El Juzgado de Primera Instancia del Trabajo tramitaba la causa de la funcionaria municipal Gabriela Castillo que actualmente ocupa el cargo de subsecretaria de Obras Públicas del Municipio de Río Grande.

Se determinó que Castillo pague un total de $400.368,79 pesos en concepto de capital, intereses y tasas de justicia. Sucede que se corroboró que la misma cobró sueldos como funcionaria y como docente durante el año 2012 aunque no se desempeñó en el aula.

La denuncia se conoció en 2016 cuando Castilo estaba al frente de la Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Río Grande. La Fiscalía de Estado sostenía que la funcionaria, percibió simultáneamente los haberes correspondientes al cargo docente y también por su cargo público en la gestión Melella pero en ese momento no estaba ejerciendo su profesión docente.

Este medio pudo saber que, realizada la denuncia formal en la Justicia, y luego de haberse hecho pública la situación, Castillo (quien no había dado respuestas a las intimaciones previas de la Fiscalía de Estado) finalmente debió reconocer su accionar y tuvo que desembolsar la suma total, púnica y definitiva de más de $400 mil peso a favor de la Provincia.

Mediante Nota  F.E. 346/16 el fiscal de Estado solicitó autorización de la gobernadora Rosana Bertone, en los términos del art. 7 inc. k) de la Ley Provincial N° 3, para confeccionar un acuerdo conciliatorio, a fin de poner fin a sendos litigios, relatando en su misiva que la docente Castillo percibió haberes sin realizar contraprestación alguna a favor de la Provincia, por lo cual, luego de intimarla fehacientemente a que reintegrase las sumas percibidas en exceso, sin haber obtenido respuesta de su parte, se inició la acción judicial para el recupero de los pagos incausados.

Posteriormente, Castillo efectuó la consignación judicial del monto reclamado en concepto de capital. En el marco del proceso iniciado por la Provincia, el letrado de Castillo se contactó con la Fiscalía de Estado ofreciendo además del capital antes depositado, el pago de los intereses y el reintegro de la tasa de justicia, pagada en oportunidad de interponer la demanda contra Castillo. El fiscal de Estado refirió además, que de mediar acuerdo el perjuicio sufrido por la provincia se vería íntegramente resarcido, por lo que solicitó la autorización expresa para perfeccionar la conciliación en los términos expuestos, lo que fuera concedido por la máxima mandataria conforme Nota SLyT N° 364/16 del 26/10/16.

El 30/11/16 se dictó sentencia, homologándose el acuerdo conciliatorio y librándose orden de pago a favor del Estado provincial por $ 400.368,79. Dicho giro judicial fue retirado por personal de Fiscalía de Estado y remitido al Ministerio de Economía a los fines de su percepción, mediante Nota F.E. 426/16 del 19/12/16.

Del acuerdo mencionado surge que el monto pagado se compone de $206.806,94 correspondientes al pago de capital. $187.357,65 correspondientes al pago de intereses.$6204,20 en concepto de reintegro de tasas de justicia. (desembolsada por el Estado provincial en Expte 6377/16).

Ahora resta esperar a ver qué medidas adoptará el intendente Gustavo Melella. “El ilícito no se debe permitir, yo no voy a cubrir a nadie si hubo una irregularidad”, había sostenido el mandatario el año pasado en declaraciones públicas.