Río Grande.- La crisis en la zona norte golpea cada vez más duro, y desde el Municipio de Río Grande se intenta dar respuesta a la demanda que crece, con más del 80% del presupuesto del área social agotado en el primer semestre.

En diálogo con Radio Universidad 93.5, la secretaria Promoción Social Analía Cubino indicó que hasta hace poco tiempo atendían entre 1.500 y 1.600 personas por mes, hoy las cifras son más del doble: “Los números cada vez son más altos y ya se nos desactualizaron, porque estamos atendiendo más de 150 personas diariamente. Hay días en que llegamos a las 200 personas y hemos superado los 3.200 módulos alimentarios. En junio tuvimos que reforzar con 1.000 módulos más el programa alimentario municipal, que aumenta en sus valores nutricionales y en la cantidad de alimentos que entregamos, pero no alcanza para todas las familias. Esto acompaña a las familias, pero para muchas es el único alimento al que pueden acceder, porque están muy imposibilitados de resolver la vida cotidiana, sin poder pagar el alquiler. Hemos tenido situaciones de desalojo o de amenazas de desalojo a familias que están con una angustia muy grande. Esto es por la imposibilidad económica de tener un ingreso, pero a su vez es muy grave el desgaste emocional y la erosión hacia adentro de las familias”, advirtió.

“Las familias están volviendo a tener en su casa a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, en condiciones incluso de hacinamiento. Esto tiene una complejidad cada vez más fuerte y la forma de asistencia ha cambiado, porque hay muchas más personas en emergencia. Administrativamente un trámite demoraba tres días, pero ahora en muchos casos hay que resolverlos durante la madrugada con herramientas distintas, por la emergencia”, dijo.

A razón de 150 personas por día, son 4.500 al mes como mínimo los que requieren de la asistencia municipal. “Los domingos no hay atención en las oficinas, pero tenemos la guardia de 24 horas y ahí se ven casos con emergencias gravísimas”, indicó la funcionaria.

“Cuando yo asumí para continuar con la tarea que venía realizando Gabriela Castillo, teníamos una atención de 1.800 módulos. Esto va variando porque, más allá de la gente que está empadronada, hay meses donde hay refuerzos. Es grande el cambio y tiene que ver con los momentos que está viviendo la ciudad, porque la forma de gestionar no cambió”, sostuvo.

Aseguró que “ninguna de las personas que estamos atendiendo tiene trabajo. Esta es una de las condiciones para recibir el módulo y acceder al programa alimentario. También generamos subsidios y ayudas económicas con una contraprestación de las personas, para casos de familias que tienen un ingreso mínimo, pero que tampoco alcanza. El INDEC ha hecho la encuesta permanente de hogares y manifiesta que la canasta básica familiar ya está en más de 18.000 pesos.Hay mucha gente que quizás tiene trabajo, pero cobra 12.000 ó 15.000 pesos, y no llegan. Claramente es muy difícil la situación y todas las semanas se siguen suspendiendo trabajadores, reduciendo jornadas, y esto lo vemos también con el área de Producción, que trata de encontrar la posibilidad de que tengan formación inmediata, que se contacten con las empresas, pero el panorama es desolador porque no hay posibilidad de ingresar a trabajar en este momento”, lamentó.

Consultada sobre la composición de cada módulo, detalló que “tiene una parte de alimentos no perecederos, lo que antiguamente se llamaba el módulo seco. En agosto del año pasado se incorporaron alimentos frescos, verduras y frutas, y son entre 12 y 13 kilos, más 12 kilos de alimentos no perecederos y entre 3 y 4 kilos de pescado que se entregan desde abril. Son unos 27 kilos en mercadería por mes”, estimó.

“Nosotros armamos una licitación, se llama a concurso de precios y varía el monto total, pero supera los 1.200 pesos. Hay toda una logística para gestionar para poder entregar esa variedad de alimentos.

