Río Grande.- El acuerdo fue logrado en el marco de una nueva reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal que se desarrolló el jueves en Mendoza, con presencia del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el secretario de Provincias del Ministerio del Interior, Alejandro Caldarelli, el subsecretario de Relación con las Provincias, Paulino Caballero, y los ministros de Economía y Finanzas de 21 provincias.

Gasto público

Durante el encuentro, el Gobierno Nacional planteó la necesidad de que, en todas las jurisdicciones, el gasto corriente primario permanezca constante en términos reales, y que el gasto primario total no crezca más que la inflación hasta el año 2019 inclusive. En ambos casos, a pedido de los gobernadores, se excluyó de la contabilización el gasto de capital y los giros que Nación está haciendo gradualmente a las provincias para retribuirles los fondos que retraía para el financiamiento de la Anses. “A través del diálogo se ha llegado a un acuerdo que para nosotros es muy importante. El hecho de que la Nación y las provincias podamos comprometernos a metas fiscales exigentes, pero que a su vez tienen en cuenta las distintas realidades, es fundamental. Son metas que, además, permiten que el gasto en infraestructura siga aumentando, que siga mejorando la calidad en la provisión de los servicios públicos en la Argentina”, manifestó Dujovne en un comunicado a la prensa.

Para reducir el gasto, los funcionarios provinciales y nacionales analizaron también la inclusión en la nueva ley de una cláusula que establezca que no se pueda aumentar el personal de planta nacional, provincial y municipal por encima del crecimiento de la población. Más aún, se estudió incorporar pautas para controlar el gasto hacia el final de los mandatos, con la intención de evitar que la administración saliente incurra en gastos –o disposiciones que impliquen donación o venta de activos del Estado– que deban ser afrontados por el gobierno entrante.

Impuestos

Por otra parte, en lo que hace a los ingresos se comprometieron a no sumar impuestos a la ya elevada prisión tributaria que recae sobre el sector productivo y revisar –en el marco de la futura reforma que impulsará el Gobierno en 2018– aquellos impuestos considerados “distorsivos”, como Ingresos Brutos, principalmente, pero también Ganancias, las cargas patronales o el impuesto al cheque, entre otros. “Las provincias tendrán una política tributaria más activa en lo que tiene que ver con los impuestos patrimoniales. El objetivo es que pasen a recaudar las provincias esos impuestos patrimoniales”, señaló en ese sentido Paulino Caballero en una entrevista con Radio Mitre.

Si bien todos coinciden en la necesidad de eliminar el impuesto a los Ingresos Brutos, para los gobernadores el tributo significa en muchos casos incluso más de 80% de su recaudación. En ese sentido, provincias como Córdoba vienen bregando por la aplicación de un IVA provincial, entre otras herramientas para suplir la pérdida de recaudación que significarán los cambios.

Fondo anticíclico

Según el comunicado de Hacienda, además, los presentes dialogaron, además, sobre la necesidad de crear Fondos Anticíclicos Fiscales, para contribuir al cumplimiento de las metas de equilibrio presupuestario. Los mismos serían constituidos por cada jurisdicción con los recursos excedentes en años en los que la balanza fiscal arroje superávit, y deberán utilizarse en situaciones excepcionales o de emergencia.

A diferencia de lo que sucede con la reforma tributaria, la intención del Gobierno en este terreno es tener los cambios a la Ley de Responsabilidad Fiscal a mediados de este mismo año para enviarlos al Congreso antes de las elecciones.

En paralelo a la reunión del Consejo de Responsabilidad Fiscal, se desarrolló también en Mendoza una nueva reunión de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), donde se abordó por primera vez la cuestión de la coparticipación, luego de que en febrero la Nación y las provincias acordaran avanzar hacia una nueva ley de coparticipación.