La Comisión de Presupuesto, abordó en la jornada de hoy, los asuntos 134/17 y 136/17 con la presencia del ministro de Economía de Tierra del Fuego, José Labrocca y parte de su equipo ministerial. El primero refiere al artículo 54 de la Ley Nacional N° 27.198. El segundo asunto, refiere a un convenio con el Estado Nacional para “contribuir a solventar el financiamiento de los gastos que le causan a la AFIP los servicios de recaudación”. Los asuntos serán acordados en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria para incluirlos en la próxima sesión ordinaria.

Al respecto,  el secretario de Control y Desarrollo del Gobierno fueguino, Diego Pascua, dio detalles a los Parlamentarios sobre el alcance del asunto y amplió al contar que, con el instrumento, se busca prorrogar “para el Ejercicio 2016 las disposiciones contenidas en los artículos 1° y 2° de la Ley Nacional N° 26.530, normas referidas a la exclusión de los artículos 10 y 19 de la Ley Nacional N° 25.917 de aquellas erogaciones que se hayan destinado a promover la actividad económica, a sostener el nivel de empleo y dar cobertura a la emergencia sanitaria y a la asistencia social”.

Sobre el convenio de costos en recaudación, se refiere a solventar “el financiamiento de los gastos que le irrogan a la AFIP los servicios de recaudación, mediante un aporte del uno coma nueve por ciento (1,9%), de los recursos que le corresponda percibir a cada jurisdicción de la recaudación neta total de cada gravamen que recaude, cuya aplicación, recaudación, fiscalización o ejecución fiscal se encuentra a cargo de la AFIP”.

Cabe señalar que se da, de acuerdo a la propuesta que realizó la Comisión Federal de Impuestos consensuada entre los miembros y el compromiso asumido, mediante la carta de intención suscripta en diciembre último.

En otro orden, los Parlamentarios conocieron los detalles del proyecto de adhesión a la Ley Nacional Nº 27.328 contratos de Participación Público – Privada. Para dar más detalles sobre la iniciativa, Martín Valli, subsecretario de Promoción e Inversiones expuso sobre el particular.

“Las asociaciones público privadas (APPs) son contratos donde el sector privado en asociación con el Estado, desarrolla y obtiene financiamiento para llevar adelante proyectos definidos con claridad de antemano y donde el Estado o el mismo proyecto realizan el repago de lo invertido con una utilidad razonable en largos plazos”.

En este sentido, sumó que las funciones de regulación y de poder de policía del Estado fueguino “son indelegables, con amplias facultades de inspección y control, pudiendo requerir todo tipo de información vinculada al cumplimiento del contrato y desarrollo del proyecto”.

La Ley Nacional N° 25.917 refiere a la creación del régimen de responsabilidad fiscal y del Consejo Federal de responsabilidad fiscal. Asimismo, la Ley 26.530 trata las excepciones a la ley 25917, para los ejercicios 2009 y 2010.

Del encuentro participaron los legisladores Pablo Blanco, Oscar Rubinos y Liliana Martínez Allende (UCR – Cambiemos); Myriam Martínez, Federico Bilota, Andrea Freites, Daniel Harrington,  Ricardo Romano, Marcela Gómez,  Angelina Carrasco, Ricardo Furlan (FPV – PJ) y Mónica Urquiza (MPF).