En una reunión entre un instituto del Gobierno, organizaciones mapuches, legisladores del Movimiento Evita y representantes de la Universidad Nacional de Río Negro y de la Iglesia, las partes acordaron conformar una mesa de diálogo para buscarle una solución al conflicto. A partir de la conformación de esta mesa de diálogo, y tal como lo pidió el juez federal Gustavo Villanueva, los integrantes le enviaron al magistrado un acta para ratificar la intención de negociar de las partes, un diálogo que por el momento no implica que los mapuches dejen las tierras que ocuparon.

Justamente esto es lo que pretenden desde el Gobierno, según confirmaron fuentes del ministerio de Seguridad. Es que el Ejecutivo está dispuesto a negociar con los mapuches, pero la primera condición es que los manifestantes abandonen las tierras que ocuparon. En el acta que se firmó tras la reunión, que contiene los puntos de vista y los objetivos de los participantes, se sostuvo que "se ha constituido la mesa de diálogo solicitada por el Lof Lafken Winkul Maipu, las comunidades autoconvocadas del Pueblo Mapuche y el Obispo de San Carlos de Bariloche para intervenir en el conflicto y lograr un desenlace pacífico a la situación".

Pero a pesar de la intención de dialogar, lo firmado por los mapuches sostiene que "el Lof Lafken Winkul Maipu y las comunidades mapuches autoconvocadas manifiestan que sostendrán el control territorial del área y proponen el diálogo para llegar a una resolución del reclamo territorial".

Los mapuches también exigen que se discuta "el retiro de la denuncia de Parques Nacionales a la comunidad Lafken Winkul Mapu a fin de que sea posible una resolución de la situación, la urgente desmilitarización de la zona, la garantía de la seguridad de las personas que ingresan y egresan del lugar con el fin de proveer alimentos y abrigo a quienes allí se encuentran, el freno a la imputación y a la criminalización de los detenidos que acompañaron a Rafael Nahuel hasta la ruta".

A su turno, los representantes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) sostuvo en el acta que "para avanzar en un diálogo fructífero que permita solucionar la cuestión de fondo relativa al reclamo territorial, es preciso que la comunidad se retire del territorio y que las personas que se encuentren en el territorio estén sujetas a derecho", algo que no es aceptado por los mapuches, cuyos representantes "solicitaron garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en la comunidad. Manifiestan que es necesario hacerles llegar alimentos y abrigo".

Por otro lado, las comunidades mapuches pidieron que de las próximas reuniones participe "un representante del Directorio de Parques Nacionales", y se refirieron a "la situación de los heridos detenidos": "Las organizaciones y comunidades solicitan su libertad acompañando el pedido de excarcelación de la abogada. El INAI ofrece ir a verlos, poner a disposición los dispositivos con los que cuenta la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural para revisar sus condiciones de detención y, entre otras cosas, solicitar la visita de la machi que pueda ingresar el lawen".

En ese sentido, las comunidades mapuches agregaron que "se constituirá una comisión de dirigentes sociales y de derechos humanos y referentes institucionales que participarán de la visita y solicitarán que se permita la visita de la machi y el ingreso del lawen".

Participaron del encuentro representantes designados del Lof y las comunidades, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén, la CTEP, la CTA de Río Negro, la CTA Autónoma, la organización Al Margen, la Defensora del Pueblo de Bariloche, Abogados de Derechos por la Igualdad, la APDH La Matanza, el Obispado de San Carlos de Bariloche (Juan José Chaparro) y la Universidad Nacional de Río Negro.

Los diputados nacionales que estuvieron fueron Silvia Horne, Leonardo Grosso, Martín Doñate; el legislador provincial de Neuquén Raúl Godoy, y los concejales Ana Marks y Ramón Chiocconi, todos ellos como observadores.

El acta que firmaron las partes

Más temprano este martes, el jefe de Gabinete Marcos Peña expresó la "preocupación" del Gobierno, por no haber podido "asegurar las pruebas" de los hechos ocurridos en Villa Mascardi donde el fin de semana resultó muerto de un balazo el mapuche Rafael Nahuel.

"Consideramos que el no haber podido asegurar las pruebas como para saber lo que pasó nos genera una preocupación", afirmó el funcionario en declaraciones formuladas en Casa de Gobierno, al término de la reunión de gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri. En ese contexto, Peña aclaró que lo del fin de semana "fue un operativo judicial", donde las fuerzas "actuaron como auxiliares de la Justicia".

Seguidamente, Peña lamentó que en el marco de la causa judicial "no se pudieron asegurar las pruebas y el lugar para saber qué pasó" durante la toma del Parque Nacional en la zona del lago Mascardi. Consultado sobre si se pasará a disponibilidad a algún prefecto por la muerte de Nahuel, aclaró que no, y explicó que las fuerzas de seguridad finalizado el operativo "entregaron las armas y se pusieron a disposición de la investigación".

El jefe de ministros, además, aclaró que la toma del Parque Nacional está ejercida por "este grupo violento que no tiene nada que ver con el accionar de las mayoría de las comunidades mapuches".

Además, los dos jóvenes que fueron detenidos cuando bajaron del cerro con el cuerpo sin vida de Rafael Nahuel, el sábado en Villa Mascardi, fueron conducidos al Juzgado Federal de Bariloche, donde los indagaron por la usurpación del terreno en disputa.

La defensa de Lautaro Alejandro González y Fausto Jones Huala la ejerce la abogada de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena Sonia Ivanoff. La abogada adelantó al diario Río Negro que asumirá la defensa de Facundo Jones Huala en el juicio de extradición que se sigue en el mismo juzgado. "Rafael pedía que lo dejaran morir en su territorio", según el relato que Ivanoff recreó luego de hablar por teléfono con sus defendidos.

Rafael Nahuel, de 22 años, murió el sábado pasado de un balazo en el marco de un operativo de la Prefectura Naval tras un operativo de desalojo de tierras que habían sido tomadas en la zona de Villa Mascardi.