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Asignaciones familiares

MPF pedirá a parlamentarios que fijen el beneficio por ley

La legisladora del MPF Mónica Urquiza sostuvo que hoy las asignaciones familiares dependen de un decreto del poder de turno, por lo que desde el bloque presentaron un proyecto de resolución para pedir al Congreso la sanción de una ley. Se mostró preocupada por la suspensión, convencida de que se va a avanzar con un recorte porque, de lo contrario, hubieran dado marcha atrás con el decreto. En cuanto al ajuste en la zona para los jubilados, advirtió que hasta ahora los rumores que fueron circulando terminaron convirtiéndose en realidad.

La legisladora del MPF Mónica Urquiza adelantó la presentación de una resolución pidiendo a diputados y senadores la sanción de una ley para fijar las asignaciones familiares, que hoy dependen de un decreto.

Río Grande.- La legisladora del MPF Mónica Urquiza adelantó por Radio Provincia la presentación de una resolución pidiendo a diputados y senadores la sanción de una ley para fijar las asignaciones familiares, que hoy dependen de un decreto.

“La realidad nos está golpeando mucho y van surgiendo temas de los que ya se venía hablando mucho, con esto del ajuste, del presupuesto. Estamos en una etapa del año donde viene una de las tareas más importantes para nosotros, que va a ser el análisis del presupuesto. Nuestra Constitución exige la presentación al 31 de agosto y este año en particular muchas cosas dependen de medidas nacionales. Entre estas, hemos tenido confirmado el recorte de las asignaciones familiares para los trabajadores del ámbito privado”, expresó.

“Ahora se suspendió por 30 días, pero no es una derogación. Esto significa que sigue latente y la idea de tocar algo está. Quizás no sea tanto, quizás se consideren diferenciaciones entre las provincias, pero el fin es el mismo, hacer un recorte porque si no, lo hubiesen derogado”, observó.

“Las asignaciones familiares que sufren la reducción son las que recibe el sector privado. En el presupuesto de la provincia esto no se va a ver reflejado y no va a impactar, pero sí va a estar en el presupuesto nacional. Pero aunque no impacta directamente, en definitiva impacta sobre los ciudadanos de Tierra del Fuego que van a dejar de percibir estas asignaciones. Esto significa menor poder adquisitivo, menor plata en la provincia e indirectamente afecta las arcas provinciales porque hay menos consumo y se recaudan menos impuestos”, dijo.

También espera más claridad del gobierno fueguino al momento de debatir el nuevo presupuesto. “Desde hace dos años y medio tenemos el problema de la falta de información de este gobierno. A esta altura del año recién tenemos la información, y demasiado resumida, de la ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2018. Uno tiene que buscar información de ministerios nacionales, investigar por todos lados, porque no tenemos información oficial y de la página oficial no surge nada. Por otro lado está lo que uno escucha, la noticia de lo que podría llegar a ser la reducción de las partidas nacionales hacia las provincias. Se habla de la reducción de recursos FONAVI, que es muy delicado, por otro lado escuchamos a funcionarios de gobierno decir que la nación está demorada en las transferencias y que han tenido que pagar con recursos provinciales las deudas que se generan”, manifestó, teniendo en cuenta una deuda que ya asciende al millón de pesos, según el vicegobernador Arcando.

“Por otro lado hay obras como la del puerto, que se ejecutaba con recursos de la nación, donde la provincia tenía una contrapartida bastante importante con la que está cumpliendo, que es pagar las inspecciones de obra. La provincia ha cumplido pero la nación no, con el agravante de poner en riesgo la próxima temporada de cruceros”, sostuvo.

“Ya venimos del pacto fiscal donde, recursos que eran de libre disponibilidad, ahora son de afectación específica y las provincias sí o sí los tienen que afectar para obra pública y lo tiene que dejar de afectar a otros sectores. Se habla de programas nacionales que tiene que ver con desarrollo social y son temas que van a tener su consecuencia directa. Con la obra pública estamos esperando hace bastante que el gobierno termine de invertir como corresponde los fondos que le fueron aprobados por 200 millones de dólares, en vez de prestarlos en letras y demás, para activar la obra pública”, reclamó.

“Por otro lado, los convenios que se han suscripto de endeudamiento o subsidios con el gobierno nacional ahora resulta que se invierten en cuanto a la contrapartida, porque primero la va a tener que hacer la provincia y después la nación. Es muy importante, porque hablamos de convenios de 70-30, de 80-20, donde cada uno tenía que aportar una parte. Son cosas que realmente preocupan y forman parte de lo que uno venía advirtiendo sobre los convenios que ha suscripto la gobernadora”, aseguró.

