El juez de instrucción Javier de Gamas Soler dictó el auto de procesamiento y trabó embargo de $62.500 a Darío Germán Pizarro, Leonel Emiliano Ortíz y Edgardo Gustavo Machado.

La investigación comenzó a raíz de las dudas que generó en la Sección de Bienestar Policial Ushuaia, la presentación de certificados falsos de parte de Ortiz.

Posteriormente, a través de cruces telefónicos, la Justicia llegó a los nombres del resto de los involucrados.

Pizarro fue hallado “prima facie” autor del delito de “falsificación de documento en cinco hechos que concurren realmente entre sí”, mientras que a Ortiz le atribuyeron los delitos de “defraudación a la administración pública en concurso ideal con uso de documento público falso, en concurso real con defraudación a la administración pública en grado de tentativa, en concurso ideal con uso de documento público falso”. Machado fue procesado por “defraudación a la administración pública en concurso ideal con el uso de documento público falso”.

El juez consideró demostrado, en esta instancia del proceso, que Pizarro era quien confeccionaba los certificados falsos suscriptos por un médico inexistente del Hospital Regional Ushuaia, llamado “José Juárez” para venderlos a distintas personas, entre ellas el agente de la policía de la provincia Ortiz, que los utilizó al menos en dos oportunidades para justificar inasistencias a su trabajo. Este los presentó el 6 de septiembre de 2017, para justificar las inasistencias del 6 y 7 de septiembre, y el 25 de septiembre de ese mismo año, para justificar las inasistencias del 25 y 26 de septiembre, según los investigadores.

Por su parte, Machado presentó un certificado de Pizarro para justificar inasistencias del 25 y 25 de septiembre de 2017 a la empresa “Ushuaia Integral Sociedad del Estado”.

En la causa también figura que Pizarro le habría vendido otro certificado a un empleado del CADIC (Centro Austral de Investigaciones Científicas) y que incluso se hizo uno para utilizar él mismo en su trabajo, que no llegó a usar.