Río Grande.- Mientras las provincias esperan ayudas por parte de la Nación para financiar el recorte, más de la mitad de los estados subnacionales comenzaron un proceso de ajuste de personal.

Desde que comenzó el 2018 trece distritos abrieron retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas para reducir el peso en la administración provincial y municipal.

Según los datos que dio a conocer el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, en la Argentina hay 3,2 millones de empleados públicos, de ese total, 750.000 son del Estado nacional y 200.000 de las universidades; el resto forma parte de las administraciones provinciales y municipales.

Gran parte de este peso del sector público en las provincias tiene que ver con que los estados subnacionales tienen a su cargo la prestación de los servicios de salud, educación y seguridad, por lo que además de personal administrativo, se cuentan también a maestros, médicos y enfermeros.

La última provincia que se sumó es la de Buenos Aires, la que también amplió la posibilidad al sector de la educación en donde aún no se cerraron las paritarias.

Según un relevamiento de El Cronista, además de Buenos Aires están utilizando esta herramienta Chaco, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego, Salta, La Rioja, Santa Fe, Neuquén, Misiones, Jujuy, Entre Ríos y Santa Cruz.

Entre las que decidieron no ajustar en personal quedaron Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, La Pampa, San Juan, Formosa, Santiago del Estero, San Luis, Mendoza, Corrientes y Catamarca.

Aunque cada distrito eligió el modelo y el número que iba a reducir, en todos los casos llegaron pedidos a Casa Rosada de cumplimiento del Pacto Fiscal.

Un artículo del acuerdo establece el compromiso de la Nación de financiar este ajuste "con líneas de crédito especiales, programas de retiro y/o jubilación anticipada para empleados públicos provinciales y municipales. Esos programas deberán cumplir con las pautas que establezca la Nación, las que incluirán capacitaciones e incentivos para la reinserción laboral".

Respecto de este punto, uno de los gobernadores que está llevando adelante el plan de achique aseguró que "hasta ahora no hay nada, no se giró un sólo peso ni se puso en marcha ningún plan".

Una de las propuestas que se barajó al momento de firmar el acuerdo fue que el Estado nacional pague siete meses y 70% del salario de cada empleado que la provincia decida jubilar o incluir en un plan de retiro voluntario.

Pero los tiempos cambiaron, dado que "nos dicen que lo están analizando porque no quieren prometer lo que no puedan pagar, pero lo acordaron en un pacto que nosotros estamos cumplimento y ellos no", se quejaron desde otra provincia más afín al Gobierno.