificultades presupuestarias, intentan imponer gravámenes similares a este. Pero son atajos que se chocan con la letra del texto constitucional y que más temprano que tarde serán declarados ineficaces”, agrega.

Además, “imagínese que, de convalidarse esta situación, todos los municipios situados a la vera de la Ruta Nacional N° 3 decidieran imponer una contribución semejante: ello volvería inviable el transporte de mercadería hacia y desde la Patagonia, perjudicando al propio municipio de Río Gallegos, cuyo concejo deliberante sancionó esta normativa”.

Igualmente, “ya están tomando cartas en el asunto las organizaciones intermedias, quienes ya han planteado que recurrirán para dejar sin efecto esta contribución. Incluso la cuestión está siendo analizada en el vecino país de Chile, pudiendo acarrear también conflictos de índole internacional”.

“Desde mi lugar, Sr. Intendente, no puedo más que exhortar y rogarle, desde la política al municipio hermano de la ciudad de Río Gallegos a que revisen esta normativa sin que sea necesario que el tema sea resuelto en los estrados judiciales.

Solo mediante el esfuerzo común podremos reconstruir una patria más justa, inclusiva y solidaria para todos”, finaliza la nota enviada al Intendente de Río Gallegos.