Río Grande.- Las compras secretas de la Secretaría de Seguridad se podrían cobrar el segundo vocal del Tribunal de Cuentas, con la renuncia del contador Diego Pascuas antes de cumplir el primer año en funciones, designado poco después del alejamiento de Julio del Val.

Ayer el ministro de Gobierno José Luis Álvarez admitió esta posibilidad, si bien no pudo precisar si fue a instancias de un pedido de la gobernadora o iniciativa del propio tribuno. Sin embargo, dejó en claro que el secreto está por develarse, en tiempo de descuento para que la justicia civil falle en la demanda de acceso a la información presentada por los legisladores del MPF.

Álvarez adelantó que los expedientes se van a analizar “en una reunión reservada” de la comisión de seguridad de la Legislatura, que preside Angelina Carrasco y responsabilizó tanto al ex secretario Ezequiel Murray como al jefe de gabinete Leonardo Gorbacz del retaceo de la información a los legisladores, a fin de evitar “un posicionamiento político” de los parlamentarios mopofistas.

En declaraciones a Radio Provincia realizadas ayer, el legislador del MPF Pablo Villegas se mostró sorprendido por la noticia de la renuncia “de otro vocal-por Diego Pascuas- y son los dos miembros que designó la gobernadora. A fines de diciembre el ex secretario Murray públicamente dijo en una radio que estaban arreglando los expedientes y que en el mes de enero los iban a mandar a la Legislatura, pero no los mandaron. En consecuencia, presentamos a una nota a la gobernadora, que tampoco nos entregó los expedientes. Hoy hay una acción de amparo sumarísima de la que está notificado el gobierno y el ministro Álvarez, a quien respeto, habla de un aval del Tribunal de Cuentas, pero no es cierto. Por la información que yo manejo, en un expediente en particular el Tribunal ha mantenido el ciento por ciento de las observaciones que se hicieron en un primer momento”, aseguró.

“Si no hay nada que ocultar, no entiendo por qué se le niega a un legislador y a todos los fueguinos el poder acceder a la información, y saber por qué se hizo una contratación directa, por qué no se respetaron los mecanismos de la ley de contrataciones”, planteó, y consideró que “no tiene sentido común” el argumento utilizado para la compra de camionetas, bajo la modalidad de “compra reservada”.

“Ni siquiera se ha respetado lo que marca la contratación directa, que es conseguir por lo menos tres presupuestos para tener la mejor oferta en las mejores condiciones. Tergiversan la información y meten al Tribunal de Cuentas de por medio. Dan por supuesto un aval y a mí me consta que por lo menos en un expediente en particular no existe ese aval”, ratificó.

“Se ha querido ocultar la información a un legislador y a la comunidad toda, y en medio suceden hechos muy llamativos, como la renuncia de tribunos y el alejamiento del Secretario de Seguridad. ¿Acaso alguien se preguntó por qué lo sacaron a Murray?¿alguien puede decir que lo sacaron por otro tema que no sea este? -se preguntó-. Les pido que no subestimen la inteligencia de este legislador, porque me he cansado de escuchar mentiras y descalificaciones. Como legislador no puedo acceder a un expediente de compra por 24 millones de pesos y la solución es que entreguen los expedientes”, reclamó.

Fojas agregadas

Villegas había deslizado sus sospechas sobre la posible adulteración de los expedientes, y en consecuencia del informe del Tribunal de Cuentas que le llegó a la jueza Cristina Barrionuevo, en base al cual determinó que no había delito por investigar.

Esta vez, dio más precisiones: “Yo puedo asegurar que hay reformulaciones en esos expedientes, hay datos incorporados con fecha del mes de mayo, a fojas 3 y 4, y resulta que a posteriori hay una oferta presentada con fecha 6 de abril”, sostuvo, dando cuenta de “un armado” de la documentación.

