La reforma laboral del macrismo para blanquear empleados y reducir cargas sociales tendrá su primer test en la industria textil.

Allí, el Gobierno buscará la "informalidad cero" a través de un proyecto de ley que enviará al Congreso el mes próximo en el que contempla:

- La reducción de las contribuciones patronales

- Un bono fiscal para las empresas que se acojan al nuevo régimen

- Mayores sanciones a quienes se mantengan entre las sombras

En paralelo, las autoridades activarán los "Repro Express" para sostener alrededor de 5.000 empleos en más de 100 empresas.

Además, preparan nuevos incentivos al consumo en hasta tres y seis cuotas, mayores reintegros a las exportaciones y un seguimiento más exhaustivo de las importaciones.

Las medidas, incluido el blanqueo laboral, surgen del acuerdo textil anunciado semanas atrás para debilitar el paro de la CGT.

La normativa impulsada por el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y el de Trabajo, Jorge Triaca, está destinada a las firmas con contratos irregulares como a los establecimientos en regla.

"El objetivo es que las empresas no despidan al empleado formal y formalicen al que tienen en negro, que les sale más barato", señalaron a iProfesional fuentes oficiales. Pero, además, tiene fines recaudatorios: el sector en negro podría aportar unos $2.600 millones.

El secretario de Transformación productiva, Lucio Castro, y su colaborador, Ezequiel Tacsir, presentaron el borrador de la ley el miércoles pasado en una reunión en el Ministerio de Producción.

Participaron representantes de las cámaras y los gremios de la actividad, quienes dieron su visto bueno a la propuesta y que ahora analizan con sus equipos técnicos. La idea es que presenten sugerencias antes de que la iniciativa ingrese a Diputados.

Al último encuentro asistió Jorge Sorabilla, titular de la Fundación Protejer; Marcos Raúl Saccal, de la Cámara de ropa de Bebé y Niños (Caibyn); Claudio Drescher, de Indumentaria; Alberto Sellaro, de la Federación de la Industria del Calzado (Faica); y Luis Tendlarz, de la Federación de Indumentaria Textil (Fita).

En tanto, la delegación gremial fue encabezada por Hugo Benítez, de la Asociación Obrera Textil (AOT); José Mirai, del Sindicato de Empleados Textiles (Setia); Romildo Ranú, del Vestido (Soiva); y Horacio Jerez, del Calzado (Uticra).

Según el documento de Producción, al que tuvo acceso iProfesional, el plan oficial apunta a estimular la "formalización, control y productividad" en el sector de confección y el de calzado no deportivo.

La elección no es casual, ya que son las dos ramas de la industria textil más intensivas en mano de obra (200.000 y 47.337 personas) y con la mayor tasa de ocupación no registrada: 64 y 74%, respectivamente.

En sintonía con el blanqueo de capitales, que fijó plazos para ingresar al sinceramiento fiscal y mayores multas a quienes se resistieran, el nuevo proyecto de ley crea un "régimen de fortalecimiento y mejora de la competitividad".

Las empresas deberán inscribirse durante un lapso de seis meses para percibir el paquete de beneficios, que regirá a partir de 2018 y que contempla la eximición de multas y deudas de la seguridad social.

De acuerdo con el texto, los beneficiarios "estarán exentos de pagar contribuciones patronales hasta el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil" (hoy en $8.060)".

Por otra parte, gozarán de "un bono de crédito fiscal intransferible equivalente a aportes personales, ART y el componente del aporte patronal de obra social".

Este último servirá para cancelar al 100% IVA y Ganancias. No obstante, "en ningún caso el bono podrá utilizarse para deudas anteriores ni eventuales saldos a favor por reintegros o devolución" de impuestos, señala el borrador.