El nombre de “Cuento Chino”, al famoso convenio firmado entre la exgobernadora Fabiana Ríos y la empresa de capitales chinos, Tierra del Fuego Energía y Química, nunca estuvo tan bien encuadrado como lo que sucede hoy en día.

Al “Convenio” le sucedieron un sin número de prorrogas, de incumplimiento, multas, de cambio de proyecto y finalmente la baja, cuando Rosana Bertone tomó las riendas del Poder Ejecutivo.

Ahora el “Cuento Chino” pretende que una cifra millonaria salga del Estado Fueguino, es decir de todos los fueguinos, para resarcir algo que nunca se hizo. Es por eso que la frase “Cuento Chino” cobra vida propia.

Antes de actuar la Justicia provincial, el presidente del Superior Tribunal Javier Muchnik deberá excusarse de participar en el pleito, sucede que su hermana Verónica Muchnik, es la representante de la empresa china que pretende cobrarle a la provincia una millonaria suma por incumplimiento del famoso “Convenio Chino” por el cual la empresa “Tierra del Fuego Energía y Química” debería haber levantado una planta de urea dando valor agregado al gas fueguino y generando cientos de puestos de trabajo, cosa que nunca sucedió.

Popularmente llamado el “Cuento Chino” el mismo parece no tener fin. Esta semana se supo que desde la Fiscalía de Estado se solicitó al Superior Tribunal de Justicia que rechace la demanda. Sostiene que los argumentos sustentados por Tierra del Fuego Energía y Química carecen de sustento y resultan contradictorios.

Luego que la empresa pretende que se declare la invalidez de los decretos 1426/16 y 444/18, firmados por la gobernadora Bertone, mediante los que el Poder Ejecutivo Provincial dispuso rescindir por culpa de la empresa de capitales chinos el Convenio de Suministro de Gas de Regalías, rubricado en 2010 y que contemplaba la construcción de un planta de producción de urea, e intimar a TEQSA al pago de 275 millones de pesos en concepto de remanente de compensación por multas e integración de la garantía de cumplimiento de contrato y de 4,9 millones de dólares en concepto de intereses por falta de pago del segundo adelanto por la compra de gas de regalías.

A mediados del pasado mes de diciembre, la Fiscalía de Estado remitió para conocimiento de los Legisladores copia de la contestación de la demanda promovida por la abogada Verónica Muchnik, en su carácter de apoderada de la empresa, en el marco de la causa caratulada “Tierra del Fuego Energía y Química S.A. c/ Provincia de Tierra del Fuego s/Contencioso Administrativo”.

Desde el órgano de control se indica que la abogada de TEQSA sostiene que “los incumplimientos” que el Ejecutivo fueguino le endilga a la empresa “no habrían sido por su culpa, sino a consecuencia de circunstancias fácticas que configurarían causales de fuerza mayor” reprochables a “la conducta de ciertos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”, y cuestiona “que todas las obligaciones contractuales se encontraban suspendidas al momento de rescindirse el convenio” ya que el 14 de diciembre de 2105, la ex gobernadora Ríos prorrogó la vigencia de un acta acuerdo firmada en marzo de 2014 en la que las partes habían resuelto crear una comisión especial y “suspender la ejecución del convenio” por 100 días hábiles prorrogables automáticamente, por períodos de 60 días hábiles, “para arribar a conclusiones u opciones concretas respecto de la vigencia del Convenio”.

A entender de la Fiscalía de Estado y del Ejecutivo ese “impasse no modificó de ninguna manera (…) la existencia de una situación de incumplimiento por parte de la empresa motivada en su exclusiva culpa, de intereses devengados y en curso derivados” de la mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa, “y de penalidades aplicadas. Decisiones todas adoptadas mediante actos administrativos que ya entonces se hallaban firmes y consentidos”. Agrega, además, que la decisión de rescindir el convenio se adoptó “a partir del vencimiento del plazo” establecido a mediados de diciembre de 2015.

