Río Grande.- La legisladora del bloque UCR Cambiemos, Liliana Martínez Allende, hizo una evaluación negativa del inicio del 2017, por el paquete de leyes con tratamiento de urgencia que giró el Ejecutivo durante las vacaciones.

Por Radio Universidad, indicó que tras la aprobación del presupuesto “terminamos bien el 2016 pero no comenzamos tan bien, porque recibimos algunos proyectos con tratamiento de urgencia y he quedado muy sorprendida, sobre todo luego del trabajo que se hizo en comisión por el tema RUPE y en la comisión 5 de salud”.

Dentro de las urgencias por resolver, mencionó el desempleo en las fábricas. “Es un tema pendiente y nos preocupa la finalización de contratos. Como la calidad de esos contratos son precarios, no los renuevan. Esto repercute en las personas que quedan sin trabajo y es una gran complicación para las familias”, expresó, aunque no es materia de debate del oficialismo.

“El 15 de diciembre la Legislatura terminó votando un presupuesto de 19 mil millones y para nosotros es muy importante, con un déficit proyectado es de 900 millones”, marcó como logro del ejercicio anterior.

Recordó que se cerró el año con un pedido de 400 millones para pagar aguinaldos y sostuvo que “nosotros somos una provincia totalmente dependiente desgobierno nacional. No me extraña esto y todos los meses tenemos ayuda del gobierno nacional para pagar los salarios. No es nada raro que esto haya sucedido. Inclusive el año anterior, cuando se fue Fabiana Ríos, también se habían enviado fondos para hacer frente al aguinaldo”, dijo.

Deudas con municipios

Otro tema de relevancia que no está en la agenda oficial ni en el paquete de leyes con tratamiento de urgencia es el pago de las deudas de coparticipación con los Municipios: “Uno está preocupado permanentemente para que cada institución tenga lo que corresponde, más allá de cualquier situación interna que pueda haber. Uno defiende la institucionalidad y obviamente a los Municipios. Siempre lo dijimos desde la UCR y siempre defendimos que cada municipio tenga lo que corresponde. Es una lucha histórica entre gobierno y municipios sobre los definitivos y hay que dialogar, más allá de las diferencias políticas de cada uno. Hay que mantener el diálogo para que esto siga funcionando”, recomendó.

Pensiones, una incógnita

Respecto de los proyectos que ingresaron con tratamiento de urgencia, se enfocó en la reforma a las pensiones RUPE: “En lo personal hoy se pretende instalar una nueva pensión por discapacidad, y el otorgamiento depende del gobierno nacional. La provincia daría un suplemento hasta llegar a lo que cobran hoy las pensiones RUPE, que es el equivalente a una categoría 10 de la administración, que son unos 14 mil pesos”, indicó.

“La pensión nacional es menor y ese complemento lo pagaría la provincia”, sostuvo de lo que se desprende del proyecto.

Aclaró que “hoy el ciento por ciento de las pensiones las paga la provincia” y recordó que “en el mes de noviembre el ministro coordinador –Leonardo Gorbacz- me pidió que lo acompañara a Buenos Aires porque el gobierno nacional podía hacer un aporte para las pensiones. El presupuesto destinado a pensiones es poco para solventar la pensión y la atención médica y muchas veces se restringen las prestaciones por falta de fondos. Hay 1.500 pensiones RUPE en la provincia y algunas a partir de 2016 pasaron a ser dependientes de las obras sociales de origen; otras pasaron a ser del IPAUSS, porque sus familiares tienen la obra social de la provincia; y hay una tercera categoría de pensiones en las que no hay ninguna obra social en la familia, por lo tanto el estado provincial les daba las prestaciones médicas a través del IPAUSS”, detalló.

Este tercer grupo es el que más preocupa, y sería un tercio del total. “No sé cómo pretende plantear ahora esta situación el gobierno de la provincia, y por eso le dicho que no a un tratamiento de urgencia. Hay que dialogar, exponer la situación y llevar tranquilidad a las personas que tienen discapacidad, de que van a acceder al beneficio y que van a tener atención médica. Esas pensiones tienen el hospital público como único medio de atención y sabemos de las deficiencias del sistema público y la falta de especialistas en la provincia”, dijo.

