Río Grande.- La directora por los activos de la OSEF, Soledad De Fabio, explicó en detalle la situación que se está dando en las farmacias de la provincia y también en las convenidas en Buenos Aires, con la caída de las prestaciones por la deuda acumulada, además de las irregularidades detectadas en la gestión anterior que ameritarían una denuncia penal.

Por FM Aire Libre, expresó que “la deuda es grande y, mientras no podamos salir del cuello de botella que tenemos con la plata que se le debe a los proveedores, tanto a las farmacias convenidas como a los laboratorios que proveen a las farmacias de la obra social, el panorama sigue siendo muy complejo”.

“Hoy se está adeudando a las farmacias, que están empezando a rescindir el servicio, alrededor de 17 millones de pesos. Esto incluye las tres ciudades y las farmacias que tenemos convenidas en Buenos Aires. Todas las farmacias han cortado la provisión de medicamentos del convenio al 100%. Se siguen sosteniendo en la provincia los medicamentos al 70 y al 30%, excepto Autofarma en Río Grande, que ya ha cortado todas las prestaciones, y Farmacia Ushuaia en la capital fueguina. No tengo información fehaciente de la farmacia de Tolhuin pero es de esperar que caigan más prestaciones, mientras no se empiecen a pagar las deudas no sólo a las farmacias sino a los prestadores en general”, alertó.

“A los prestadores se les están liquidando facturas de noviembre y diciembre del año pasado, y ya se empieza a sumar enero y febrero. En la farmacia se dio una situación muy irregular en la gestión anterior, y ya veníamos con una relación compleja con presidencia en el directorio. Se esperaba un trabajo fuerte de compra de medicamentos y abastecimiento a las farmacias propias, porque hace mucho se habla del vaciamiento que tienen y el desmanejo que hubo en la adquisición a laboratorios y proveedores, como droguerías. Hay alrededor de 39 expedientes y todos están observados por compras irregulares. Son 38 proveedores a los que se deben 79 millones de pesos”, precisó.

“El total de la deuda recibida a proveedores de nuestras farmacias, que son laboratorios y droguerías, fue de 94 millones de pesos. A lo largo de diciembre y enero se pagaron alrededor de 20 millones pero la deuda sigue siendo gigantesca. Los laboratorios no nos proveen por la deuda que hay. Es muy difícil abastecer las farmacias propias y también cumplir con los pagos de las farmacias convenidas”, expuso.

Explicó que “los expedientes han sido observados tanto por la auditoría interna como por el Tribunal de Cuentas y siguen girando, cuando esperábamos un trabajo fuerte porque son compras que se hicieron y hay que pagarlas. No sabemos qué se va a hacer con eso. Las irregularidades, por lo que nos explicó el equipo que trabaja ahora en la auditoría de farmacia, consisten en que se pedían presupuestos y se compraban los más caros, no se compraban los medicamentos en los primeros y segundos eslabones de compra sino también en otras farmacias. Cuando hablamos de comprar en laboratorios, hay un valor que se respeta, y la diferencia con las farmacias, que tienen su beneficio, ronda un 40% y podemos hablar de hasta un 60% más de lo que cuesta comprar a un laboratorio. Además al comprar a un laboratorio está la posibilidad de devolver los medicamentos que vencen y hacer algún tipo de arreglo”.

“Acá hubo un desmanejo importante y esto se iba a denunciar desde la actual gestión, porque es mucho dinero y son fondos de los trabajadores. Como vocales estamos siguiendo los expedientes, que están desparramados en distintas áreas. El problema es que, si no hay fondos, así trabajemos codo a codo con la presidencia, no se puede resolver el problema. Sabemos que van a hacer presión desde distintos sectores por el tema de las prestaciones y los pagos”, adelantó, previendo más caída de contratos.

Denuncia pendiente

Se le preguntó si esto calificaría como una estafa al estado y respondió que “hemos dialogado respecto a esto, pero primero nos preocupa brindar el servicio a los trabajadores. En la gestión anterior se contrató a un licenciado en marketing que se hizo cargo de todas las gestiones de compra. Desarmaron el equipo de planta permanente de la obra social y contrataron a un tercero, que debería haber brindado informes. Esto no se ha denunciado todavía. La contratación la hizo la ex presidente Liliana Conti y el tema se ha tomado con mucha cautela por parte de la gestión actual, que todavía está haciendo una evaluación de lo que sucedió”, dijo.

“Las compras se hacían y luego se mandaban los expedientes. Por eso hay observaciones de auditoría interna y del Tribunal de Cuentas, porque las compras ya estaban hechas y los procedimientos se hicieron mal. No se denunció en su momento el contrato de locación de servicio que le hicieron al licenciado Hugo Hermida, que fue quien hizo toda la gestión junto a la presidente. Por eso no me atrevería a decir que la responsabilidad de esto es de los trabajadores. Hermida es licenciado en marketing y master en sistemas de salud y seguridad. Él hizo todas las compras y manejó toda el área de farmacia”, aseguró.

En minoría

Asimismo, planteó la dificultad de los directores que representan a activos y pasivos para torcer la decisión de presidencia porque, “al modificarse el IPAUSS y tener pleno ejercicio del poder el presidente del directorio, los trabajadores no tienen llegada y la mayoría de las resoluciones de presidencia de la gestión anterior las firmaba solamente la presidenta, que tiene un control pleno y puede hacer lo que quiera”.

“Modificar esto depende de la Legislatura y esto fue hablado antes del cambio de gobierno. En el caso del directorio de la caja no se ha nombrado un vicepresidente y la gestión es más articulada entre los vocales y el presidente. En la obra social no es así, hay un vicepresidente nombrado y ya se ejerció el uso del tercer voto de parte de la presidente. Si bien el gobernador dijo que se iba a reunir con nosotros, todavía no lo ha hecho con el directorio. La semana pasada se reunió con la presidente ante los rumores de renuncia que hubo, entiendo que para darle su respaldo, pero hoy lo que necesitamos es una fuente extra de dinero, porque tenemos muchas deudas”, reclamó.

“Nos preocupan las prestaciones, porque nos eligieron los trabajadores y en general los activos y jubilados son los que nos llaman para pedir respuestas. Nos hemos puesto a disposición de la presidente pero hasta ahora no se ha dado un trabajo articulado como el que esperábamos”, cuestionó.

Con respecto a los reintegros por prestaciones, dijo que “estamos en la misma situación. Al no haber fondos es muy difícil decidir qué se paga con lo que va entrando”.

Avizoró que “es posible que vayan cayendo contratos y esperamos que no sea así, que haya una comprensión de parte de los prestadores, porque la situación es crítica y es injusto pagar los costos de las gestiones anteriores, pero cuando se contraen deudas hay que pagarlas. Esperamos una pronta reacción política, porque la obra social debería ser de lujo, y hoy está muy vapuleada. También esperamos la respuesta del Ejecutivo y de los delegados para saber la dirección a tomar y cómo vamos a hacernos de la plata que nos deben para poder pagar las deudas. Entiendo que hay posibilidad de hacer juicio de residencia, porque hubo otras irregularidades, como la ayuda financiera que recibió Conti, pero debe haber una decisión política de la presidente y del Ejecutivo respecto de si se van a hacer las denuncias correspondientes o se va a seguir tapando lo que pasó y resistiendo a lo que vendrá, que es bastante grande”, concluyó.