“Sinceramente no puedo avanzar más porque estoy a la espera de la decisión judicial para que nos acerquen los expedientes. Cuando eso ocurra y este legislador pueda contar con la información cierta, que no quepan dudas de que, si tengo que actuar judicialmente, lo voy a hacer. Yo no soy de hacer política con el código penal debajo del brazo y, si lo hubiera querido hacer, lo hubiera hecho desde el primer día de esta escandalosa presentación de los funcionarios. Soy un hombre del derecho y no voy a hacer una denuncia a ciegas. Una vez que tenga la información, que no le quepan dudas al gobierno que lo voy a hacer”, sentenció.

Consideró este caso “de una gravedad institucional que no tiene precedentes en la provincia”, porque “los legisladores no pueden acceder a cuatro expedientes administrativos, y a muchos otros más, porque esta mecánica del gobierno no es únicamente con los expedientes de Seguridad. Nos pasa lo mismo con la Dirección Provincial de Energía y con el Ministerio de Obras Públicas. Se está violando de manera flagrante el sistema republicano y la posibilidad cierta de que uno pueda ejercer el control de gestión”, cuestionó.

Carrasco prepara la reunión

Por su parte, el ministro de Gobierno adelantó el análisis de los expedientes en la comisión de seguridad, en una reunión que tendrá carácter reservado, dando a entender la decisión del gobierno de hacerlos llegar a los legisladores, antes de que se lo ordene la justicia.

En principio admitió que “hay una posibilidad de que -Diego Pascuas- presente la renuncia, pero no tengo la información de si se lo pidió la gobernadora o fue una presentación espontánea”, dijo, confirmando el trascendido del alejamiento de un nuevo vocal.

Sobre el retaceo de la información, informó que “se está trabajando ahora desde la comisión de seguridad, que preside la legisladora Carrasco, para poder subsanar esto. Tenemos un amparo presentado por el legislador Villegas donde solicita copia de los expedientes”, recordó, si bien todavía están dentro de los plazos para responder.

Según el ministro, en toda la polémica en torno a las compras secretas hubo “un error en la comunicación del personal que en ese momento tenía que ir a presentar los datos a la comisión de presupuesto, pero no hay nada extraño, no son gastos reservados, sino que se utilizó un sistema de expedientes secretos para la compra. Debo reconocer que fue un error nuestro en la presentación del presupuesto, pero no se trata de gastos reservados y hubo una negligencia en la comunicación”, manifestó.

“Los fondos están claramente imputados, tienen destino, no se ha cometido ningún tipo de delito, y lo que estamos discutiendo ahora es la utilización de un mecanismo”,advirtió, ante las observaciones originales de los auditores del Tribunal de Cuenta sobre la improcedencia de la figura de la compra secreta.

El ministro reiteró que “de ninguna manera faltan fondos públicos y de esto hay que llevar tranquilidad a la comunidad. No faltan fondos públicos y esos 24 millones fueron utilizados para la compra de materiales que están claramente identificados. El dinero no falta y lo que hubo fue un error de comunicación”, insistió.

El uso de la compra secreta para adquirir camionetas, que figura en los expedientes, dijo que “se va a dilucidar en la comisión correspondiente. Se trata de expedientes secretos y eso se va a analizar en la comisión de seguridad con el ámbito reservado que tiene”, remarcó.

Fue llamativa la respuesta al momento de identificar a los responsables del retaceo de la información alos legisladores del MPF y las razones que expuso: “El Secretario de Seguridad y el jefe de gabinete -Leonardo Gorbacz- en su momento entendieron que los expedientes tenían todos los avales del Tribunal de Cuentas y consideraron que era una oportunidad para generar una discusión y un posicionamiento político de parte de los legisladores -del MPF-; pero entiendo que en determinado momento esto se tiene que dilucidar, se tiene que saldar, y es algo que lo estaremos resolviendo”, afirmó.

Aseguró que “el procedimiento había sido avalado, tenemos el expediente autorizado por el Tribunal de Cuentas, que es el órgano que nos controla a nosotros y dice qué podemos y no podemos hacer. Como Gobierno puedo decir que fue avalado el procedimiento de compra secreta y lo demás es opinable, porque teníamos el aval del Tribunal de Cuentas. Estaba visado y autorizado por los organismos de fiscalización y no puedo pensar que esté mal”, dijo, deslizando que, en todo caso, si ese aval no correspondía, será responsabilidad del órgano de control.