En un megaoperativo de la Gendarmería, la Justicia hizo hoy doce allanamientos, secuestró documentación y computadoras y realizó planimetrías clave en la causa en que se investiga a Pablo Moyano como supuesto jefe de una asociación ilícita que habría cometido diversos delitos gracias a su rol en el club Independiente.

Los allanamientos habían sido pedidos por el fiscal e instructor de la causa, Sebastián Scalera, en octubre pero el entonces juez Luis Carzoglio los rechazó y ayer fueron aceptados por su reemplazante, Brenda Madrid. Además de la sede principal de Camioneros y otras ochos dependencias del sindicato, los allanamientos también incluyeron a otros personajes vinculados con el fútbol, entre ellos la oficina del poderoso representante de futbolistas Christian Bragarnik.

En octubre pasado, el suspendido juez Garzoglio también rechazó decretar la prisión preventiva de Pablo Moyano. Apenas iniciado el allanamiento, Hugo y Pablo Moyano aparecieron en la sede central del sindicato, ubicada en San José al 1.800, negaron las acusaciones y amenzaron con un eventual paro de camioneros. "Si me quieren meter en cana, que lo hagan y después que se la banquen", amenazó Hugo Moyano, según reprodujo la cuenta oficial del sindicato Camioneros. Y continuó: "Nos tratan como delincuentes, pero los verdaderos delincuentes están en Balcarce 50". Los allanamientos fueron repudiados por la CGT y otras organizaciones gremiales.

La causa por asociación ilícita involucra al ex jefe de la barrabrava de Independiente, Pablo “Bebote” Alvarez, Hugo y Pablo Moyano, al sindicato de Camioneros y sus supuestos vínculos contra la compra y reventa de entradas y otras maniobras defraudatorias contra el club de Avellaneda. Una fuente judicial no descartó que también se puedan encontrar indicios de maniobras con la compra y venta de jugadores.

Fueron 12 allanamientos 9 en capital y 4 en provincia para buscar documentación que acredite vínculos entre empresas y personas investigadas y realizar relevamiento de instalaciones de la sede central de Camioneros, a fin de comparar la planimetría con los dichos del “Bebote” Alvarez y otros dichos de testigos. En principio, con esa pericia se comprobó la descripción que hizo el “Bebote” de una oficina donde se reunió con Pablo “El Salvaje” Moyano para negociar las entradas de barrabravas, al igual que el estacionamiento de la sede sindical. 

En los próximos días, el fiscal Scalera evaluará los resultados del megaoperativo y elevará a juicio oral a los primeros procesados en esta causa. En esta instancia, sobre todo decidirá si mantiene las prisiones preventivas porque en algunos casos está vencido o por vencer el plazo de un año. Entre las fuentes se estima que Pablo Mayano, quien ya fue indagado y está procesado para el código procesal de la provincia, entraría en la segunda parte del futuro juicio oral. Si no hay tiempo, se desdoblaría el caso.

En medio del operativo de Gendarmería nacional en la sede de San José al 1700, Hugo y Pablo Moyano también criticaron a la ministra de Seguridad.​"Patricia Bullrich, ¿le dolió el paro del 30 y las ollas populares?", dijo desafiante el secretario general adjunto. Y advirtió que "por más que nos apriete Bullrich, no vamos a firmar la reforma laboral".

Scalera basó los pedidos de allanamiento en las indagatorias del “Bebote” y otros imputados y testigos y el hallazgo de la Unidad de Información Financiera (UIF) de una cuenta de Independiente en el banco Bendura en Liechtenstein por donde pasaron 30 millones de dólares, entre otras pruebas.

Hugo Moyano asumió la presidencia de Independiente en julio del 2014 y la cuenta había sido abierta por su antecesor Javier Cantero, aunque según la UIF no fue aún declarada oficialmente y debidamente ante la AFIP. En un nuevo informe de la UIF se diría que el fideicomiso Arístides que maneja la cuenta estaría conducido por miembros “del estudio Pérez Rivero”, afirmó una fuente judicial.

Scalera citó el informe de la UIF, que dirige Mariano Federici, como otro manejo irregular de fondos por afuera de Independiente y del que habría participado Pablo Moyano.

Parte del dinero por la compra y venta de jugadores venía de esa cuenta y pasaba por el fideicomiso Arístides y una mesa de dinero que manejaba "Pablo Fernández, un empresario gastronómico", según la UIF. El fiscal, el año pasado, incorporó nuevas pruebas como las escuchas del teléfono del secretario general de Camioneros y del club, Héctor "Yoyo" Maldonado quien “triangulaba” llamadas entre Pablo Moyano, el “Bebote” Alvarez –ex jefe de la barrabrava de los rojos- y el “Polaco” Petrov, otro de los detenidos en la causa. Pablo Moyano es vocal en la comisión directiva del CAI.

