Los fiscales investigan "la matriz de corrupción que desde la Presidencia de la Nación y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública —Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz— se habría montado como estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos, a partir de la cual se habría asignado en forma discrecional prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, lo que representó contratación del Estado en favor de Lázaro Antonio Báez por más de 16 mil millones de pesos".

En el pedido de indagatoria de agosto pasado, los fiscales habían estructurado la descripción de la maniobra en cuatro puntos:

"La inserción del amigo personal en el negocio de la construcción", es decir el repentino ingreso de Báez a la rama de la obra pública, al tiempo que Néstor Kirchner se encaminaba a la presidencia.

"La exportación de la estructura provincial a nivel nacional", o la transferencia de un esquema burocrático que había sido utilizado en Santa Cruz para el manejo de obra pública nacional.

"La concentración económica de la obra pública" que explica cómo la provincia de Santa Cruz fue favorecida por obras viales y Báez se quedó con casi el 80 por ciento de ese total por montos cercanos a los 16 mil millones de pesos.

"El direccionamiento de la adjudicación y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos en favor de Lázaro Báez", donde se detalló el sistema de precios altos pagados por la obra pública vial, los adelantos de pago, la no finalización de las obras y la cancelación total de la deuda horas antes del final del gobierno de Cristina Kirchner.

En el pedido anterior, Pollicita y Mahiques habían solicitado la indagatoria de la ex presidenta, de Báez y de todos los ex funcionarios nacionales y de Santa Cruz y de los empresarios involucrados en el caso.

Entre ellos estaban el ex ministro de Planificación y diputado nacional por el Frente para la Victoria, Julio De Vido, y quien fuera su segundo como secretario de Obras Públicas, José López (detenido por el escándalo de los bolsos y el monasterio).

Luego de aquel pedido de los fiscales, el juez Julián Ercolini, le solicitó a Pollicita y Mahiques una serie de medidas que debían producirse antes de una eventual citación a indagatoria.

Entre los pedidos de Ercolini figuraba la totalidad de las pruebas que había en contra de los sospechados. Fue así que los fiscales enumeraron las 227 evidencias que hay en el expediente y que según su evaluación demostraría la existencia de un "plan sistemático" destinado a favorecer a Báez quien a su vez pagó alquileres y habitaciones en los hoteles de la familia Kirchner. La lista de las 227 pruebas comienza con información del año 2003, que indica que Carlos Menem se había retirado del ballotage, con lo que Néstor Kirchner se había convertido en presidente. Entre los documentos está la creación de la empresa Austral Construcciones, propiedad de Báez, días después de que se supiera que Kirchner llegaría a la Casa Rosada.

El listado relevado por los fiscales recorre los 12 años de administración kirchnerista a través de documentos que muestran el crecimiento de los negocios de Báez a partir de dinero público. Para los fiscales en la causa se consolidaron las sospechas sobre "la existencia de un plan sistemático ideado y ejecutado desde la Presidencia de la Nación orientado a saquear las arcas del estado a través de la asignación direccionada de obra pública vial".

Pollicita y Mahiques señalaron que "la hipótesis delictiva aquí diseñada -enmarcada desde un enfoque integral y completo a la luz del caudal probatorio recolectado en los distintos legajos conexos- evidencia que mientras el empresario Lázaro A. Báez -amigo personal y socio comercial del matrimonio Kirchner- era el más beneficiado en la asignación de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, paralelamente le garantizaba a la ex familia presidencial ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros, lo que demuestra que la maniobra investigada en la causa n° 5048/16 (Obra Vial derivada a Báez) se trataría del paso previo de la hipótesis de lavado de dinero que se analiza en la causa conexa n° 11.352/14 Hotesur, en donde se están produciendo distintas medidas de prueba orientadas a esclarecer dichos sucesos".

Los fiscales le pidieron celeridad a Ercolini para avanzar en la causa. Lo hicieron sobre la base de diferentes fallos recientes de la Cámara Federal, el tribunal que revisa la actuación de los jueces federales.

En la misma reiteración de indagatoria e inhibición general de bienes para los imputados, los fiscales le señalaron a Ercolini que todo lo que solicitó luego del primer pedido de citación de agosto, está incorporado al expediente.

El juez había pedido que se hicieran las medidas que había solicitado el fiscal original de la investigación sobre la obra pública adjudicada a Báez, en una causa iniciada este año por una denuncia de Javier Iguacel, quien encabeza la Dirección Nacional de Vialidad. El fiscal Eduardo Taiano, cuando impulsó la investigación –que se acumuló con una causa anterior sobre obra pública- había pedido varias medidas de prueba. Según la nueva presentación de Pollicita y Mahiques, todo eso ya está acumulado en el expediente y fue considerado para los pedidos de indagatoria.

Ercolini también había solicitado que se consiguieran expedientes de obra pública que están bajo investigación en el juzgado de Daniel Rafecas. Pollicita y Mahiques explicaron en el dictamen al que Infobae accedió en fuentes judiciales, que Vialidad había analizado cuatro casos testigos de obras viales adjudicadas a Báez. Y entre un dictamen y otro, se agregaron otras 13, por lo tanto, no hace falta sumar información que está en el expediente que tiene Rafecas.

Con el dictamen presentado hoy, los fiscales le pidieron celeridad a Ercolini. Y le contestaron la requisitoria que había hecho el juez. Para Pollicita y Mahiques, el juez debería encaminar la causa hacia donde ellos lo solicitaron: la indagatoria de los imputados para poder finalizar la investigación.