La gobernadora Rosana Bertone firmó este viernes los decretos de ratificación de los convenios de pagos acordados con las cajas de la Obra Social y el Sistema de Previsión Social, en concepto de aportes y contribuciones.

Mediante la Ley provincial 1068 (Emergencia del Sistema de Seguridad Social), la Legislatura encomendó al Tribunal de Cuentas la certificación de las deudas que mantenían con ambas cajas, los diferentes organismos del Estado y las municipalidades. De este modo, el organismo de control emitió una resolución plenaria Nº 251 de 2016, en la cual se certificó la totalidad de acreencias del exIPAUSS acumulada por más de 30 años, por el no pago de las contribuciones patronales.

En este sentido, en el marco de la Ley 1068 el Ejecutivo provincial asumió el compromiso de pago de más 505 millones de pesos con la Caja de Previsión Social y de más 952 millones con la Obra Social de la Provincia. Además, se estableció que sólo los jubilados y pensionados con haberes superiores a 52 mil pesos, aportarán al fondo solidario, también previsto en la normativa de emergencia aprobada por el Parlamento.

Durante la conferencia, la Gobernadora dijo que “hace un año y medio que asumimos el gobierno, en una situación crítica como nunca antes se había vivido en Tierra del Fuego. La parte más dramática era la del exIPAUSS, una obra social que no podía responder a las necesidades de atención de salud de nuestros trabajadores activos y pasivos”.

Además, la mandataria recordó el colapso del sistema previsional y la situación de los jubilados que acudían a la Justicia, para el pago de los haberes. “Había alrededor de 2500 amparos, sin embargo nosotros tomamos decisiones políticas, no nos quedamos en el lamento ni en echarle la culpa a otros vamos a resolver esto, con costo político y con muchísima dificultad”, remarcó.

“La Legislatura que acompaña estas decisiones, fue muy importante en cuanto a ordenar las cuentas y darle sustentabilidad al régimen previsional y asistencial”, dijo Bertone en referencia al paquete de leyes aprobadas en enero del 2016. “Nosotros tenemos una responsabilidad institucional y eso lo asumimos como corresponde, con algo fundamental, gestionamos con mucho trabajo con el equipo de gobierno y los trabajadores de los dos instituto de la planta permanente”, cerró.