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Para Blanco debe haber una definición a más tardar para julio o agosto

Comienza hoy el debate de la reforma política

El legislador Pablo Blanco se refirió a los plazos acotados para debatir los proyectos de reforma política, frente al proceso electoral en 2019 por un lado, y por otro por la necesidad de difundir el nuevo sistema, en caso de que se adopte el sistema electrónico. De haber adelantamiento de las elecciones nacionales, recordó que la provincia debe tener un diferimiento de 90 días, que pueden ser anteriores o posteriores a ese proceso. Detalló los proyectos en comisión, entre los que se cuentan iniciativas para la reforma constitucional, aunque no ve un “ambiente” propicio para avanzar en el llamado a una Constituyente.

El legislador Pablo Blanco aclaró que “si se planteara la necesidad de una reforma constitucional, ya los tiempos serían otros y la definición debiera ser más rápida. Yo creo que es necesaria la reforma pero no sé si hay un ambiente como para llevar

Río Grande.- El legislador del bloque UCR-Cambiemos Pablo Blanco hizo referencia por FM La Isla al inicio formal del debate de la reforma política, que comienza hoy en la Legislatura. La primera cita está fijada “a las seis de la tarde, con la presencia de funcionarios del Ejecutivo, que presentó parte de los proyectos en comisión. Mañana por la mañana está invitado el juez electoral y por la tarde los intendentes, para explicar los alcances de los proyectos presentados y escuchar su opinión. Después seguirán los cuerpos deliberativos tanto de Ushuaia como de Río Grande y Tolhuin, y posteriormente todos los partidos políticos y las organizaciones que quieran participar”, dijo.

“Vamos a establecer un mecanismo para que los ciudadanos también se puedan anotar, y tener un control de cómo llevamos la tarea”, apuntó.

Consultado sobre los plazos para el debate, dijo que “hay que utilizar todo el tiempo que sea oportuno y conveniente, pero a más tardar debería haber una definición en julio o agosto de este año, para que en caso de que haya modificaciones, se pueda preparar el camino hacia las elecciones del año que viene. De implementarse un sistema electrónico con respaldo en papel, habrá que llevar adelante una tarea de difusión para mostrar cómo es el tema. A más tardar los primeros días de septiembre se debería tomar una decisión, para que tenga vigencia por lo menos nueve meses antes de las elecciones”, expresó.

Aclaró que “si se planteara la necesidad de una reforma constitucional, ya los tiempos serían otros y la definición debiera ser más rápida. Yo creo que es necesaria la reforma pero no sé si hay un ambiente como para llevar adelante una reforma constitucional. No es tema de plata, porque sería una reforma muy limitada, con no más de treinta días de funcionamiento de la convención constituyente. Tampoco es para estar cuatro o cinco meses discutiendo”, sostuvo.

“Es evidente que el sistema de elecciones no es viable y hay que mejorarlo. Hay que buscar un sistema electoral que le permita al ciudadano tener la posibilidad de elegir, y veremos si será con boleta única con respaldo en papel. Lo cierto es que la ‘cajita feliz’ que se dio en la última elección no ha sido un sistema efectivo y dificultó más la tarea. No estaban todos los espacios políticos en igualdad de condiciones y tenemos que buscar un mecanismo que permita poder elegir y que vayan a elecciones partidos políticos reales y no tickets electorales que funcionan para una elección”, propició.

 

Adelantamiento de elecciones

 

Se le preguntó sobre la posibilidad de que el gobierno nacional adelante las elecciones para mayo o junio, a partir de las versiones que circulan, y qué ocurriría con las provinciales. Recordó que “el gobierno nacional en el ’95 fijó las elecciones en mayo y Tierra del Fuego las hizo en septiembre. No deben ser con 90 días de anticipación, sino que se tienen que diferenciar en un plazo de 90 días. Son 90 días de diferencia, que pueden ser anticipados o posteriores”, explicó, siendo esta última alternativa la que debería tomarse, en caso de que se concrete el adelantamiento.

“Luego hay que ver el tema de las PASO, porque con lista única no tienen sentido. En la última elección nacional no hubo PASO, fue una encuesta nacional paga por el gobierno para ver cómo estaban posicionados los partidos políticos”, cuestionó, a la espera de que se fijen mecanismos en los proyectos en análisis para evitar esta distorsión.

“Yo no escuché sobre el adelantamiento, pero es una posibilidad. Algunas provincias están planteando el desdoblamiento, pero lo importante en estas reuniones es buscar un nivel de entendimiento para tener un sistema electoral aplicable para todos, porque no puede ser que se elija de distinta manera en Ushuaia, en Tolhuin y en Río Grande. Tenemos que buscar un mecanismo que le facilite elegir al ciudadano”, subrayó, apelando a adecuaciones en los municipios.

 

Los proyectos

 

Respecto de la cantidad de proyectos ingresados, detalló que “de reforma constitucional está el proyecto del partido justicialista, hay un proyecto del legislador Romano, una enmienda constitucional que plantea el Ejecutivo con respecto a Malvinas y está el proyecto de reforma nuestro. Sacando el tema Malvinas, son dos proyectos de reforma constitucional. En el caso de reforma electoral, hay dos proyectos del Ejecutivo y un proyecto de la UCR-Cambiemos. Después está nuestro proyecto de reforma integral de la ley de partidos políticos y hay un proyecto del Ejecutivo que reforma algunos artículos de esa ley. Y hay dos proyectos de paridad de género, uno presentado por el radicalismo y otro por el partido justicialista”.

Dentro de la adecuación municipal, el caso que más preocupa es el de Ushuaia, donde la paridad de género no se respetó en los hechos: “El caso de Ushuaia está muy latente y en estos días habría una definición del juzgado electoral. Yo veo muy difícil el cumplimiento de esa cláusula de la carta orgánica, porque si hay preferencias no se puede obligar al ciudadano a que prefiera una mujer o un hombre. El resultado se da por las preferencias”, planteó el legislador, lo que dejaría como único camino de resolución definitiva la reforma de la carta orgánica municipal.

 


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