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La Justicia no investiga el caso Melella

Elecciones: La Justicia Fueguina en modo electoral

Bajo un titulo bien ilustrativo, “La máquina de hacerse los boludos” el periodista Gabriel Ramonet, autor del libro “Justicia Adicta,” donde describe con vehemencia los vericuetos del Poder Judicial Fueguino y su adicción al poder de turno, ahora, analiza el trato parcial que tiene el caso Melella por parte de la Justicia que desde comienzo de año viene actuando en “modo electoral”.

Lo que parece inadmisible, es que las propias instituciones ingresen en ese letargo o estado de suspensión de funciones en que parecen ingresar cuando falta poco para los comicios. Ojalá este ejercicio les sirva a los lectores para terminar de comprender que sin justicia, no hay democracia posible. dice Ramonet en su nuevo artículo que reproducimos a continuación.

Muchos creen que en época electoral, las denuncias judiciales contra candidatos no pueden debatirse públicamente porque siempre estarán teñidas de intereses espurios.

Entiendo esa objeción, pero la refuto: los procesos electorales suelen ser los más proclives al quebrantamiento de los pactos de silencio que siempre rodean a los hechos de corrupción.

Es decir, los mismos intereses y factores de poder que están predispuestos a la revelación de “secretos bien guardados” cuando los angustia el resultado de las urnas, suelen volver al estado anterior de “conveniente complicidad” cuando las estructuras se reacomodan tras los vaivenes de una elección.

Lo que parece inadmisible, es que las propias instituciones ingresen en ese letargo o estado de suspensión de funciones en que parecen ingresar cuando falta poco para los comicios.
Y si ya es difícil de entender en ámbitos legislativos, donde suele repetirse que “no habrá sesiones hasta después de las elecciones” (como si hubiera que felicitarlos por eso) es mucho más incomprensible cuando esa postergación del estado de derecho abarca a la propia justicia.

Aunque los años de profesión tienden a volverme inmune contra el asombro, resulta muy difícil de seguir observando cómo una parte de la justicia de Tierra del Fuego continúa “haciendo la plancha” y no resuelve la serie de denuncias (una más grave que la otra) efectuadas contra el intendente de Río Grande Gustavo Melella y su entorno político.

Cuando escribo “no resuelve”, no estoy diciendo “no condena”. De ningún modo. Lo que digo es que no lo analiza, no lo trata, no lo investiga y no decide en función de las conclusiones que obtenga.

Quizá corresponda que sea absuelto, y entonces así debería hacerse. Pero lo insólito y a esta altura vergonzoso, es que no proporcione una respuesta institucional racional a las serias cuestiones que se le plantean.

Como no soy juez ni quiero serlo, voy a sintetizar a continuación algunos de los hechos principales del llamado “caso Melella”, sin valorarlos, sopesando la acusación con algunas respuestas de la defensa y tratando de que el ejercicio les sirva a los lectores para terminar de comprender que sin justicia, no hay democracia posible.

-En agosto del año pasado, los obreros de la construcción Damián Rivas, Jerónimo Suasnabar y Mario Lovera denunciaron por abuso sexual al intendente Melella.

-Los trabajadores dijeron que Melella les pedía “favores sexuales” a cambio de empleo y de cobrar tareas ya realizadas.

-Los denunciantes contaron que el intendente los captaba para realizar obras públicas, y que cuando estaban por finalizar los trabajos, los retiraba del lugar y las obras eran facturadas por empresas allegadas al municipio, como “Patagonia Constructora” y “Marino Luis Vaquera”.

-Según la denuncia, el intendente convocaba luego a los trabajadores (a veces a su domicilio particular) y les exigía el cumplimiento de los favores sexuales a cambio de seguir trabajando y de cobrar lo que ya habían hecho.

-La defensa de Melella postula que la denuncia es un “circo mediático” y que algunos de los testigos, como un ex sereno del municipio de Río Grande, tienen vínculos probados con el gobierno provincial.

-El abogado Francisco Giménez (representante de los obreros) amplió la denuncia por irregularidades en la contratación de obra pública municipal y describió una “matriz de contratación discrecional en la administración municipal” que “concentra los contratos en empresas con vínculos políticos y familiares”, y que “por medio de simulación de obras y facturaciones apócrifas, defraudan al Estado y enriquecen indebidamente a funcionarios y contratistas”.

-En concreto, Giménez reveló que el 73% de las licitaciones públicas realizadas por el municipio de Río Grande entre 2012 y 2019, por un monto de $142,3 millones, y el 54% de las licitaciones privadas, por un monto de $118 millones, fueron adjudicadas a tres empresas “vinculadas” a la administración municipal: Zimentar SRL, Dapco SRL y Constructora Patagonia SRL.

-A su vez, Zimentar y Constructora Patagonia se quedaron con el 81% de las contrataciones directas en el mismo período, por un valor de $53,2 millones.

-De acuerdo a la denuncia, hasta noviembre de 2017, el directorio de Constructora Patagonia estuvo integrado por “Alejandro Guillén, Mario Vidal y Diego Menéndez”, mientras que “Norma Menéndez, esposa de Guillén y hermana de Diego Menéndez, fue la secretaria privada de Melella hasta septiembre de 2017”.

-Según el abogado Giménez, cuando esta situación se hizo pública, Norma Menéndez renunció a su puesto, aunque “luego volvió con otro cargo”, en tanto que “Vidal y Diego Menéndez le cedieron su parte de la empresa a Guillén, a título gratuito”.

-Zimentar fue fundada en 2012 por “Fernando Zapata, Claudio Otero y Daniel Avendaño”, todos ellos “empleados y allegados de la familia Loffler, principal bastión de la alianza entre Melella y el Movimiento Popular Fueguino (MPF) para postularse a la gobernación”, señaló Giménez.

-También reveló que en Zimentar llegó a figurar como propietario, durante unos meses, el actual legislador del MPF, Damián Loffler, y que cuando estos datos trascendieron, el mismo grupo de personas adquirió Dapco SRL para “seguir facturando obra pública”.

-Por su parte el abogado de Melella, Francisco Ibarra, negó la existencia de irregularidades, y explicó que una denuncia similar fue presentada en 2017 en otro juzgado de Río Grande sin que haya ameritado “ningún accionar de la justicia”, afirmó.

Por Grabiel Ramonet

 


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