En la tarde noche de este jueves, la comunidad de Ushuaia, convocada por la Multisectorial de Derechos Humanos, se concentró en San Martín y Fadul  para rechazar la modificación que el presidente Mauricio Macri hizo sobre la Ley 24.059 (de Seguridad Interior).

El micrófono estuvo abierto a todos los que desearan participar para expresar sus puntos de vista. Tomaron la palabra Miguel Herrera, referente en Ushuaia de la revista La Poderosa; Ingrid Lagos Cartes, referente de la organización feminista La Hoguera y Érika Moreno, integrante de Red Diversa Positiva, organismo que lucha por los derechos de la comunidad LGBTYQ.

Pudo verse en la manifestación a referentes de distintas organizaciones sindicales como SOEM y AFEP y de organizaciones políticas como La Cámpora. También participaron funcionarios de la Municipalidad de Ushuaia, entre otros.

A continuación compartimos el documento leído como corolario de las alocuciones y previamente a la

DOCUMENTO 26/7/18

Mediante el decreto 683/18, un simple decreto reglamentario que modifica otro pero que avasalla el sentido de una ley, publicado el 24 de julio pasado, el gobierno macrista intenta cambiar las bases sobre las que está estructurado nuestro sistema de defensa nacional, construido desde la recuperación democrática, expresado básicamente en las leyes de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional. Este rompe con el consenso político y social logrado en democracia sobre el propio concepto de Defensa, que apunta a la estricta separación de las Fuerzas Armadas de la seguridad interior y a la plena subordinación de éstas a las autoridades constitucionales civiles. La imposición de dicha reforma resulta “absolutamente inconstitucional, ya que nunca un decreto reglamentario puede modificar el texto de una ley”. En este caso, la modificación recae sobre la Ley de Seguridad Interior (24.059) que establece los excepcionales supuestos en los que las FFAA pueden intervenir. La excusa justificativa del Gobierno es la intención de legitimar la intervención militar en las llamadas “nuevas amenazas”: el narcotráfico y el terrorismo.

Además de la inconstitucionalidad que plantea la manera en que se impone dicha reforma, es preocupante al extremo el costo social que debemos pagar como Pueblo ante tamaña arbitrariedad. Sabemos que cuando se habla de combatir el narcotráfico, de lo que se está hablando es de perseguir y reprimir a nuestros pibes y pibas en las villas, en los barrios más populares, de perseguir a los y las más vulnerables, en lugar de desarmar las grandes bandas narcotraficantes de las que muchos y muchas de quienes nos gobiernan, nos vigilan y reprimen hacen parte. De igual manera, cuando se plantea la amenaza del terrorismo, no se refieren a otra cosa sino a toda expresión de oposición a las políticas de ajuste, pobreza y endeudamiento que el gobierno encuentre en el Pueblo. Mauricio Macri y todos sus cómplices a nivel nacional, provincial y municipal necesitan de las FFAA en las calles para sostener y profundizar este modelo económico neoliberal que llevan adelante. No hay ajuste posible sin represión. No hay endeudamiento posible sin perseguir a la oposición. No hay posibilidad de agrandar la brecha de pobreza capitalista sin la complicidad de la burguesía en el Congreso y de la milicia en las calles. El proyecto económico que nos impone este gobierno se materializa con la instalación de una oficina del FMI en Buenos Aires y con la pérdida de soberanía territorial y económica que implica el asentamiento de bases militares yanquis que se está dando en la Patagonia.

En nuestra provincia, con un gobierno completamente alineado con el mandato nacional desde siempre, tenemos muestras claras de las consecuencias de este modelo económico de ajuste y recorte. Con más de 15 mil despidos en lo que va de la gestión Macri-Bertone, hoy son los y las trabajadoras de la empresa AUDIVIC quienes están luchando por su fuente laboral y resisten con la ocupación de la planta el intento de vaciamiento de la patronal, que les adeuda los salarios desde el mes de abril, el sueldo anual complementario y las liquidaciones finales de quienes sufrieron la pérdida de sus puestos de trabajo, por el vencimiento de contratos.

La Educación también sufre el ajuste y el recorte en todos sus niveles, como la comunidad educativa del IPES FA, nuestra institución de formación docente de la ciudad, que se encuentra intervenida desde el 26 de marzo, con la única intención de recortar horas vitales en la formación de quienes luego serán los y las docentes de nuestra provincia, lo que se concreta con el despido encubierto de una gran cantidad de docentes de la institución. Nuevamente, el gobierno bertonista, como ya lo había hecho el gobierno de Rios, hace uso de herramientas propias de la dictadura militar como lo son la intervención arbitraria de una institución educativa, como lo fue la exoneración de los 17 trabajadores y trabajadoras estatales que aún sigue en curso. Como así también, los recortes en Salud Pública, la total falta de políticas de inclusión real y concreta para la comunidad Trans, Travesti y Transgénero, tanto en el ámbito laboral como en lo que a vivienda y salud se refiere, la no apertura de paritarias para el sector docente, la reforma previsional en curso. Todas y cada una de estas, medidas que no pretenden otra cosa que replicar el ajuste, el recorte y el empobrecimiento estructural de los sectores más vulnerados: les trabajadores, las mujeres y sexualidades disidentes, les estudiantes, los Pueblos Originarios.

Es por todo esto que es imperioso rechazar el decreto y reclamar que cualquier intento de modificación de las leyes de Defensa o Seguridad Interior así como de otras leyes discutidas y debatidas en democracia, sea enviado en formato de proyecto de ley para su debate en el Congreso. No se puede seguir pasando por alto a las instituciones democráticas. Votamos presidente y también legislador@s. No podemos ni debemos permitir que nos gobiernen por decreto. No podemos ni debemos permitir que se avasallen nuestros derechos más elementales como lo son el libre tránsito, la libre expresión, la vivienda y el trabajo digno, la Educación y la Salud Públicas. Pero sobre todo, no podemos ni debemos permitir que para imponernos el ajuste y el endeudamiento a este Pueblo que ya gritó con todas sus fuerzas Nunca Más, le hagan revivir los momentos más oscuros de su historia más reciente. La militarización de las calles del territorio que hace 200 años se llama Argentina, los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel son un nuevo intento de imponer el terror y la represión como práctica cotidiana. No lo vamos a permitir.

Desde la Multisectorial de Derechos Humanos de Ushuaia, junto a todes ustedes, decimos:

¡NO PASARÁN!

¡NI UN PASO ATRÁS!

¡NO AL FMI Y SUS POLÍTICAS DE AJUSTE!

¡NO AL GOBIERNO POR DECRETO!

¡NUNCA MÁS LAS FF AA EN LAS CALLES!

¡NO A LA MILITARIZACIÓN DE LA ARGENTINA, NI DE NINGÚN TERRITORIO A LO LARGO Y ANCHO DE ESTE CONTINENTE!