La Justicia Federal procesó al exsecretario de Planeamiento del manfredottismo y vinculado actualmente a las plantas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de la provincia, Roque Lapadula por supuestas irregularidades en los subsidios a las empresas de colectivos cuando el riograndense era titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. En el último tiempo también se comenzó a investigar el otorgamiento de las plantas de RTO en Tierra del Fuego a familiares del ahora exfuncionario procesado.

La medida la dictó el juez Federal Claudio Bonadio en la causa que investiga una presunta defraudación contra la administración pública en una maniobra en la que durante el gobierno kirchnerista se otorgaron subsidios a empresas del transporte público por un monto superior al que correspondía.

Los procesamientos también alcanzaron al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los ex secretrarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y a los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT) Alejandro Ramos, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro.

A Lapadula, la Justicia le trabó un embargo de $ 100 millones. Al ex secretario de Planeamiento del gobierno de Carlos Manfredotti se lo investiga por el periodo que estuvo al frente de la intervención de la CNRT durante junio de 2003 y febrero de 2004.

El auto de procesamiento firmado por Bonadio, señala que “durante el período comprendido entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían.

A tal fin, diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo, un sistema destinado a permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados”.

“Este sistema posibilitaba que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes. La maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014”, añade.