Río Grande.- La legisladora Mónica Urquiza consideró que hay que “barajar y dar de nuevo” con la obra del corredor costero Canal Beagle, y dio a conocer la intención del gobierno electo de intervenir en la obra para “revisar todo” antes de continuar.

Por Radio Provincia, mencionó la sucesión de dictámenes y resoluciones de los organismos de control, con diversas irregularidades detectadas, a lo que se sumó la semana pasada una denuncia penal de organizaciones ambientalistas.

“Estamos analizando internamente cómo avanzar con esta obra, que es muy importante porque lleva casi el 50% del endeudamiento en bonos. Del endeudamiento original, donde los 200 millones de dólares eran 3.200 millones de pesos, esta obra se llevó 1.760 millones con la adjudicación de los tres tramos. Ahora hay que actualizar esos valores, al margen de todos los conflictos que hubo desde el principio y los sigue teniendo”, sostuvo.

“Algunos integrantes del gobierno salen a decir que esto está politizado, pero no es así. Hay un daño ambiental, un daño arqueológico, y esto se viene discutiendo desde que se originó la obra. Hubo observaciones desde varios ámbitos, desde el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado y de las mismas secretarías del gobierno, como el área de Medio Ambiente”, manifestó.

Consultada acerca del riesgo de una demanda de la empresa Gancedo en caso de paralizar la obra, como ocurrió con el puerto de Río Grande, dijo que “el objetivo desde un principio fue evitar eso, pero el gobierno provincial continuó y el propio Ministro de Obras Públicas ha declarado que la obra va a seguir adelante. Con todas estas deficiencias, estas denuncias y estas irregularidades, la verdad que lo mejor es que esta obra se pare. Uno está preocupado por las consecuencias pero en un momento hay que parar y hay que hacerlo cuanto antes”, enfatizó.

“Aparentemente el tramo 2 está casi terminado, el tramo 3 todavía teóricamente todavía no se empezó, y el tramo 1 es el que está teniendo estos inconvenientes con la tala del bosque. Lo ideal es parar la obra, revisar todo, barajar y dar de nuevo. Es la única manera, y si esto se hubiese sido antes, no se hubiese llegado a la situación en que se está hoy”, aseguró.

Antes de seguir avanzando “hay que analizar y ver el proyecto. Principalmente el tramo 1, porque desde el inicio de todo esto, cuando se discutió la obra en la Legislatura, nosotros hemos sostenido que ya había un proyecto original para llegar a Almanza. Eso está desde hace muchos años y ese proyecto no se respetó. Esa fue una de las observaciones y las realizó el señor Piana, que es un especialista autorizado para hablar de esto, lo escribió e hizo una presentación en la justicia”, dijo.

“Hubo muchas oportunidades en las que el gobierno debió haber escuchado, pero siguieron adelante con argumentos de que se está politizando, o que hay que democratizar la tierra. Acá hay cuestiones mucho más importantes. Uno no se niega a la ruta, pero con la traza que corresponde, con el menor daño ambiental y teniendo en cuenta que en nuestra provincia los recursos naturales es lo principal que tenemos”, subrayó.

“Si pretendemos tener como principal ingreso lo que genera el turismo, sobre todo en el sur de la provincia, tenemos que desarrollarnos cuidando el recurso natural, que es fundamental, además de cuidar los recursos financieros. Nuestra intención es intervenir en la obra del camino costero”, sentenció la vicegobernadora electa.

Transición sin avances

Por otra parte se le preguntó sobre la transición y las respuesta a la información solicitada, pero sostuvo que “lo único que recibimos fue información referente a la caja, antes de la primera reunión que tuvimos, con una nota donde Bahntje se justifica por no ir a la comisión de la Legislatura. Es la misma información que nos pasaron en el ámbito de la transición. De ahí en más no hubo nada”.

Masivos ingresos a planta

Al no contar con información desde el gobierno, dijo que la están rastreando por los boletines oficiales, donde se observan masivos pases a planta permanente de funcionarios políticos. A 2018 había una planta de 800 funcionarios y 300 pases a planta permanentes, con el correspondiente reemplazo, indicó.

“Esto lo estamos verificando en los boletines oficiales y todos los días está ingresando gente a planta permanente. Por supuesto que esto preocupa. El martes el bloque UCR-Cambiemos presentó un pedido de informes que tiene que ver con los enfermeros. Hace dos años nosotros reclamamos porque los enfermeros tenían un contrato de monotributo, pedimos una reunión con el Ministro de Salud, que era Colman en ese momento, y la Legislatura autorizó las vacantes para su incorporación, porque se necesitaban. Sin embargo ahora continúan con la modalidad de monotributo con los enfermeros y siguen incorporando funcionarios a la planta”, afirmó Urquiza.

“Hay un decreto que los da de baja como planta política y de inmediato otro que los incorpora a planta permanente. A diciembre de 2018 nosotros hablábamos de 800 funcionarios de la planta política. Estos son funcionarios que ingresan y se deben ir con el gobierno actual. Pero ahora estamos hablando de designaciones en planta permanente. En 2018 llevaban 300 ingresos en seis meses y estamos trabajando para actualizar ese número”, señaló.

