“Hace dos semanas el Tribunal de Cuentas pidió un detalle de quiénes han sido todos los funcionarios que tuvieron algún tipo de responsabilidad”, y explicó que “esa responsabilidad está vinculada con el otorgamiento de permisos gremiales en exceso”. “Nosotros denunciamos un total descontrol en esa área, y se denunció desde la subsecretaría de Asuntos Gremiales”, recordó.

Destacó que “el Tribunal de Cuentas está haciendo una auditoría muy intensiva, porque están auditando los últimos siete años de gestión, y nos han pedido los nombres de todos los funcionarios que han tenido algún tipo de responsabilidad, con envío de las designaciones, por lo que sigue avanzando el juicio de residencia”, sentenció.

Dentro de la estructura responsable de otorgar estos permisos, al margen de Ríos como responsable política y firmante del decreto que reconoció a gremios sin tener personería, hubo distintos ex funcionarios que pasaron por la secretaría general de la gobernación, y direcciones dependientes. “La nómina que nos ha pedido el Tribunal de Cuentas es de veinte funcionarios”, precisó Álvarez, sobre el total de los investigados.

“La semana pasada enviamos la información y sigue avanzando. Estimo que analizarán la responsabilidad de cada tramo de control. Ya hemos respondido los requerimientos y hemos tomado la decisión de avanzar en silencio, cumpliendo con los plazos, porque hay muchas susceptibilidades en muchas áreas y algunos se sienten perseguidos”, señaló.

De esta percepción de “persecución” dio cuenta la propia Fabiana Ríos cuando trascendieron nombres de sus ex funcionarios, dentro de los que presentaron licencias por enfermedad psiquiátrica de largo tratamiento, y son investigados por fiscalización sanitaria. Álvarez apuntó que “esta investigación es del Ministerio de Salud por las licencias por enfermedad y se habló de persecuciones personales. Pero por lo menos desde el Ministerio de Gobierno no lo vemos así. Nos pasó lo mismo con los sindicatos, cuando se habló de persecución a sindicalistas, pero la realidad demuestra que hay un exceso en el ejercicio de los permisos gremiales”, subrayó.

“Lo que queremos demostrar es que lo que se hace, se hace respetando las formas y sin perseguir a nadie”, destacó el funcionario.

 

Perjuicio fiscal millonario: 

Cabe recordar que, a mediados de abril, cuando el entonces ministro de Gobierno Gastón Díaz radicó la denuncia contra Ríos, desde el gobierno habían estimado el dispendio de 550 millones de pesos anuales en concepto de licencias gremiales, distribuidas entre 25 organizaciones sindicales que la ex gobernadora había reconocido aunque no encuadraban en la ley 23.551, dado que solamente cuatro tenían personería gremial. Dentro de las que tenían personería, también se detectaron excesos y habrá que determinar cuántas realmente podrán ser justificadas de ese total, y cuánto termina en un perjuicio fiscal de que tendrán que hacerse cargo patrimonialmente.