La principal exportación argentina a Brasil en estos días parece ser el lema "que se vayan todos". Pero la clase política está dispuesta a resistir esa ofensiva.

Al filtrarse, la semana pasada, los primeros nombres de los políticos, de casi todos los partidos, acusados por ex ejecutivos de la compañía Odebrecht de haber recibido sobornos, los brasileños reaccionaron con indignación y reclamos de una limpieza total de la clase dirigente. Sin embargo, el Congreso debate ahora una polémica ley de autoamnistía para protegerse del avance de la justicia. Tanto en el palacio presidencial del Planalto como en el Parlamento se orquestan las defensas a la bautizada "lista Janot", en referencia al pedido del procurador general, Rodrigo Janot, para investigar a 83 políticos, una "oportunidad excepcional de depuración del proceso político" que vive Brasil, según dijo.

La resistencia tiene, por un lado, la forma de un antiguo proyecto de reforma política desempolvado por el presidente Michel Temer. Por el otro, los legisladores comenzaron a diseñar una ley para distinguir entre donaciones provenientes de actos lícitos o ilícitos.

La idea es crear una suerte de amnistía para quienes recibieron dinero no declarado, que supone sólo un crimen electoral (artículo 350 del Código Electoral).

"A los políticos no les cayó la ficha de que los tiempos cambiaron. Piensan que pueden blindarse con maniobras del pasado. Pero el gran legado de los escándalos del mensalão y del petrolão es que hoy la población está movilizada, ya no se queda pasiva frente a esas artimañas, que son denunciadas por la prensa", indicó Gil Castello Branco, director de la ONG Contas Abertas, que promueve la transparencia en el gobierno.

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"Son todos unos corruptos que piensan sólo en sus bolsillos y no en el bien del país. ¡Que se vayan todos! Esa es la solución", dijo a LA NACION la costurera Claudia Penteado, mientras esperaba el ómnibus en una parada del barrio carioca de Botafogo.

El martes pasado, Janot envió al Supremo Tribunal Federal (STF) los primeros 83 pedidos de investigación de políticos señalados como beneficiarios de coimas por los 77 ex ejecutivos de Odebrecht arrepentidos, que firmaron el tan temido acuerdo de delación premiada con la justicia. Y las palabras que escribió Janot en una carta a sus colegas del Ministerio Público Federal -a quienes exhortó a tener "coraje y confianza"-, resonaron en las calles.

"Si el Poder Judicial no está a la altura del desafío, la gente sí tendrá el valor de enfrentar a esos ladrones profesionales. El pueblo brasileño despertó con las protestas de 2013 por mejores servicios públicos, el año pasado volvimos a marchar para exigir el impeachment de Dilma Rousseff, y volveremos a manifestarnos si los políticos quieren esconderse detrás de sus privilegios. Tenemos que limpiar el país de políticos corruptos, que no quede ni uno", apuntó el analista informático Mauricio Kleber (29 años), en un café del centro de Río.

El acuerdo de delación premiada que los ex ejecutivos de Odebrecht firmaron es la base de esta nueva etapa de la operación Lava Jato, que anteayer cumplió tres años de investigaciones sobre la multimillonaria red de sobornos que se enquistó en Petrobras, por la cual las grandes empresas constructoras brasileñas se garantizaban jugosos contratos.

Y la actuación de los fiscales del Lava Jato, concentrados en Curitiba, goza de un amplio apoyo popular. Según una encuesta del Instituto Ipsos hecha en diciembre, el 96% de los brasileños quiere que se investigue "hasta el fin, cueste lo que cueste".

Esta semana, las revelaciones del llamado "tsunami Odebrecht" impactaron de lleno en el gabinete de Temer -con por lo menos seis de sus ministros sospechados- y en las principales fuerzas políticas brasileñas.

Entre los acusados están los líderes de Diputados y del Senado, una veintena de otros legisladores, por lo menos cinco gobernadores, y los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Hasta Temer corre el riesgo de tener su mandato anulado por el Tribunal Superior Electoral (TSE) si se comprobara que la campaña de 2014 por la reelección de la fórmula Rousseff-Temer recibió financiamiento ilegal de Odebrecht.

Anteayer, en una conferencia por los tres años del comienzo del histórico Lava Jato, el fiscal Fernando dos Santos Lima alertó públicamente: "Tenemos buena parte del Legislativo y del Ejecutivo contra las investigaciones. Tenemos órganos que intentan impedirla. Basta una noche en el Congreso Nacional para que toda la investigación caiga por tierra".

Pese al deseo generalizado en la sociedad de un avance claro y determinado, para Ricardo Caldas, profesor de Ciencias Política de la Universidad de Brasilia, es poco probable "que se vayan todos" los acusados pronto. "La depuración tenderá a ser gradual, como hemos visto hasta ahora, aplicando el principio de selectividad, no todos al mismo tiempo", resaltó.

Con él coincidió el columnista de O Globo, José Casado, que llamó la atención sobre cómo los tiempos judiciales juegan a favor de los acusados. "En promedio, la Procuraduría se toma unos 738 días para presentar denuncias contra políticos, y el STF tarda unos 1825 días en juzgar acciones criminales de acusados con foro privilegiado. Tenemos sólo unos 570 días hasta las elecciones de 2018. Ese sería el momento más indicado para que la población haga valer el «que se vayan todos» con su voto negativo a quienes busquen reelegirse", explicó a LA NACION, aunque no descartó que todo el escenario cambie si hubiera una fuerte presión popular en las calles.

"Nadie se esperaba las protestas espontáneas de 2013. Este 2017 puede depararnos más sorpresas con una masiva movilización", advirtió.