Asimismo, explicó por qué se descartó una tarjeta social precargada para comprar alimentos, porque en determinado momento se analizó esta alternativa, a fin de que la gente pudiera ir al almacén de su barrio y elegir sus alimentos. Más allá de que ganaría el comercio del barrio, nuestro objetivo es que la gente tenga la posibilidad de tener el mejor alimento. Por eso seguimos sosteniendo la entrega de los módulos, porque garantizamos que sea el mejor alimento posible, al menor costo posible, y en este momento el estado es el mejor intermediario para comprar a valores mayoristas”, subrayó.

Pocos quieren regresar

Además se le preguntó sobre la gente que pide pasajes para regresar a su lugar de origen y, si bien dijo que “es una constante”, aclaró que “no son números sumamente significativos. Es importante porque cada familia que decide esto es porque no consigue trabajo, no tiene ningún ingreso y no son dueños de una vivienda. Algunos toman esta decisión y otros piden el acompañamiento del municipio para poder permanecer en la provincia.Lo que hacemos inmediatamente para que la familia no quede en situación de calle, es llevarlos a algún hospedaje y acompañarlos durante el tiempo que definen cómo van a proseguir. En algunos casos tienen una familia que les brinda lugar en su casa, y vuelven a vivir con su familia ampliada. Los acompañamos un mes o dos meses hasta que vuelven a ubicarse en otro lugar. Nuestra ciudad tiene una población muy joven y por lo general su familia está aquí. También hay familias que vienen pensando que acá se podía estar mejor y no consideraban que esto podía ser tan así, con un invierno muy crudo, sin abrigo suficiente”, observó sobre los recién llegados, que deciden retornar sobre sus pasos.

Zonas de riesgo

Respecto de las zonas de la ciudad donde la pobreza y la indigencia se sienten más, dijo que “la asistencia del padrón alimentario está en un 40% en los barrios de margen sur, pero hay situaciones de desalojo cerca de barrios como San Martín, Aeropuerto, donde había familias con ingresos de alguna empresa metalúrgica, y de golpe se quedaron sin ese ingreso. No hay gran cantidad de casos, pero es significativo cómo empiezan a cambiar las situaciones, porque los alquileres de esas familias estaban sostenidos por un ingreso que no está más”, planteó.

“Hay familias que estaban en margen sur y se vuelven a Chacra II con su madre, con su padre, que reciben a sus hijos y sus nietos. Hay barrios como Chacra IV y Chacra XI donde ya no pueden acceder a un alquiler de 6.000 pesos, y también está sucediendo esto en el casco viejo”, aseguró.

Servicios cada vez más caros

En cuanto a la tarifa de los servicios esenciales, indicó que “es complejo porque el gobierno provincial se ocupa de los bonos de gas, pero las empresas que reparten el gas envasado están generando algo muy difícil de comprender, ante la imposibilidad de comprar tubos. Hay familias en lista de espera para que les puedan vender un tubo, porque se ha generado una fuerte demanda, no se consiguen tubos y han surgido situaciones complejas como el robo de tubos entre los vecinos”, expuso.

“Con nuestro fondo de emergencia a veces durante el fin de semana o durante la noche, ayudamos a la recarga de los que quedaron en emergencia. Hay inescrupulosos frente a esta crisis y no sé si es la empresa o los que reparten, pero se generan estas situaciones de compulsa callejera respecto de quién va a tener ese tubo, y se empieza a generar un mercado paralelo de entrega de tubos entre los vecinos”, denunció.

“Esto se debe a la necesidad extrema de muchas familias y es lamentable que alguna genteempieza a jugar con la necesidad del otro”, cuestionó.

Salud en crisis

Consultada sobre la situación sanitaria de estas familias carenciadas, dijo que se trabaja de manera coordinada con otras áreas municipales. “Siempre que hay una vulnerabilidad social tan marcada, hay otras necesidades insatisfechas y muchos otros derechos vulnerados. Hay familias que no pueden acceder al sistema de salud público, no sólo por una cuestión de turnos, sino por la imposibilidad de pensar que es prioritario ir al médico en la situación en que están”, expresó.