“Lo que más va a perjudicar a los pensionados es si no tenemos claro cómo le vamos a brindar salud. El hospital brinda la prestación médica obligatoria básica. Pero una persona con discapacidad tiene otro tipo de necesidades y quiero saber cómo le vamos a dar respuesta. Esto no lo sabemos”, lamentó.

También cuestionó la falta de comunicación de Gorbacz, luego de haberlo acompañado en la gestión a Buenos Aires. “Después de esta reunión a la que asistí, como había mucha diferencia con Nación, que da la prestación médica en los hospitales públicos, nunca tuve ninguna novedad con respecto a la posibilidad de firmar convenios con Nación. A la vuelta de las vacaciones me encuentro con un proyecto de tratamiento de urgencia que no es claro y no dice cómo se va a brindar salud. Si es solamente a través del hospital, estamos complicados porque no alcanza para la atención que necesitan”, reiteró.

Caja compensadora

Consultada sobre las modificaciones en la caja compensadora de la policía, precisó que “se modificaría la ley 735 y 834” pero no tiene relación con el plazo fijo que tenía la fuerza, que fue usado “en la compra de un edificio en calle San Martín, que fue rematado”.

La reforma tiene otros alcances y “la idea es poder escuchar a todas las partes. Me dicen que hay bastante acuerdo en la fuerza para que esto sea tratado y salga así. Lo importante es poder escuchar a todas las partes, por eso la necesidad de quitar el tratamiento de urgencia. Si no, después tenemos que estar parchando, modificando, cambiando, y no es la idea”, dijo.

Mencionó además otro proyecto girado con tratamiento de urgencia, referido a “conflictos interadministrativos, para que no se puedan hacer juicios entre el Estado provincial”, y “las leyes de emergencia”, que ingresaron con posterioridad.

Lo que queda ahora es “esperar a la convocatoria de la comisión de receso. De no suceder esto, en 48 horas quedan habilitados a llamar a sesión los cinco legisladores firmantes. Hay dos legisladores del FPV que firmaron para llamar a esta sesión extraordinaria, porque entienden que no hay ningún tema que tenga la premura para ser tratado con urgencia y que se puede discutir”, remarcó la parlamentaria.

Elecciones con Cambiemos

En cuanto al año electoral que se avecina y las candidaturas del espacio, se le preguntó si habrá postulantes por Cambiemos, o figuras que se presentarán en forma separada por el PRO y la UCR.

La legisladora informó que “hay una reunión del radicalismo a fines de este mes y seguramente allí se va a definir esto. En todos estos meses he escuchado a todos los referentes del radicalismo a nivel nacional hacer hincapié en que en todos los distritos del país la UCR va a estar en Cambiemos. Es una elección nacional, así lo dije en todo 2016, y nosotros somos parte de Cambiemos”, subrayó.

Admitió que “a veces a uno le gustan las medidas que se toman y otras no, pero es la decisión que tomó la convención nacional donde todas las provincias estuvieron representadas. Nuestra realidad es que estamos en Cambiemos y vamos a ir con Cambiemos a la contienda electoral, con una elección previa en agosto, para que todos los partidos lleven todos los candidatos”.

Estimó que la alianza “podría llegar a agosto con un candidato del PRO, un candidato del GEN y tal vez más de uno por la UCR”.

Lo cierto es que “a fin de mes se va a discutir en todos los distritos. Esta reunión se va a hacer seguramente en la provincia de Córdoba y allí se va a plantear la situación de cada provincia. José Corral, que es el presidente del comité nacional, ha sido muy claro: todos los distritos tienen que ir en el ámbito de Cambiemos y hasta ahora nuestra situación es esa, salvo que la convención nacional luego decida otra cosa”, concluyó.

Fuente: Diario Provincia 23.