El ex vicepresidente Amado Boudou llegó esta mañana a los Tribunales de Comodoro Py para la segunda audiencia de alegatos. Fue el turno de las defensa y después de más de tres horas y medias, fue el turno de Martín Magran abogado del ex vicepresidente a quien la fiscal del Tribunal, Stella Maris Scandura , pidió una condena de tres años de prisión en suspenso por los papeles adulterados del auto Honda. En su exposición la defensa pidió la absolución y la nulidad de las acusaciones que lo señalaron como "cómplice primario del delito de falsedad ideológica de documentos". La defensa de la ex novia de Boudou lo responsabilizó por la maniobra relacionada al vehículo y calificaron de "errónea" la acusación de la fiscalía. Además, pidió que le devuelvan el auto, que quedó en manos judiciales.

Durante más de una hora y media, la defensa de Boudou negó todo, habló de "falsa imputación", de "falta de pruebas" para sostener la acusación que recae sobre él como “cómplice primario del delito de falsificación ideológica”, por la utilización de documentos adulterados y con información inconsistente para la transferencia del auto Honda CRX patente WYT716. Magran argumentó su pedido en “el beneficio de la duda”, y encaso de que ese intento no prosperara pidió que le apliquen a Boudou la pena mínima de un año de prisión en suspenso.

El cierre de los alegatos de las defensas de los cuatro imputados, concluyó con el planteo del abogado del ex vicepresidente. Antes, tuvo que escuchar a Fernando Pinto, representante de Agustina Seguín, su ex novia que lo responsabilizó "de toda la maniobra" investigada y señaló que Boudou "buscó forzar la situación y el vínculo entre Seguín con el gestor (Andrés Soto) investigado, presentando una serie de documentos y los usó impiadosamente colocándole la mochila de todos estos hechos" a su ex al decir en su indagatoria que todo el trámite de cambio de dominio estuvo a cargo de Soto "por expreso pedido" de Seguín.

El juicio se desarrolló ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 (TOF 1), integrado por los jueces Gabriel Eduardo Vega (quien presidió), José Antonio Michilini y Adrián Grünberg. La semana pasada, la fiscal Scandura acusó al ex vicepresidente de utilizar “documentos con “información falsa” (por los formularios 08, 04 y 012) y con “firmas adulteradas y un número de motor que no era el real (ya que se modificó y nunca se informó)”, durante el trámite de transferencia que inició diez años después de comprar el Honda.

Por este motivo consideró que Boudou y Agustina Seguín, fueron “cómplices primarios del delito falsedad ideológica de documentos que acredita dominio y titularidad del vehículo y permiso para circular”. La condena pedida fue de tres años de prisión en suspenso.

La defensa del ex ministro de Economía, que inició después de las 15 señaló que todo lo expuesto por la fiscalía era "erróneo", "carente de sustento" y que él "no estampó su firma documentos que tuvieran previamente información apócrifa", y que jamás "se presentó en el Registro del Automotor y que jamás entregó documentos a los gestores ni que contuvieran información apócrifa".

Acusando a la fiscal Sacandura de realizar una "incorrecta imputación", la defensa señaló que "no está probado que Amado Boudou tuviera conocimiento de documentos con información apócrifa ni que generaran un perjuicio alguno a terceros", descartando como se denunció que buscó perjudicar a su ex esposa Daniela Andriulo con la división patrimonial tras su divorcio.

Así, considerando que "no hubo perjuicio, no produjo un daño", en reiteradas oportunidades, plantearon que lo "que sí está comprobado" es la "ajenidad de Boudou" en toda la maniobra del delito de falsedad ideológica. Por eso pidió la nulidad del proceso y la absolución de Boudou.

¿Cómo explicó las firmas apócrifas y el domicilio falso consignado en la copia de su DNI? Sólo dijo que "nunca firmó documentos falsos" y que sólo "firmó un formulario (el 04) vacío, desconociendo su información apócrifa". Y sólo hablaron de una "situación de inscripción irregular" del rodado ante la cantidad de documentos con información falsa: domicilios, inscripciones con domicilios inexistentes.

En el juicio se pidió tres años de prisión en suspenso para el gestor Andrés Soto y para la titular del Registro del Automotor 2 de la Ciudad, Graciela Taboada de Piñero. El único que logró la absolución fue el gestor Rodolfo Basimiani, quien realizaba algunas diligencias para Soto.