Río Grande.- El concejal radical Paulino Rossi renovó sus críticas a La Cámpora y en particular al diputado Martín Pérez en una entrevista con Radio Universidad 93.5, por el costo de la construcción del edificio en convenio con el SEDRONAR para el tratamiento de adicciones.

“El edificio que hicieron en Río Grande está cerrado y es un símbolo de la corrupción de La Cámpora, porque ellos mismos se han adjudicado la gestión en el 2015 -dijo-. Lograron un convenio directo con el SEDRONAR, que les transfirió fondos sin ningún tipo de licitación, hicieron la construcción de ese edificio y, por la información oficial que recibimos, se pagaron 3.000 dólares el metro cuadrado en pleno proceso de campaña electoral”, sostuvo.

“Lo más grave es que ese edificio, que fue construido para luchar contra el narcotráfico, está cerrado. La obra está concluida y tiene hasta alarma, pero está tapado el cartel de obra para no mostrar cuánto costó y quién lo hizo. Pared de por medio está la gente de Santa Mónica, que trabaja a destajo en lo que respecta a adicciones, están totalmente desbordados y es realmente inmoral que haya tantos fondos públicos destinados a un edificio que está cerrado y de espaldas a la sociedad”, fustigó.

Consultado sobre los resortes del Concejo para gestionar la puesta en marcha, dijo que “hemos hecho pedidos de informe oficiales al Ejecutivo, pero no respondió; también pedimos informes al SEDRONAR, que sí nos respondió, y ahora estamos evaluando con el cuerpo de abogados cuáles son los pasos a seguir con este edificio que salió tan caro, porque se construyeron 350 metros cuadrados a 3.000 dólares el metro cuando cuesta 1.000 dólares en el mercado. Hay 2.000 dólares por metro cuadrado de más y no vemos la razón de por qué se pagó tan caro. Da la casualidad que justo se ejecutó en pleno proceso electoral en 2015”, reiteró.

Hasta el momento no se conoce ninguna denuncia por presuntos sobreprecios más allá de las críticas por los medios de comunicación. “La última vez que hablamos del tema, hubo una reunión del diputado Martín Pérez con la gobernadora Bertone para ver de qué manera se trasladaba este edificio al área de salud mental para abrirlo, pero quedó en el anuncio nada más. Consultamos al Municipio, y respondió que el edificio fue adjudicado a una ONG, de la que es titular una ex diputada de Salta, que no sé si alguna vez estuvo en la provincia. En paralelo se hizo la casa de los jóvenes con el Municipio, que está funcionando y es excelente cómo trabaja. El predio de este edificio era municipal y, a pedido del SEDRONAR, se adjudicó a esta ONG, que recibió la totalidad de los fondos para la construcción”, explicó.

“Desde el SEDRONAR nos enviaron los convenios con la fundación y yo señalo a La Cámpora porque el diputado Pérez se adjudica la gestión y el envío de fondos para construir el edificio sin licitación pública, para trabajar en adicciones. El anuncio se llevó adelante con la gobernadora”, recordó Rossi.

Aseguró que “en el convenio no figura la empresa responsable de ejecutar la obra, y no hay rendición de cuentas del proceso con que se contrató ni cuál es la empresa que lo llevó adelante. El SEDRONAR informa que la obra fue cumplida en el 99% y el 1% debe ser el trámite administrativo para concluir con la remisión de fondos”, barajó.

Agregó que “la representante de la ONG no tiene domicilio en Tierra del Fuego y no tenemos forma de consultarle, así que nos manejamos con los medios oficiales, que son el Municipio y el SEDRONAR”.

López en el Concejo

Por otra parte, se le preguntó sobre el paso del Dr. Carlos López, presidente del Laboratorio del Fin del Mundo, por el Concejo Deliberante, dado que fue invitado en el marco del debate de la ordenanza antidoping. “Fue una reunión muy productiva por la calidad técnica que tienen los profesionales a cargo del Laboratorio del Fin del Mundo. Nos dieron la plena seguridad de que hay

capacidad y profesionalismo para llevar adelante los controles antidoping y no hay ningún problema operativo”, afirmó.

“Nos explicaron la experiencia de los últimos años con los controles que se hacen a la policía, que son habituales. Desde el punto de vista técnico no habría inconveniente para llevar adelante esta ordenanza. La Provincia y el Concejo Deliberante de Ushuaia han avanzado en el mismo sentido y esperamos que no queden más dudas de algunos concejales que no estuvieron de acuerdo y pidieron un cuarto intermedio ayer a la mañana”, dijo.

Precisó que “fueron las concejales Colazo, Duré, González y Mora. Me llamó la atención que pidieran un cuarto intermedio no por este asunto sino por toda la sesión, como si no fuera necesario trabajar por lo que la ciudad necesita. En la sesión de la semana pasada no dieron quórum y después pidieron un cuarto intermedio hasta el viernes”, cuestionó.

Para Rossi “hay una potencialidad gigante con el Laboratorio del Fin del Mundo, equipamiento que no existe en otro lugar de la Argentina y quedamos muy contentos por ver que existe esta potencialidad para empezar a tener esperanza en medio de esta situación que atraviesa Tierra del Fuego.Para nosotros es fundamental que el análisis se haga en el sector público, porque en el privado no hay garantías de qué muestra se tomó”, dijo.

Ajuste nacional

Finalmente se le consultó sobre el ajuste del presupuesto nacional que están consensuando los gobernadores con nación, y consideró “muy complejo el panorama que viene para la Patagonia y Tierra del Fuego en particular, por esta quita de subsidios y de fondos para la obra pública. Hemos acompañado al intendente en el amparo presentado por la quita del fondo de la soja, que no se puede eliminar de manera intempestiva y a la mitad de un ejercicio, porque hay un plan de obras financiado con esos recursos”.

“Nos preocupa la situación de energía, la quita de los subsidios al transporte, porque la situación de los sectores de menos recursos es muy tensa y este tipo de medidas golpea directamente a los que menos tienen. Vamos a tratar de consensuar un presupuesto con el Municipio, pero sabemos que estas situaciones pueden llegar a complicar muchísimo”, anticipó.

En el caso del subsidio al transporte, el impacto se va a traducir en un aumento del boleto: “Estimo que son alrededor de dos millones de pesos por mes de subsidios nacionales y a eso se suman tres millones de pesos que aporta el Municipio para mantener la tarifa más baja de la Argentina en el boleto de colectivo. En caso de eliminarse los subsidios nacionales, va a impactar directamente en el costo del boleto y vamos a tener que prever los mecanismos para amortiguarlo”, concluyó.