Río Grande.- Tras varias jornadas de reuniones de la convención del MPF para intentar primero viabilizar la integración del intendente Gustavo Melella como cabeza de fórmula a la gobernación, y luego lograr una lista de unidad para los cuerpos colegiados, se presentó una lista opositora el pasado domingo, y el mismo lunes fue impugnada por el oficialismo partidario.

En horas de la tarde el Dr. Francisco Espeche, apoderado de la lista “Celeste y Blanca – Por un futuro el Movimiento”, formalizó la presentación ante la comisión electoral del partido, pidiendo que se declare “inválida” y “se excluya” de participar en el proceso electoral a la lista “Ponele Garra al Movimiento”.

El apoderado asegura que hay una “manifiesta falsificación de firmas insertas en la planilla de avales”, lo cual de acuerdo a disposiciones del artículo 55 de la carta orgánica partidaria, invalida la participación de toda la lista.

Por otra parte, impugna las precandidaturas a legisladores de Guillermo Oscar Díaz y de María Fernanda Pombo, y a concejal de Ricardo Garramuño por el “incumplimiento de las obligaciones” fijadas en el estatuto partidario, vinculadas con los aportes que deben realizar.

En la presentación se afirma que los mencionados no se encuentran “estatutariamente habilitados” para postularse. “Del análisis de la situación financiera y patrimonial del Movimiento Popular Fueguino, surge claramente que los precandidatos han incumplido con los aportes partidarios a los cuales están obligados”, dice, considerando que este incumplimiento “conculca la solidaridad e igualdad que debe presidir la dinámica de funcionamiento del partido”.

Hace referencia a los antecedentes jurídicos frente a incumplimientos de esta naturaleza, y además a la importancia de la “ejemplaridad cívica” que debe mostrar un electo o aspirante a serlo. “Qué podemos esperar si nuestros candidatos empiezan a reñirse con sus obligaciones desde la misma base, eludiendo el compromiso de sostener con su aporte el funcionamiento del partido”, expresa el apoderado, y sostiene que el aporte “está basado claramente en la carta magna, estructurado en la legislación y bien definido en el estatuto partidario y el reglamento electoral”.

La presentación aporta prueba documental, entre ella una copia del informe del tesorero de la departamental Ushuaia. En caso de duda de la autenticidad de esta copia, se pide que se lo consulte y requiera de toda documentación accesoria vinculada con el estado de los aportes.

También se pide un oficio al Municipio de Ushuaia para que verifique que estos tres precandidatos “son funcionarios y/o plantas políticas de la administración”.

En caso de que se ponga en duda la falsificación de firmas, pide una pericia caligráfica para las que están cuestionadas, al tiempo que se hace un llamado de atención al deber de control de las autoridades partidarias “sobre el cumplimiento de las obligaciones de los afiliados”, con la aclaración de que, aunque los tres precandidatos regularizaran su situación, pagando los aportes adeudados, no podrán obviarse los trámites pertinentes que implican el reclamo de la deuda y, hasta tanto no se perfeccionen, el afiliado seguirá inhabilitado para participar. Esta observación podría llevar fuera del plazo de impugnaciones el cumplimiento efectivo de los pagos.

Recuerda que además del aporte partidario que deben hacer los afiliados, para los electos que ocupan cargos les corresponde un aporte adicional, que no habría sido realizado tampoco. “No se persigue limitar el ejercicio de los derechos políticos de ningún afiliado, sino que se procura que todos los afiliados cumplan acabadamente con las previsiones del estatuto y la ley, en la etapa oportuna”, aclara Espeche.

Además, advierte que “no podrá considerarse que la lista ‘Ponele Garra al Movimiento’ encuadra como lista completa”, uno de los requisitos de las normas del partido para su oficialización.

Respecto de la falsificación de firmas, la califica como “grosera y manifiesta”, no habiendo en este caso “posibilidad de eludir las consecuencias legales”, lo que deja excluida de la participación a toda la lista.

“No resulta necesario ser perito en la materia para concluir que la firmas insertas corresponden a un mismo patrón escriturario”, dice Espeche, afirmando que fueron plasmadas por una misma persona. Pide que se cite a los afiliados para que verifiquen la falsificación de sus firmas y remarca que este hecho reviste “una situación de gravedad extrema que roza con la posible comisión de un delito penal”.

Además hace reserva de cuestión federal ante la Corte Suprema de Justicia, de no hacerse lugar a la impugnación, agotada la instancia judicial pertinente.

Finalmente pide la oficialización para su posterior proclamación de la lista “Celeste y Blanca -Por un futuro en Movimiento”.