Río Grande.- El titular de la AREF Luis Capellano dio detalles por FM Del Pueblo sobre el impacto del acuerdo de consenso fiscal suscripto por las provincias y la nación el pasado jueves, que deberá ser analizado por el Congreso y la Legislatura.

Puntualizó que “hay tres pilares fundamentales que el gobierno nacional impulsó dentro de la economía nacional, para poder lograr un atractivo para el crecimiento de la inversión y una reducción del gasto público. Esto tiene que ver con una reforma tributaria, con adecuaciones en materia laboral y con el acuerdo de consenso fiscal”, dijo del paquete con las tres grandes reformas.

“En esto hemos tenido una participación muy activa y hubo modificaciones entre el proyecto originario y lo que se terminó firmando. Lo que se plasma y se manda al Congreso es lo que se negoció con los gobernadores a través de este consenso fiscal, que tiene que ver con todo lo que hace a los juicios pendientes en la Corte Suprema, incluido el fondo del conurbano, la ley de responsabilidad fiscal, la coparticipación del impuesto a las Ganancias, la baja de ingresos brutos y los cambios en el régimen previsional”, expresó.

“La que ve mejorada su posición es la provincia de Buenos Aires, que mantiene sus ingresos. El desafío pasa por la reducción de la presión tributaria y el control del gasto. Las provincias asumen el compromiso de mantener un efectivo control del gasto e ir morigerando los impuestos a los ingresos brutos, bajando la presión tributaria y gradualmente haciendo desaparecer el impuesto de sellos”, detalló.

Advirtió que “en la provincia de Tierra del Fuego estamos mejor posicionados, por el hecho de que en muchas actividades la provincia está por debajo de las alícuotas máximas que figuran en el anexo del acuerdo de consenso fiscal. El objetivo es que todas las jurisdicciones traten de adecuar y tengan alícuotas iguales. Todas las alícuotas que estén por debajo de lo que se estipula en el anexo, se van a mantener en los casos que tengan impacto en los servicios sociales, como la alimentación, y en lo que sea trasladable al consumidor. En las actividades que tenemos una alícuota por encima de las que están sugeridas, se van a reducir para adecuarlas al proyecto. Tenemos que estar tranquilos de que no va a haber un tarifazo, ni se subirán las alícuotas que están por debajo de lo establecido en todo lo que es de primera necesidad, es decir el gas, agua, energía, que van a mantener la alícuota que tienen, lo mismo con los productos alimenticios. En otras actividades seguramente habrá una pequeña modificación, porque no estamos muy por debajo de las alícuotas sugeridas. La cuestión es tratar de evitar un impacto que pueda repercutir en un mayor costo sobre servicios de consumo masivo”, insistió.

Consultado sobre el impacto en el Comercio, dijo que “todavía no está definido el criterio, pero lo que es de primera necesidad, los bienes indispensables como los servicios, van a mantener la alícuota actual. Va a haber actividades que después del año 2022 van a seguir gravadas y otras que van a quedar exentas”, adelantó.

Menos PBI

El contador estimó que la presión tributaria en la provincia va a disminuir “entre el 1,30 y 1,40% para 2022, si realmente este cronograma que se va a aplicar lo respetan todas las provincias. El gobierno tiene previsto que todo esto va a llevar a una disminución del 1,5% del PBI y nosotros vamos a estar muy cerca, en 1,35 ó 1,40%”, dijo. Respecto del impuesto de sellos, apuntó que “en 2022 va a terminar con tasa cero”.

Advirtió que todavía resta “trabajar para mandar al proyecto a la Legislatura” y que “falta mucho porque todavía las provincias tienen que hacer todo el proceso con los municipios, pero esta menor presión tributaria va a obligar a los empresarios a que inviertan y generen trabajo”, confió.

Acuerdo con AFARTE

Por otra parte, se refirió al acuerdo firmado entre la provincia, la Nación y AFARTE, por los impuestos internos, que incluye un aporte de la provincia al mantener la tasa de verificación de procesos productivos en los valores actuales, en lugar del aumento que estaba previsto, para llevarla al 2%. “La tasa que paga la industria va a seguir exactamente igual y, a partir del 2021, la tasa general del 1,10% va a bajar al 0,90%, adicionando el compromiso del gremio con AFARTE sobre el mantenimiento de los puestos de trabajo. Es el compromiso de esta rebaja y se suma el régimen de inversiones, que controlará el Ministerio de Industria”, señaló.

Recordó que “cuando se bajó la tasa del 2% al 1,10% el compromiso era generar inversiones por la diferencia del monto que dejaban de pagar. El Ministerio de Industria es la autoridad de aplicación, que debe ejercer el control y se suma como condición mantener la planta de personal”.

Remarcó que “todo este esfuerzo se hace para que las empresas aumenten la inversión y generen más actividad económica. Estas reformas van a tener un impacto en la disminución del PBI y la única forma de recuperar la pérdida de ingresos es generando más actividad económica. Esa es la expectativa, y las empresas no solamente van a tener que mantener los puestos de trabajo sino hacer más inversiones para generar más actividad. Es decir que tendrían que generar más puestos de trabajo. Esto tiene que pasar por el Congreso todavía y también por la Legislatura”, subrayó.

Compensación por los juicios

Finalmente se refirió a la compensación del gobierno nacional a las provincias, por renunciar a los juicios contra el estado, y en particular al reclamo del 15% de coparticipación mal descontada entre 2006 y 2015, que según la directora de la caja Elisa Dietrich implica una suma de 51 mil millones de pesos.

Capellano no pudo certificar ese monto y explicó que “lo que firmaron las provincias fue renunciar a los juicios y se cerró con un bono que se va a pagar durante 2018 y otro bono que se pagará en los años posteriores, y se irán coparticipando esos fondos a las provincias. Son cinco mil millones en 2018 y doce mil millones en los otros diez años”, precisó, haciendo un total de 17 mil millones a distribuir entre todas.

De esa porción será mínimo lo que le corresponde a Tierra del Fuego, teniendo en cuenta lo que podría haber cobrado por el reclamo del 15% de coparticipación. “La evaluación de la expectativa de lo que sería el reclamo corresponde a otras áreas, y el ministerio de economía maneja esto. Yo soy muy cauteloso con los números porque hay que tener alguna base. Si tiraron ese número -de 51 mil millones- deben estar tomando una base que desconozco, no tenemos la información ni el tránsito que tiene la acción judicial del reclamo”, indicó.

Lo cierto es que los bonos a diez años son 17 mil millones a repartir “entre todas las provincias, como compensación por haberse bajado de todos los juicios. Seguramente el ministerio de economía podrá dar información más precisa”, concluyó Capellano.