En cuanto a los restantes argumentos esgrimidos por TFEQSA en su demanda, afirma que carecen “de andamiaje y deja perplejo por sus contradicciones”.

Asegura que la Provincia “obró con prudencia y tolerancia” y que “resulta ajena a las razones de supuesta fuerza mayor invocadas por la demandante” y que “aún en el improbable caso de resultar ciertos los extremos alegados en este sentido por TEQSA, no queda para nada claro con qué atribuciones los funcionarios nacionales denunciados por la contraria planeaban torcer el rumbo de una contratación legítimamente concertada por Tierra del Fuego sobre recursos que integran su dominio originario”.

Califica la conducta de la empresa de “especulativa, opaca y contradictoria” a los estándares de “conducta esperados de un buen hombre de negocios”.

Como conclusión de los hechos detallados a lo largo de más de 300 fojas, la Fiscalía de Estado sostiene que “la profusa verbosidad” contenida en la demanda “no alcanza a ocultar la realidad evidente y palpable: que, donde debería hoy estar levantada y funcionando una planta de industrialización de hidrocarburos capaz de generar enormes ingresos contractuales e impositivos para la Provincia, empleo para cientos de fueguinos y derrame a otros sectores de nuestra economía, no hay más que un predio vacío y muchas excusas incomprobables que no pueden de ningún modo alcanzar para torcer la legítima voluntad de liberar a las partes de un compromiso respecto del cual se ha perdido no sólo la esperanza sino también la confianza”.

Por ello plantea que “la extinción del vínculo no puede ir acompañada de displicencia hacia 1o ocurrido en el transcurso de estos años. Como en cualquier otra contratación del Estado la frustración del interés público tiene un costo. TEQSA decidió unilateralmente suspender la ejecución del contrato. Ahora debe asumir el precio de sus decisiones. La sociedad de Tierra del Fuego ya aceptó el suyo propio al ver desvanecerse ampulosas promesas de progreso y crecimiento que nunca se concretaron”.

El cambio de planes

Entre los archivos del famoso “Cuento chino” se puede encontrar, las varias prorrogas que el gobierno de Fabiana Ríos fue concediendo a lo largo de su mandato, mientras que las esperanzas de una industria de urea con cientos de puestos de trabajo se fue evaporando en las narices de todos los fueguinos.

Lo cierto es que en presencia del entonces ministro de Economía de Nación, Axel Kicillof y la subsecretaria de Coordinación Económica y Mejora de la competitividad, Mariana González, se firmó un acta acuerdo entre la provincia de Tierra del Fuego, con su representante la gobernadora Fabiana Ríos y la empresa Tierra del Fuego Energía y Química (TDFEyQ).

En el acuerdo se suspende el contrato firmado en el año 2010, para reorientar las inversiones en la provincia. También participaron del encuentro el ministro Jefe de Gabinete, Guillermo Aramburu y el secretario de Energía e Hidrocarburos, Omar Nogar.

La empresa china manifestó que al verse modificados sustancialmente los esquemas de exploración y explotación de gas, lo que “implica un nivel de costos superior al vigente en las últimas décadas respecto a la explotación de gas convencional” solicita “la reorientación de las inversiones previstas, a otros proyectos de interés provincial.”

En concordancia con lo expuesto por la empresa y en busca del autoabastecimiento energético nacional, la provincia manifestó por su parte el interés en el desarrollo de inversiones que involucren la exploración y explotación de recursos energéticos y el desarrollo económico local.

La provincia estableció un plazo de 90 días prorrogables por igual período, durante el que se analizarán las opciones de resolución y vigencia del convenio y de redireccionamiento de la inversión a realizar, haciendo hincapié en los posibles nuevos acuerdos que serán sujetos como corresponde a la evaluación de los órganos de contralor y a la ratificación de legislativa.

Las partes acordaron la necesidad de conformar una comisión integrada por representantes de la provincia de Tierra del Fuego y de la empresa TDFEyQ, cuyas conclusiones se elevaran a las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional a los fines de su consideración en relación a las razones estratégicas generales que involucran las cuestiones energéticas.