La orden judicial reconoce la falta de información oficial dirigida a los estudiantes y a los docentes que se verán perjudicados por la decisión, y ordena presentar toda la documentación respaldatoria en el plazo de cinco días, ante lo que los demandantes consideraron “una práctica que lesiona gravemente el derecho de acceso a la educación”.

Los amparos subrayaron “la ausencia de una resolución que explique los fundamentos y los alcances de una medida que reduce la oferta educativa de la educación terciaria, que afecta el derecho a la educación de los miembros de la comunidad educativa y el derecho al trabajo del personal docente y no docente del instituto”. En uno de los casos, el titular del Juzgado N° 10 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Aurelio Ammirato, le ordenó a la ministra Acuña suspender el cierre de la Tecnicatura Superior en Protocolo y Ceremonial y el traslado de la sede donde se cursa la Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental, que se dicta en el IFTS N° 22.

La otra precautelar fue dictada por la jueza Soledad Larrea, del Juzgado N° 12 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, y suspendió el proceso de reorganización del IFTS N° 9 y exhorta a abstenerse de cualquier medida tendiente al cierre o al cese del funcionamiento del establecimiento. En la demanda, los directivos detallaron que, a principios de octubre, los rectores y secretarios de los institutos 4, 9, 16, 22 y 29 fueron convocados por la cartera de Educación para notificarles de manera informal que los institutos serían desactivados a partir del 1 de enero de 2019.

Por eso, la presentación acompañada por el defensor oficial, Ramiro Dos Santos Freire, resalta el derecho del colectivo afectado de recibir una “adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio” y acreditar la oportuna notificación de las decisiones tomadas por el ministerio encabezado por Acuña.