Otro de los testimonios citados por el fiscal Scalera es el de Damián Hugo Langaronne, el barra manejaba las entradas truchas, las parrillas, los trapitos y demás actividades ilícitas y quien también apuntó a Pablo. Una de las pruebas que cita el fiscal es el hecho de que en el partido entre Independiente y Flamenco “con las entradas truchas” entraron “18 mil personas más que las registradas oficialmente”. Según el fiscal el fraude, además de esos negociados, incluyó la ampliación del estadio, falsos pagos de las cuotas sociales, los fondos de la publicidad y el transporte de los hinchas.

Además, en una de sus cinco declaraciones indagatorias, Bebote contó cómo lograban conseguir las entradas de protocolo. En una oficina del histórico edificio de La Franco Argentina (Hipólito Yrigoyen 440/460) retiraban un pendrive. La empresa Integradores SA, que le provee logística informática al club, tiene sus oficinas en el segundo piso de ese edificio. Luego las imprimían y las vendían ilegalmente. En fuentes judiciales, se afirmó que en la causa incluso hay pruebas que demostrarían que la relación entre “Bebote” y los Moyano es previa a la Hugo ganara la presidencia de Independiente en julio del 2014. La lista de barrabravas que entraban gratis coincide con una lista secuestrada en una de esas oficinas y además varios de los hinchas admitían que entraban gratis gracias a un acuerdo con "El Bebote".

Moyano hijo está acusado de ser "jefe de una asociación ilícita" para defraudar al Club Independiente que preside su padre Hugo, "mediante la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas y protocolos de acceso a los espectáculos deportivos".

"No pusimos trabajadores para que no entre Gendarmería, organizamos para que los afiliados se puedan atender en la obra social", se defendió el dirigente sindical ante las cámaras de Todo Noticias. Y aseguró: "No tenemos nada que esconder".

En diciembre, el Tribunal de Enjuiciamiento bonaerense dispuso el apartamiento del juez de Garantías de Lomas de Zamora, Luis Carzoglio, el magistrado que denegó la prisión preventiva de Pablo Moyano por la causa de asociación ilícita en el manejo de Independiente y que también había negado los allanamientos que finalmente se concretaron este lunes.

Cuando Carzoglio rechazó el pedido del fiscal para realizarlos, Scalera apeló y la Sala II de Cámara de Apelaciones ordenó volver a analizar el tema. Ante ello, la jueza suplente Madrid decidió hacer lugar a los solicitado.

Según la investigación de Scalera, la asociación ilícita de la cual sería jefe Pablo Moyano se dedicó a “defraudar al Club Independiente mediante la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas y “protocolos” de acceso a los espectáculos deportivos” todo esto, sin ingresar al patrimonio del Club los ingresos correspondientes a dichas entradas.

¿Qué rol tenía Hugo Moyano en esta estructura? Según la Justicia, nada podía escapar de su responsabilidad y conocimiento como principal autoridad de la institución deportiva. En el dictamen donde el fiscal solicitó la detención del hijo del líder de Camioneros, el fiscal indicó que no se puede concebir la idea que los barrabravas podían actuar aisladamente convirtiendo a la dirigencia deportiva en “simples extorsionados”. En el escrito se detalló: “Ese grupo de sujetos violentos obtiene determinados beneficios del Club Independiente (entradas, protocolos, cuotas sociales, ingreso a estadio, viajes, etc) que permiten la conservación de la estructura ilícita y su constante actividad al margen de la ley”.

Bajo el convencimiento que Moyano estaba implicado en la asociación ilícita y “convalidó varias acciones cometidas”, es que Scalera había pedido allanar sus domicilios particulares como el de las empresas familiares. Muchas de ellas son investigadas en otras causas por contrataciones millonarias realizadas por el sindicato y la estrecha vinculación el movimiento de fondos que en algunas causas se investigan como presunto lavado de activos.

En aquel dictamen del año pasado -cuyos argumentos, sumados a otras pruebas justificaron los allanamientos ordenados este lunes por la jueza Madrid- Scalera se apoyaba en sucesivas confesiones del ex jefe de la barra brava de Independiente, Pablo "Bebote" Alvarez, y apuntaba hacia Roberto “Polaco” Petrov, como un “intermediario” entre la barrabrava, Pablo y Hugo Moyano. Petrov no solo integró como vocal la lista que avaló a Hugo como presidente del club, sino que era su custodio personal.

Además, el secretario general de Independiente Héctor “Yoyo” Maldonado en su indagatoria habló de su rol dentro del club y en el sindicato de Camioneros como secretario protesorero. Dijo que la “relación fluida” era con Hugo, no así con Pablo Moyano. No pudo negar su relación “jerárquico-funcional con los Moyano a quienes reconoció como sus ascendientes directos” en las decisiones del club. Así, explicó que Hugo Moyano tenía “intervención directa en cuestiones vinculadas a la barrabrava”, indicó el fiscal. Pero Maldonado quiso remitir las prácticas ilegales a la gestión anterior a cargo de Javier Cantero.