Río Grande.- La Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales –ASOEM-, representada por su Secretario General, Gustavo Morales, brindó su respaldo a la presentación del recurso de amparo colectivo contra el decreto nacional 872, a través del cual el Gobierno nacional convocó a concurso público internacional para adjudicar permisos de exploración y explotación de recursos naturales en la zona de la plataforma continental argentina en las adyacencias a las Islas Malvinas.

Morales recordó que el Municipio de Río Grande ingresó al Juzgado Federal de la Dra. Mariel Borruto una medida cautelar con la que busca frenar la adjudicación de áreas petroleras a empresas británicas, mediante el planteo de inconstitucionalidad del decreto de convocatoria a concurso público internacional.

Plantea que el otorgamiento de permisos de exploración y explotación en la cuenca oeste de las Islas Malvinas, en la plataforma continental argentina, “y nosotros consideramos que es un flagrante atentado contra el derecho de todos los argentinos a la soberanía sobre las Islas Malvinas”, sostuvo Gustavo Morales.

El Secretario General de ASOEM detalló que este amparo textualmente denuncia que el decreto 872/2018, por el cual el año pasado “se convocó a concurso público internacional y se instruyó a la Secretaría de Energía al llamado a concurso y, en su artículo tercero, autorizó la inclusión en los permisos de exploración de cláusulas que establecen la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en un Estado que sea parte en la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, con lo cual se intenta ceder soberanía argentina sobre las zona concursada, al pretenderse habilitar la zona de jurisdicción en estados internacionales”.

Remarca que dentro de las áreas concursadas se encuentra la Cuenca Malvinas Oeste, que está pegada a las Islas Malvinas, “constituyéndose en una zona de alta trascendencia geopolítica y seguridad nacional”.

Por un lado, la medida cautelar cuestiona por inconstitucional la cesión de jurisdicción como “una gravísima afrente a la soberanía nacional”, y por el otro apunta contra la falta de restricciones en el decreto de convocatoria, respecto del origen de los concursantes.

“Desde ASOEM sostenemos que este decreto nacional menoscaba la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur, nos priva de la explotación de nuestros recursos naturales y lo que está ocurriendo es gravísimo, ya que el gobierno de Mauricio Macri ha asumido una postura de no hacerse cargo de la cuestión de soberanía y sí cumplir los puntos del acuerdo entreguista Foradori Duncan, en el cual el se compromete a despejar cualquier traba para el desarrollo británico en el Atlántico Sur”.