Transporte para estudiantes

Otro fenómeno producto de la crisis es la cantidad de niños que dejan de ir a la escuela por no poder costear transportes. “En la mayoría de las familias que asistimos hay niños y tenemos que garantizar que no dejen la escuela. Donde identificamos esa emergencia, cuando ahondamos un poco, se nota que ese niño hace dos semanas que no va a la escuela. Ahí tomamos contacto con el gabinete escolar para dar cuenta de esta situación. Las escuelas también hacen un trabajo social profundo y a veces se contactan con nosotros, otras nos contactamos con ellos, especialmente con los gabinetes de orientación y trabajo psicopedagógico, porque es muy importante que los chicos no dejen la escuela y tengan una contención”, remarcó.

Presupuesto casi agotado

En materia presupuestaria, apenas transcurrido el primer semestre ya se agotó más del 80% del dinero previsto para asistencia. “Si bien tomamos las prevenciones, esto ha superado todo, sobre todo por el proceso inflacionario tan brutal. Estamos en una situación complicada porque sabemos que para el intendente Melella es prioritario que la gente esté atendida en el caso alimentario específicamente. En los primeros seis meses hemos pasado el 80% del presupuesto, pero la ayuda se va a seguir sosteniendo, aunque haya que resignar fondos de otra Secretaría”, aseguró.

“El año pasado sucedió algo parecido y se dispuso la reorganización para afectar partidas de otras áreas”, recordó la funcionaria.

Sin coordinación con gobierno

Se le preguntó a Cubino si ha mantenido contacto con la ministra de desarrollo social de la provincia: “No conozco a la ministra. La tengo vista, pero no hemos tenido posibilidad de conversar -respondió-. Debo reconocer que hay equipos comprometidos en todos los organismos, del estamento que sea, y hay equipos técnicos que trabajan denodadamente, quizás con muy poca gente, como es el caso del área de protección de infancia, el área de género, la comisaría de familia, con los que nos vinculamos diariamente porque lo prioritario es la necesidad de la gente frente a la vulneración de derechos. Vamos tratando de zanjar las dificultades que a veces establece la política”, afirmó.

No obstante, con un año y cuatro meses en el cargo, no ha logrado una charla personal con la funcionaria provincial: “Nosotros hemos participado de acciones del área de atención temprana de justicia, y tenemos mesas mensuales donde nos reunimos todos. Reconozco lo que se hace en todos los organismos, pero lamento que no sea recíproco y tenemos que seguir trabajando”, se resignó.

Nación ausente

Finalmente dio cuenta de la falta de respuesta del gobierno nacional, aun con compromisos de asistencia asumidos. “Nosotros hemos tenido reuniones con quienes son delegados en Tierra del Fuego y ejecutan algunas políticas nacionales, pero desde el área social no tuvimos ninguna posibilidad de concretar algo. Teníamos un programa de ayudas urgentes y llevamos dos años de espera de esa ayuda. Cuando yo ingresé supuestamente estaban por llegar los recursos para situaciones urgentes, como la calefacción,que es un programa nacional para todas las provincias; pero esa ayuda urgente que se gestionó hace dos años, todavía no llegó. Es un programa de nación directamente con los municipios y siempre estamos con la voluntad de hacer algo en conjunto”, dijo.

Agregó que “en las redes sociales he visto que están promocionando un programa innovador a nivel nacional que es volver a la leña, y nosotros estamos muy en contra de eso. Se promociona casi como si fuera romántico volver a la leña y, la verdad, es sumamente inseguro y no cubre las necesidades calóricas que tiene una familia. Tiene un riesgo potencial enorme”, alertó, con varios incendios como prueba.

“Nosotros hemos hecho el reclamo a los referentes del Ministerio de Desarrollo de Nación y quedaron en averiguar. Los funcionarios cambiaron en Tierra del Fuego, desde el año pasado les recordamos los programas que no se han puesto en marcha, que son con los municipios, y hasta ahora nada prosperó”, concluyó Cubino.