“En 2019 tenemos un presupuesto reconducido, y siguen ingresando gente, moviendo partidas. Recién en la Legislatura recibimos la ejecución presupuestaria del primer trimestre del año y no incluye información del personal. Esta gestión lo decidió así, y la ley de presupuesto determina la información que se debe presentar. Antes se presentaba una información mensual, con altas y bajas del personal, pero esta gestión lo modificó y no mandan esa información”, indicó la legisladora.

“Nosotros estamos trabajando sobre los boletines oficiales, que es la información que tenemos. Ni bien tengamos definido el número, lo vamos a decir. Hasta 2018 hubo 300 ingresos a planta, además de la planta política de más de 800 funcionarios. Esos ingresos a planta fueron de empleados que formaban parte de la planta política, ya sea auxiliares, o funcionarios ahora. Hay un decreto que los da de baja y otro que los designa en planta permanente, y a su vez reemplaza con otra persona la categoría política. Esto está en los boletines oficiales”, remarcó.

Respecto del impacto de este nuevo megapase en la masa salarial, dijo que “esto es lo que vamos a ir analizando y hemos solicitado los datos sobre las liquidaciones salariales. En el marco de la transición se ha solicitado información y está pedido el detalle de la planta permanente de todas las estructuras del gobierno, en cada uno de los sectores”.

“Por supuesto esto preocupa, porque van a dejar un endeudamiento de 200 millones de dólares, con obras iniciadas hace más de dos años y que no superan el 40 ó 50% de ejecución. Esto va a generar un montón de redeterminaciones que todavía no están cuantificadas”, advirtió.

“Debería ser natural que se entregue la documentación y se trabaje, pero la verdad es que lo que viene sucediendo no es así”, lamentó Urquiza sobre el retaceo de información oficial.

Movilidad jubilatoria

Finalmente se refirió al dictamen aprobado en la reunión de comisión del martes, que se aprueba hoy en sesión. Indicó que durante el debate “se creó mucha confusión y se mezclaron muchos intereses, algunos distintos a la restitución de este beneficio. Nosotros siempre hablamos de la movilidad automática, porque el haber jubilatorio se actualizaba cada seis meses y ahora vamos a volver a la actualización automática”.

“Siempre planteamos que la ley 1068 dio muchas herramientas pero siempre se usaron para que se financiara el Ejecutivo y no la caja. Los que terminaron financiando la caja fueron directamente los jubilados. El sistema jubilatorio necesita de un acompañamiento y un financiamiento, como hemos sostenido siempre, y las herramientas hay que utilizarlas para que los recursos lleguen, no para que el Ejecutivo pague aportes y contribuciones. En concreto lo que se cambia es la periodicidad de la movilidad jubilatoria. Algunos pretendían discutir otros artículos que tienen que ver con la determinación del haber jubilatorio”, observó.

Dado que la directora de la caja Elisa Dietrich dijo que va a haber dos movilidades distintas, la legisladora explicó que “nuestro sistema previsional tiene dos determinaciones de haber. Hay haberes determinados por una ley anterior a la 1076 y el sistema actual, donde hay más o menos 500 jubilados. Todos van a tener la actualización automática pero el impacto va a ser distinto. Los proyectos presentados tanto por el MPF como por la UCR tenían que ver con la periodicidad de la actualización, no con la determinación de los haberes. Nosotros lo que hicimos fue sostener el objetivo del proyecto. Si todo sigue como hasta ahora, el proyecto se aprueba en la sesión de este jueves”, confió.

Para la legisladora no debería haber déficit en la caja si se respetan las herramientas de financiamiento. “Esto tiene que ver con los recursos extraordinarios que se generaron para la caja y seguramente se tienen que seguir generando, pero tienen que ir a la caja, y no utilizarse para pagar aportes y contribuciones, o para ir pagando deudas del Ejecutivo. Sigue habiendo una gran discusión cuando se habla de las utilidades del banco de la provincia, porque el gobierno compró las turbinas Sullair para la DPE con esos recursos, que tienen que ir a la caja de previsión. Si no, los jubilados son los únicos que siguen sosteniendo el déficit”, cuestionó.

También se le consultó si hubo alguna presentación de la Municipalidad de Ushuaia, luego de las objeciones que hizo el jefe de gabinete Oscar Souto a la movilidad automática: “La verdad no hubo ninguna presentación y tampoco habló nadie conmigo en particular. Solamente leímos las declaraciones del secretario Souto a uno le llama la atención porque, cuando la Legislatura sancionó el paquete de leyes, tenían un acuerdo con Rosana Bertone y después dijeron que no estaban de acuerdo; tampoco estuvieron de acuerdo con el aporte solidario. Ahora le dicen que no a la movilidad automática, pero a nosotros no nos han dicho nada”.

“Para nosotros no fue una promesa de campaña porque ya lo habíamos presentado en marzo. Algunos lo dijeron como promesa de campaña y ahora dicen no estar de acuerdo”, concluyó.