El doctor Guillermo Szwarcberg, abogado de la defensoría del Pueblo de la Nación, comunicó este jueves 24 que el organismo puso en marcha un proceso de requerimiento formal, para que el Poder Ejecutivo Nacional informe qué acciones ha llevado y está llevando adelante para la aplicación efectiva de la Ley Nacional N° 26.776 que establece como Política de Estado la vinculación entre Tierra del Fuego y Santa Cruz a través de un CRUCE POR AGUAS ARGENTINAS.

El funcionario indicó, que dicha acción responde a que el organismo se consideró “competente” para atender el “recurso de amparo colectivo” y el pedido de interceder de forma inmediata para que se dé cumplimiento a la Ley Nacional N° 26.776 que presentó la Federación Popular del Transporte de Tierra del Fuego, acompañando el reclamo llevado adelante por el ciudadano de Santa Cruz Carlos Gonzalo Somoza.

También informaron, que a partir de la presentación que efectuó la Federación se abrió la ACTUACIÓN: 8521/17 y que elevaron solicitudes a tres carteras ministeriales y a una serie de organismos nacionales, para que informen lo hecho en materia de estudios que ordena la Ley 26.776, como también sobre el FONDO FIDUCIARIO DEL CRUCE MARÍTIMO DEL SUR que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner creó mediante Decreto 1423/2015 en julio de 2015 donde se prometió “fondear” (depositar) 1000 millones de pesos equivalentes a 100 millones de pesos, para ejecutar un proyecto de cruce entre Río Gallegos y Río Grande, que nunca se concretó.

Veinticuatro horas después -el viernes 25- desde Fe.Po.Tra se le envió a la Defensoría, declaraciones formuladas por el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, por el Senador Nacional Julio Catalán Magni y por la Gobernadora de Tierra del Fuego Rosana Bertone y nueva documentación, que refuerza la falta de estudios de factibilidad de alto rigor técnico y científico para garantizar la viabilidad del proyecto de conexión marítima y por otro lado;  el desinterés del Poder Ejecutivo Nacional para desarrollarlo.