Consultada acerca de los pasos que dará la Legislatura frente al recorte de las asignaciones, dijo que “nosotros presentamos un proyecto de resolución rechazando el decreto del Ejecutivo nacional y solicitando a los diputados y senadores nacionales que, en la medida de sus responsabilidades y atribuciones, impulsen un proyecto de ley para definir la zona. Queremos algo que ya quede determinado por ley y que no pueda ser modificado por un decreto como ahora; y que se puedan explicar las condiciones de vida de cada una de las provincias patagónicas que hemos sido afectadas y se determine por ley, así como tenemos determinado por ley en la provincia el 100% de zona para los empleados estatales. No es un capricho y el porqué de este adicional está totalmente fundamentado. Uno escucha a periodistas y funcionarios nacionales que hablan de injusticia, porque todo el país es federal y debemos recibir la misma asignación, pero no es lo mismo vivir en la provincia de Buenos Aires que en Tierra del Fuego”, remarcó.

Con respecto al recorte en las jubilaciones, pidió “estar atentos, porque uno escucha rumores y comentarios y la mayoría van abriendo camino y terminan siendo realidad. No hacen más que confirmar y profundizar la angustia de la gente”.

“Las asignaciones afectan directamente a quienes más lo necesitan desde lo social, porque hablamos de la falta de consumo, de la falta de incremento salarial, de la inflación que vemos todos los días cuando vamos al supermercado, porque todo aumenta. Disminuir las asignaciones tiene un impacto directo en el bolsillo del trabajador y es muy delicado, y a uno le preocupa que se tome este tipo de medidas porque no sabemos adónde vamos a llegar”, planteó.

Agregó que “hay muchos que ponen en tela de juicio el subsidio al gas en las provincias patagónicas. Nos dicen que somos ricos, que tenemos gas y petróleo, pero precisamente tenemos el gas que usan ellos y Buenos Aires tiene todo subsidiado. Es algo que pagamos el resto de las provincias”.

“Todas las provincias tenemos necesidades distintas y esto lo planteamos en su momento. Cuando se toman estas medidas escucho nuevamente las palabras del ex ministro Aranguren cuando nos dijo que todas las provincias éramos iguales y ninguna tenía que tener más beneficios que otra”, recordó.

Consideró positivo que en este caso se vio una reacción de los referentes de Cambiemos, que se unieron con la oposición en el rechazo. “Más allá de pertenecer a un espacio político, uno vive en la provincia, conoce lo que pasa. Nosotros estamos atentos desde hace bastante, porque hoy es el tema de las asignaciones, hemos hablado del tema del gas, ya sabemos la situación de la industria, lo que pasa con la ley de promoción y hay que estar atentos para deshacer estas cosas”, insistió.

Se refirió a la reunión de la gobernadora, el sector empresario y sindical con el ministro de Producción Dante Sica, que demostró nuevamente que el gobierno nacional no quiere saber nada con la prórroga de la ley. “Por supuesto desde nuestro espacio político lo hemos planteado. Se llegó al acuerdo de noviembre pasado, pero tenemos trabajadores en la calle. La situación en Río Grande es sumamente delicada y de lo único que quieren hablar es del acuerdo. Acá hay que definir prioridades y la prioridad era definir la continuidad del régimen, que no se definió”, lamentó.

“Se tomó la decisión inmediata de congelar el sueldo de los trabajadores pero no se sostienen las fuentes de trabajo”, dijo, y apuntó a la letra chica del acuerdo de noviembre, que no da garantías ni a los contratados ni al personal de limpieza o que presta servicios tercerizados.

“Cuando se suscribió el acuerdo uno fue advirtiendo estos puntos y nos decían que estábamos equivocados, que no se había avalado el congelamiento del salario. Pero nosotros lo advertimos y en su momento nos convocaron únicamente para sacar la foto. Esto tiene un costo social muy alto y luego tardamos muchos años para recuperarnos. El acuerdo es un paliativo, pero existe una responsabilidad del estado, porque hace mucho tiempo venimos hablando de los contratos basura y existe un Ministerio de Trabajo que debería haber actuado, más allá del acuerdo con el gremio, porque hay leyes laborales que se deben cumplir”, enfatizó.

“Hay que ponerse firmes y no es cuestión de que el Ministro de Producción de la nación diga que de la prórroga no se habla. ¿Cómo que no se habla?, si esto define parte del futuro de nuestra provincia”, remarcó,

“Tenemos que hablar seriamente y definir los puntos que hay que definir, o si no, que definan lo que se pretende, porque no podemos estar en ascuas, ni los empresarios ni los empleados tampoco”, concluyó.

 


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