Ushuaia.- Un proyecto que prevé desafectar 1850 hectáreas de un área que incluye bosques nativos en Ushuaia es el protagonista de un nuevo enfrentamiento entre el kirchnerismo y Pro con final aún incierto.

La iniciativa, impulsada por la intendencia de la capital fueguina, supone un avance sobre el inmenso terreno que bordea el norte de la ciudad. Allí se prevé la construcción de "nuevas urbanizaciones" para aliviar la creciente demanda habitacional, de acuerdo con el proyecto de ordenanza presentado ante el Concejo Deliberante, que se votaría mañana.

Según el intendente de Ushuaia, Walter Vuotto (Frente para la Victoria), la iniciativa representa "una solución" para miles de familias que esperan tener su terreno. Para el vicepresidente del concejo y principal opositor a los planes del municipio, Tomás Bertotto (Pro), se trata de "una locura", y acusó a la municipalidad de querer vender las tierras a precio fiscal, lo que le garantizaría una nueva boca de financiamiento que, según sus cálculos, alcanzaría los 4000 millones de pesos.

"Es un negocio inmobiliario millonario donde el empresario es el mismo municipio", dijo a LA NACION el funcionario macrista. Y agregó que el plan afectaría el turismo: "Es una locura desafectar un gran porcentaje de bosques nativos cuando vivimos en una ciudad turística a la que tenemos que cuidarle el paisaje. Si le sacamos eso quedará como cualquier otra ciudad".

El proyecto se debatirá mañana y el resultado de la votación es un misterio. Una norma de este tipo requiere de mayoría agravada, que en el consejo de esa capital serían como mínimo cinco votos a favor de los siete integrantes. A fines de junio se aprobó en primera lectura por esa mayoría, pero esta vez tanto el oficialismo como la oposición creen que será un combate reñido.

Con eso en mente, Bertotto adelantó que presentará sobre tablas una modificación del proyecto kirchnerista que baja la cantidad de hectáreas desafectadas de 1850 a 300 y sujetas a mayores controles de impacto ambiental.

En su defensa por la polémica generada, la secretaria de Hábitat de la capital fueguina, Teresa Fernández, explicó a LA NACION que el 68% del territorio desafectado será conservado y que sólo el 15% se destinará a las nuevas construcciones. En el 17% restante, afirmó, se prevé regularizar terrenos ya ocupados informalmente por unas 2700 familias -que para Pro son unas 10.000-, que se instalaron en el lugar durante los últimos años, en los que gestionó un "gobierno de otro signo político al actual".

"Esto no es una cuestión técnica, es algo absolutamente político entre dos modelos de ciudad: uno que es una Ushuaia para todos y otro para unos pocos", señaló Fernández, ofuscada. La funcionaria además afirmó que "el acceso a las tierras en Ushuaia es imposible si no es a través de tierras fiscales" y que en "lo que se va a urbanizar no hay un solo árbol".

Aunque la municipalidad aseguró haber debatido la iniciativa con agrupaciones ambientales antes de avanzar, la organización ecologista Greenpeace afirmó seguir de cerca el proyecto, al que cuestionó por "falta de información". En diálogo con LA NACION, el coordinador de la campaña de bosques, Hernán Giardini, señaló que "los avances inmobiliarios de este tipo son comunes en la Patagonia" y que el proyecto "no debería avanzar un metro" sin la autorización del gobierno provincial, como prevé la legislación vigente.

En tanto, sobre la denuncia del macrismo respecto de que la iniciativa se trata de un negocio que garantizará financiamiento a largo plazo para la municipalidad, Fernández afirmó que el dinero que se cobre de la venta de los terrenos "estará destinado a la urbanización actual o las futuras" y a nada más.

En su estrategia para evitar la aprobación del proyecto, Bertotto pidió a la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que dirige el rabino Sergio Bergman, un informe evaluatorio sobre lo que se debería hacer en el terreno. Y en el escrito de 10 páginas, al que accedió LA NACION, el organismo desaconseja avanzar con el plan trazado.

"La mayor parte [de la superficie a intervenir] se encuentra clasificada en categoría II (...). Esto implica que dicho sector, a partir de la valoración y ponderación de los criterios de sustentabilidad ambiental establecidos en la ley N° 26.331 [de bosques nativos], fue considerado como de mediano valor de conservación y, por lo tanto, (...) puede ser sometido únicamente a actividades de aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica. Para esta categoría no está contemplado el cambio de uso del suelo", dice el escrito del gobierno nacional.