"El juicio no está suspendido, así que no me puedo expresar sobre algo que no ha sucedido". Con esa frase, el presidente del Tribunal Oral Federal N°2, Jorge Gorini, se refirió a las consecuencias de la resolución adoptada por la Corte Suprema en el caso que tiene a Cristina Elisabet Kirchner como principal acusada de cometer delitos de corrupción vinculados a la concesión de obra pública en Santa Cruz.

En diálogo radial, Gorini adelantó que durante esta mañana cumplirán con el trámite solicitado por el máximo tribunal, algo que se efectivizó pasadas 9.30, y aclaró: "El juicio tiene fecha de inicio para el martes 21 de mayo y hasta el momento no hay cambios; se mantiene".

Según se supo de fuentes judiciales, no habrá modificaciones en el cronograma previsto. Es que la Corte Suprema de Justicia se aprestaría a aclarar los alcances de la resolución que emitió el martes pasado -solicitó que le envíen el expediente principal para que se resuelvan 9 recursos pendientes- y que generó una fuerte repercusión.

Si bien los detalles del pronunciamiento aún se están discutiendo, la mayoría de los ministros del máximo tribunal entienden que no hay impedimentos para que el caso que investiga irregularidades en la concesión de la obra pública en Santa Cruz comience dentro de los próximos días, tal como estaba previsto.

Hasta el momento, el inicio de las audiencias no fue suspendido y en principio no habría motivos para avanzar con una decisión en ese sentido.

Durante las últimas horas, la Secretaría Penal del máximo tribunal tomó intervención en el caso y mantuvo contactos con integrantes del TOF 2 para garantizar los derechos de las partes involucradas y a su vez ofrecer condiciones de debido proceso y agilidad de la justicia. De acuerdo explicó el magistrado, el expediente tiene más de 50 cuerpos, 13 imputados, cuenta con más de 150 testigos, y se cuestionan 52 obras publicas adjudicadas a Austral Construcciones.

La resolución de la Corte había generado un fuerte impacto político. Es que en un principio se creyó que la decisión aplazaría el inicio del primer juicio contra la ex presidente para después de la campaña electoral. Sin embargo, lo que el máximo tribunal pretende es resolver los recursos pendientes y evitar que surjan nulidades que impidan el normal desarrollo del debate.

En el caso, conocido popularmente como Vialidad, se investiga el direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz hacia las empresas de Lázaro Báez, quien también deberá sentarse en el banquillo de los acusados, al lado de Cristina Kirchner.