Desde la CTA Autónoma evidenciaron que mediante un decreto firmado por la gobernadora Rosana Bertone, en octubre de 2017, se quitaron las asignaciones por escolaridad para jóvenes con discapacidad mayores de 21 años. 

Desde la Central de Trabajadores de la Argentina indicaron que “si bien este decreto alcanza tanto a los trabajadores activos como a los pasivos; hasta ahora sólo se ha hecho efectivo en el sector de los jubilados estatales quienes dejaron de percibir esta asignación cuando el presidente Bahntje se acogió al decreto para seguir fielmente las políticas de ajuste para los cuales fuera designado”.

Según evaluaron desde la entidad sindical “esta situación es una clara violación a los derechos de las personas con discapacidad porque no sólo viene a quitar beneficios con los que contaban sino que también desatiende las leyes nacionales en relación a las asignaciones familiares”.

Remarcaron que en base a los derechos instaurados, se debe propiciar la formación pedagógica permanente de las personas con discapacidad, como manera de compensar el déficit y prepararlas para la inclusión social o laboral en su vida adulta”.  En este sentido, consideraron que “nuestra provincia tiene una deuda histórica en relación a la educación de adultos con discapacidad” e indicaron que la Ley 48 establece la creación de centros y hogares de día, talleres protegidos e instancias de formación permanentes; y a este hecho se le suma la quita de las asignaciones por escolaridad.

La Comisión de Discapacidad de la CTA-A está asesorando a los jubilados que tienen a cargo a familiares con discapacidad, para que presenten el reclamo administrativo en la caja de jubilación (CPSPTF) y ha mantenido reuniones con las vocales electas en representación de los trabajadores (Elisa Dietrich y Mónica Díaz) para plantear la inquietud y solicitar que se trate este tema en reunión de directorio. Las representantes de los afiliados también realizaron gestiones en Gobierno y en la caja de jubilaciones.